lunes, 29 de diciembre de 2008

Qué inútiles los escribanos

La Princesa Mirona me primerió, y se puso a comentar un par de artículos de La Nación de hoy que vuelven a repetir, ciegamente, aquello del Congreso como escribanía del Poder Ejecutivo. El Criador ya se ocupó de esta crítica hace rato. Pero además, bastaría con preguntarse, junto con la Princesa, sobre las modificaciones que se le pudieron haber introducido a los proyectos. De ser sustanciales, el argumento se cae como castillo de naipes. Cada quien tendrá su propio criterio para lo que es sustancial o no. En todo caso, habrá que conocer del fondo de cada proyecto para evaluarlo. Pero es una de las primeras verificaciones a realizar, sin duda.
La autora de la nota, publicada en la página 5 del diario (primera dedicada a la política nacional) con gran despliegue, es Laura Serra. Como suele visitar el Congreso se diría que en función periodística, es de suponer que algo se informó sobre asuntos y mecánicas parlamentarias. De haber adquirido algún conocimiento, no puede, no quiere o no la dejan reflejarlo. Es que después de varios años de repetir lo de siempre, no hace ningún esfuerzo por preguntarse lo mínimo (como lo de las modificaciones), o ver de analizar, por ejemplo, qué peso tienen en la estadística la aprobación de los acuerdos internacionales. Pero su artículo tiene tantas contradicciones y análisis insulsos que es mínimo lo que puede esperarse.
Hay algo que es cierto: la información surge de la propia página de la Cámara de Diputados. La periodista podrá decir que no hace más que exponerla (¿para qué la necesitamos a ella, entonces, ¿no?). El problema es que las estadísticas parlamentarias son realmente complicadas por la enorme cantidad de variables a considerar, desde el “peso relativo” de cada iniciativa hasta el “timing político” para su aprobación. En esto podrá ayudar el amigo Tow. La simple comparación de “cuántos de allá y cuántos de acá” dice muy poco. (Ya me veo venir el comentario de Tow: “Si los constitucionalistas lo repiten, ¿por qué no los periodistas?) Si los legisladores ocuparan todo su tiempo en estudiar exclusivamente proyectos del Poder Ejecutivo, negociando incorporaciones o supresiones, convirtiendo a cada uno en “Pactos de la Moncloa”, ¿qué dirían las Lauras Serras, los Morales Solá, los Lanatas? Mejor ni pensarlo…

jueves, 18 de diciembre de 2008

Una causa para el Juez Gallardo

El Juez Gallardo es magistrado del fuero contencioso-administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo conocido por sus decisiones de puro activismo y por su animus figurandi. Lamentablemente para algunos de los diputados de la oposición, este juez no forma parte del fuero federal, ya que, a no dudarlo, les habría dado inmediata acogida a la aventura judicial que van a encarar, según anuncian. Notablemente, a este cuestionamiento se le da una gran cobertura mediática, poco acorde con las tres páginas de la versión taquigráfica, o los nueve minutos de discusión que ocupó en una sesión de más de catorce horas (aproximadamente, entre las 14:07 y las 14:16 de la reunión).
En este marco, comparto con los lectores una nueva misiva del colaborador espontáneo, quien, pese a su oscuro puesto (en todo sentido) de "Primer Asistente de Verdugo", revela tener cierto conocimiento jurídico. Que quede claro que aquí ni el autor del blog ni (me atrevería decir) el amigo Matildo estamos ni dejamos de estar con el blanqueo. Hay una discusión de procedimiento sobredimensionada y hasta disparatada, la que, convenientemente, es utilizada para desprestigiar a la institución parlamentaria.
Sin más prólogos aquí va la carta:

Estimado colega:

La calma paradisíaca de mi oficio se vio perturbada por las nuevas que el Congreso Federal habría incurrido en una grave irregularidad de labor legislativa.

Configura evidencia prima facie de la gravedad de este proceder que varios diputados le han opuesto ante la Justicia una acción expedita y rápida de amparo.

El escrito presentado sostiene que un fragmento de una ley puesto a consideración de la Cámara baja fue aprobado por mayoría de los presentes cuando la Constitución Nacional manda que dada la naturaleza del asunto, su voto favorable requería la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ese cuerpo deliberativo.

Imaginará Vuecencia la inefable inquietud que me causó que se recurra a un magistrado del Poder Judicial para dilucidar una cuestión atinente al funcionamiento interno del Poder Legislativo. He sabido de togados en su municipio que han querido imponer a los ediles la oportunidad de dictar ordenanzas, la manera de llevar adelante sus reuniones y la forma de designar funcionarios, pero sospecho que a nivel federal esta forma peculiar de activismo no abunda ni es bienvenida. Con todo, es de esperar que solamente la presencia de actos de manifiesta arbitrariedad podrían justificar que las cuestiones atinentes al procedimiento de sanción de las leyes constituyan materia de análisis judicial.

Considerando estos elementos, me propuse evaluar la viabilidad del recurso interpuesto. Para que de buenas a primeras este ejercicio resultara más interesante, di por sentada la legitimación de los accionantes y la competencia del tribunal para pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

Llegado al meollo del asunto, mentiría si no admito que encontré por demás sutil el argumento de los legisladores respecto a la validez de la votación de marras. Siendo que el proyecto en consideración creaba un incentivo para que los sujetos declaren bienes ante el fisco, los peticionantes sostienen que la combinación de un impuesto especial y una generosa condonación involucrarían una asignación específica de recursos coparticipables por tiempo determinado. Razonan que en ausencia de tales disposiciones los deudores estarían obligados a oblar los impuestos ordinarios atrasados y lo que dejarían de pagar al acogerse a tal régimen reviste un fin determinado de estímulo a las actividades lucrativas.

En otros términos, como los impuestos adeudados, de pagarse, formarían parte de la masa coparticipable, las normas que por seis meses prorrogables los eximiría de persecución fiscal reemplazándolos por tributos menos onerosos les da de hecho una afectación específica por ese período determinado, y por lo tanto deberían haber obtenido el voto positivo de la mayoría absoluta de la totalidad de la legislatura, como manda el artículo 75 inciso 3 de la norma fundamental.

Confieso que el raciocinio empleado fue tan seductor que con presteza generó en mí el temor a un lapso favorecedor de la intervención jurisdiccional. Me pregunté entonces si acaso no podría aplicarse igual razonamiento a cualquier excepción a contribuciones directas, que según la Constitución Nacional también son por tiempo determinado.

Si abstenerse de exigir pagos al erario público implica afectar a un propósito -implícito o explícito- los recursos que de otra manera hubieran ingresado a sus arcas, entonces exceptuar algo del pago de un impuesto directo sería en efecto detraer recursos de la masa coparticipable y darles asignación específica, digamos, apoyar determinadas actividades consideradas particularmente provechosas para la comunidad. Es decir, contribuciones directas por tiempo determinado que por regla general deberían ingresar a la masa coparticipable son asignadas por la vía de la exceptuación al fomento de ciertas explotaciones definidas de manera precisa, que de este modo son beneficiadas en procura de algún interés superior.

En esta conexión, las exenciones al impuesto a las ganancias o al impuesto a los bienes personales -que son contribuciones directas por tiempo determinado- serían asignaciones específicas a favor de los sujetos beneficiados por dichas excepciones para estimular un cometido al que se juzga de interés general, de manera que establecer o modificar las mismas requeriría la misma mayoría agravada argüida por los firmantes del recurso.

(N de la R.: el argumento de las exenciones podría ser utilizado no sólo para los impuestos directos, sino también para los indirectos, los que, además, no tienen el carácter de "temporarios", con lo que la "resta" de recursos para la coparticipación federal sería permanente. De ser aceptable, ¿qué ocurriría si el Estado Nacional decidiera suprimir lisa y llanamente un impuesto?)

Sin embargo, no hay evidencia que semejante regla haya sido aplicada consistentemente por la Cámara baja. Por el contrario, numerosas modificaciones a esos impuestos han sido aprobadas por simple mayoría.

Cabe mencionar particularmente el tratamiento de un paquete de reformas tributarias allá por diciembre de 1999, en la que se produjo una discusión similar sobre las mayorías necesarias para crear un impuesto a la herencia. Resulta interesante constatar que en aquella oportunidad los justicialistas argumentaban que para aprobar el impuesto era necesaria la mayoría especial mientras los radicales insistían en que bastaba la mayoría simple. Esto tal vez explicaría que ningún representante de esta última bancada adhirió a la presentación judicial que motiva esta comunicación, aunque bien sabe Usía que hacer suposiciones sobre estos asuntos puede resultar con frecuencia temerario.

Respetuosamente suyo,

Matildo Arsenio Tereré
Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

jueves, 11 de diciembre de 2008

Constituciones para los periodistas (¿no será mucho pedir?)

Un fantasma recorre las redacciones de varios medios periodísticos.”Ignorancia” se llama. Aunque también puede ser conocido como “Desidia”. (En voz baja, algunos se atreven a llamarlo “Mala intención”.)
Es que ayer se votó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “anticrisis”. Su Capítulo III incluye el famoso blanqueo de capitales. Con distintos porcentajes de acuerdo a qué se haga con esos fondos, esta “manifestación de bienes” debe pagar un impuesto. El escándalo mediático y mediatizado viene por este lado.
Una obvia atribución del Congreso es establecer impuestos. Desde la reforma de 1994, todos ellos “son coparticipables” (artículo 75, inciso 2º, CN), es decir deben ser repartidos entre la Nación y las provincias de acuerdo al sistema establecido por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Excepcionalmente, se admite que el Poder Legislativo les dé una asignación específica (como por ejemplo el impuesto a los automóviles de hace unos años destinado a mejorar el sueldo de los docentes), para lo cual la Constitución exige que la ley se vote con la mayoría absoluta del total de miembros de cada cámara –129 votos en Diputados y 37 en Senado– (artículo 75, inciso 3º, CN, que dice: “Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”).
En grandes titulares las versiones electrónicas de varios medios se hacen eco de una discusión que se generó en la votación de hoy a la madrugada de ese Capítulo. La oposición insistía que era necesaria la mayoría especial, mientras que para el oficialismo no.
Los argumentos son patéticos. O, mejor, se debería decir “el argumento”, ya que fue uno, y sólo uno, el que se esgrimió para sostener tal criterio. Según consta en la versión taquigráfica, el diputado Adrián Pérez dice: “En cuanto a la segunda cuestión, el artículo 27 es muy claro. Hoy el señor diputado Rossi hizo referencia a que no se trataba de un impuesto sino de una tasa. Voy a leer lo que dice el artículo 27: ‘El importe expresado en pesos de la moneda extranjera, divisas y demás bienes que se exterioricen estará sujeto al impuesto especial que resulte de la aplicación de las siguientes alícuotas.’ En consecuencia es un impuesto especial y requiere la mayoría calificada”.
Es posible que como el impuesto es “especial” para el diputado ingrese a la misma categoría de “ley especial”. Vaya uno a saber. Pero asignación específica no se ve ninguna. Por lo tanto, no parece que el proyecto pueda ingresar en la categoría de normas que deban ser aprobadas por mayorías especiales.
Hasta aquí, sólo estaríamos en la crónica de una pequeña escaramuza que ocupa tres carillas de las 224 que tiene la versión taquigráfica.
Pero el megáfono mediático se centró en esta cuestión. Y a la falta de argumentos de los diputados sumó su propia ignorancia, desidia o mala intención.
Veamos.
Para La Nación, con la firma de Lucrecia Bullrich, se dice: “Según el acta de votación nominal de ese punto, el más controvertido de todo el proyecto, el blanqueo logró 128 votos a favor y fue rechazado por 100 diputados. Mientras que para el oficialismo esa cantidad de adhesiones es suficiente, para la oposición haría falta un voto más. Plantean que, por tratarse de un tema impositivo, debió haberse sancionado con mayoría especial, es decir, con al menos 129 votos” (bastardillas propias). Basta una mínima lectura de la Constitución para enterarse que por aquí el proyecto no es atacable. Y hubiera sido interesante que en la nota se expusiera una mínima duda sobre el argumento.
Más adelante, sí, se exponen las opiniones de varios diputados, según las cuales el proyecto establece asignaciones específicas. ¿Cuáles serían? Nadie las dice. Y, evidentemente, nadie preguntó. ¡Una Constitución para Lucrecia Bullrich!
Clarín repite aún más pobremente, si cabe, esta discusión: “ ‘Cuando pasamos a la votación en particular, se sabía que necesitaban 129 votos (para aprobar cada uno de los títulos que integraban el proyecto) porque se estaba votando un impuesto. Sacaron 127, una diputada aclaró que había votado afirmativamente y llegaron a 128. Así que les dijimos que perdieron. Entonces (el jefe de la bancada K, Agustín) Rossi pidió que votara el presidente de la Cámara (Eduardo Fellner) y dijeron que así llegaron a 129, pero Fellner no podía votar porque el reglamento dice que tiene que anunciarlo antes de la votación. Por eso, el título tres no está aprobado’, sostuvo la diputada Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, en diálogo con Clarín.com. (Bastardillas propias).”
¿Alguien le hizo ver a Patricia Bullrich que no es ése el criterio para determinar si hace falta o no la mayoría especial? Clarín seguro que no.
A las 13:11, el medio agrega una nota titulada “Los constitucionalistas debaten si es válido o no el planteo opositor”. Si alguien me puede indicar en qué parte del texto está el debate se lo voy a agradecer.
En fin, ¡otra Constitución para Clarín!
Para no hacer esto muy largo, termino acá. Es obvio que no discuto sobre el tema del blanqueo en sí mismo, ni mucho menos sobre todo el plan. ¿Habrá asignaciones específicas en el proyecto? No lo sé. Tal vez las haya. Pero no surgen de la versión taquigráfica, ni mucho menos del relato de los medios. Estoy marcando lo de siempre. Los medios utilizan cualquier excusa por infundada que sea para echar sombras sobre la actuación del Congreso.
Muchachas y muchachos periodistas: tienen infinidad de aristas criticables en el accionar de nuestros cuerpos parlamentarios. Basta con buscar un poquito, informarse, estudiar, y van a tener material para llenar tres diarios. Les va a faltar el circo, claro. Van a tener que criticar a todos los actores, por supuesto. Pero, bueno, debe ser mucho pedir…

martes, 9 de diciembre de 2008

A esta altura del año, los medios suelen tildar de "maratónicas" a toda sesión en la que se aprueben una buena cantidad de asuntos, como es de tradición al final del período ordinario de sesiones. (Vale aclarar que el Poder Ejecutivo las prorrogó hasta el 31 de diciembre.)
Sin ahondar en motivos de tal comportamiento, bien podría repetirse una situación como la descripta por el colaborador espontáneo que envió la nota que se transcribe más abajo con cualquier otro tema. Dada su enseñanza, pareciera que habría que desconfiar de cualquier información que se dé sobre las mismas, ya que, como en este caso, hubo un verdadero bombardeo mediático sobre la aprobación por unanimidad de la ley sobre los glaciares y del veto que le propinó el Poder Ejecutivo.
Agradeciendo desde ya la molestia que se tomó mi nóvel colaborador espontáneo, los dejo con la nota anunciada.
Obviamente, quedan todos invitados a enviar sus reflexiones.

P.D.: El amigo requirió mantener el anonimato por motivos que, según mi parecer, son perfectamente entendibles.
Ahora, el seudónimo que eligió, la verdad... en fin...

Estimado colega:

Notable indignación de ciudadano generó en mí el enterarme que el Poder Ejecutivo nacional impidió la puesta en vigencia de una ley que prohibía destruir los glaciares de la República.

Esta indignación se convirtió en irritación y hasta podría afirmar, en agravio moral, en cuanto supe que dicha norma había sido aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados y casi mediando el mismo apoyo en el Senado.

Visto semejante sostén parlamentario, pensé, responder con un veto total equivale a un brutal cachetazo a nosotros, los por ellos representados.

Inmediatamente corrí a hacerme del -ya en mi mente oprobioso- decreto de veda y me puse a leer sus considerandos con fruición, anticipando la facilidad con que los refutarían los sesudos argumentos que nuestros legisladores habrían hecho constar en el debate parlamentario.

En consecuencia, inicié la búsqueda de la versión taquigráfica de la sesión en la que Diputados por unanimidad aprobó la protección de los glaciares. Busqué la palabra "glaciares" en la base de sesiones de la Cámara pero según el sistema ese término no aparece en ningún debate entre marzo de 2001 y febrero de 2008. ¿Era acaso posible que el recinto haya aprobado la ley sin una sola mención a su objeto? Esto me resultaba a primera vista inconcebible.

Luego de varios giros inesperados e inesperables, finalmente dí con la sesión correspondiente, de noviembre y no de octubre de 2007 como señala erradamente la tribuna de doctrina.

Primero que nada, noté que en esa oportunidad fue aprobada un sustancial cúmulo de legislación: impuestos al valor agregado, a los cheques, a los cigarrillos, el presupuesto nacional, cuentas de inversión, importación de neumáticos usados, fondo de recompensas, creación de una universidad, transferencia de inmuebles, venta de pegamentoa menores, forestación de rutas, creación de tribunales, registro de maquinarias agrícolas, declaraciones de validez de decretos de necesidad y urgencia. En fin, aparentemente los diputados tuvieron una agenda de trabajo bastante cargada.

Con paciencia y método llegué finalmente al momento de consideración de la ley que la Presidente se negó a promulgar. Pero para mi profunda decepción ningún diputado hizo mención alguna del tema, que fue votado junto a una decena de "expedientes" y "órdenes del día", a libro cerrado, de una sola vez y en cuestión de instantes. Contrariamente a mi expectativa de beneficiar mi acervo cívico con brillantes intervenciones y lúcidos intercambios sobre la política legislativa para los glaciares, encontré que el registro taquigráfico en la Cámara baja se reduce a solo un voto indiscriminado sin debate alguno sobre las ventajas y desventajas de lo que se estaba tratando.

Pronto caí en cuenta que se trataba de una de esas sesiones "maratónicas" de fin de año donde se despachan miríadas de proyectos sin ninguna discusión, que los periodistas suelen blandir como inequívoca prueba de que los legisladores con frecuencia no tienen idea de qué están votando.

Confieso que ante este desalentador cuadro de situación, no quise ahondar en los pormenores del trámite de la ley en el Senado. Según me comentó un amigo, algo más se dijo al respecto en esa Cámara alta, aunque no mucho. Preferí guardar la enseñanza de no dejarme llevar por estas unanimidades sin discusión que, como el silencio, muchas veces ocultan notables ignorancias. Y también pude rescatar una reflexión acerca de la facultad de veto, y lo útil que resulta para prevenir que decisiones adoptadas detrás de un velo de ignorancia adquieran fuerza de ley.

Respetuosamente suyo,

Matildo Arsenio Tereré
Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

lunes, 1 de diciembre de 2008

Si sos de la oposición, oponéte o un premio para Patricia Walsh

Provocación para politólogos: parece que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se produjo una serie de acuerdos; parece que los legisladores trabajaron de parlamentarios, limaron diferencias y el oficialismo logró que bloques de la oposición voten algunos de sus proyectos.
Pero, bueno, la noticia es siempre, siempre, que una persona mordió a un perro, por lo tanto es publicable que la oposición vote ¿ladinamente? junto con el oficialismo.
En su edición del 30 de noviembre del diario “Crítica de la Argentina”, página 16, se da cuenta de una situación que, es cierto, puede parecer curiosa dados los modos en se desarrolla la práctica política a nivel nacional. En el Congreso de la Nación, la oposición se opone. Y punto. No hay medias tintas, no hay términos medios. Es todo clarito. Como sugiere el título de la nota, son enemigos. Y si no, seguro que hay algo turbio.
Es la sugerencia de lo que ocurre en la Legislatura. Sobre “29 casos que más debate generaron” (demos por válido el “criterio”), la oposición acompañó con su voto en muchas oportunidades, destacándose el Frente para la Victoria. ¿Qué pasa? Su trabajo es oponerse. Como Patricia Walsh. Ella sí que sabe lo que hace y para qué la votaron. Y si de turbiedad se trata, se desliza por ahí que en uno de los proyectos la “licitación levantó sospechas”. Lo de la separación de poderes, la división entre función legislativa y función administrativa, son conceptos difíciles para A.Z., parece.
Por otra parte, es obvio que si el oficialismo no tiene la mayoría, debe debatir y acordar. Si la oposición hubiera trabajado de oposición al estilo que A.Z. supone o pretende tal vez no se hubiera aprobado ningún proyecto, con el obvio perjuicio al interés general.
La prensa escrita trabaja con tiempos muy acotados. Por este motivo, aun para notas de “análisis”, es imposible estudiar con algo de profundidad los hechos.
Si A.Z. quisiera reforzar su argumento o, tal vez, descubrir matices en sus dichos, le sugiero examinar las siguientes variables:
· El texto original de los 29 proyectos en cuestión, y el texto final aprobado.
· Qué otros proyectos se aprobaron con motivo de haber acordado estos 29.
· Cuántas expresiones de la oposición juntas acompañaron cada uno.
· Cuántos proyectos de ley se presentaron, y cuántos se aprobaron.
· El origen partidario de cada uno.
· De nuevo, qué modificaciones tuvieron.
Estos puntitos son sólo para empezar. Pero no tengo muchas esperanzas. Por eso lo de la provocación para politólogos…

Actualización

El Gobierno Nacional juega con Macri el mismo que la oposición juega con él, llamado "cuanto peor mejor", o, también, "hay que desgastar", según lo bautizara el oráculo de la Federación Agraria. Si se constrastan aisladamente este dato con el de la nota, hay una obvia contradicción. El cuadro hay que completarlo con más elementos. ¿Qué obtuvo el FPV de la Legislatura con sus votos? ¿Qué posibilidad real de obstruir los proyectos tiene o tenía? ¿Hay otros bloques dispuestos a negociar? ¿Qué obtienen estos bloques?

¿Hay especulación política? Seguramente. ¿Hay interés en los vecinos? Posiblemente.

Pero me metí en terreno que no conozco. ¡Ayuda politólogos!

jueves, 13 de noviembre de 2008

Bendita coma

Dicen que a la oportunidad la pintan calva. Cuando se consideró el presupuesto 2009 en el Senado, la dejé pasar. Pero vuelven a hacer lo mismo, y ya no se puede con tanta provocación.
Al igual que aquella vez, en la versión on line de Clarín, para informar que las comisiones del Senado produjeron un dictamen en el que aconsejan al plenario darle sanción definitiva al proyecto de ley de Diputados sobre el nuevo régimen previsional, utilizan una frase a la que, tal vez, pretendan darle otros significados: "AFJP: sin cambiar una coma, quedó allanado el camino en el Senado". ¿Qué es esto de "sin cambiar una coma"?
Es, claro, una obviedad. En un sistema bicameral, cuando una cámara está completamente de acuerdo con la otra en un proyecto, lo debe aprobar sin cambios, es decir "sin cambiar una coma".
Pero... la repetición del "recurso", su utilización en grandes titulares, es sugestiva. ¿Se querrá decir algo más aparte del cumplimiento de los pasos constitucionales para la aprobación de las leyes? ¿Se querrá deslizar que los senadores son obseKuentes? No sé si lo son o no. Tal vez lo sean. Pero no ayuda seguir fomentando la imagen de legisladores dóciles vs. legisladores valientes de acuerdo a si dan su aprobación o no a las acciones de gobierno, cuando es evidente que no puede ser de esta manera en el ciento por ciento de los casos y con todos los proyectos.

jueves, 23 de octubre de 2008

Otra vez sobre las comisiones

A pedido del público... Bueno, empezamos algo pretenciosos... La cuestión es que, a través de los "ga's shared items", leo un artículo publicado en La Nación "Comisiones bicamerales, inactivas y sin control" en el cual se desarrolla lo del título, y se aprovecha para arrojar otra sombra más sobre el proyecto de reestatización jubilatoria, ya que habría una comisión de seguimiento que de algún modo resguardaría los saldos de los aportantes a las cuentas de capitalización de las AFJP.Es cierto. A veces la inactividad del Congreso lo hace indefendible frente a las críticas. Este año tal vez sea uno de los menos productivos del último tiempo.Sí me parece que hay un detalle para señalar una vez más: aunque la práctica legislativa indica que toda la responsabilidad del funcionamiento de las comisiones (y de las cámaras en general) recae en el oficialismo, esto no significa que necesariamente las cosas deban ser de esta manera. Los reglamentos de Diputados y de Senado prevén distintos mecanismos para que el no oficialismo intente poner en marcha los (pesados) engranajes parlamentarios. Es tarea difícil, y hasta ingrata seguramente, pero si hablamos de cuestiones de la mayor importancia, ineludible. Creo que el periodismo en general debería bucear en este ángulo de la información: si la posibilidad reglamentaria está, ¿por qué el no oficialismo se abstiene de explorarla? ¿Por qué el periodismo no le exige al no oficialismo que ejerza su responsabilidad?Evidentemente, y en forma concordante con la línea editorial del medio, al autor de la nota no le interesó indagar en este costado. ¿Por qué? Vaya uno a saber...

martes, 8 de julio de 2008

Una Constitución para La Nación

En La Nación de hoy, bajo el título "El Gobierno insiste en no cambiar el proyecto", se dice:

Soportar otro debate en la Cámara de Diputados y conseguir los dos tercios de los legisladores para aprobar cualquier tipo de modificación que propicie el Senado significa, para la Casa Rosada, un temblor que no están dispuestos a tolerar.
La ajustada votación en la Cámara baja dejó exhaustos a los hombres del oficialismo. Si el proyecto de retenciones es modificado por los senadores, esta vez el Gobierno necesitará más aliados para su ratificación, y no la mayoría simple que debió conseguir en el debate del sábado.

¿Habrá alguien en la redacción del diario que se ocupe de controlar que no se digan semejantes burradas? La lectura de los artículos 77 a 81 de la Constitución Nacional, correspondientes al procedimiento para la formación y sanción de las leyes puede resultar algo confusa, pero es ineludible si se quiere informar apropiadamente sobre el camino que tiene un proyecto de ley en el Congreso.
Es verdad: es muy posible que para el oficialismo sea poco conveniente que el proyecto de las retenciones sea modificado en el Senado y, por lo tanto, deba ser considerado nuevamente en la Cámara de Diputados. Pero la cuestión de las mayorías es un tema aparte. Una buena síntesis del procedimiento puede verse aquí.
¿Cuáles serían las distintas alternativas que podrían darse? Por supuesto, si el Senado aprueba el proyecto enviado por la Cámara de Diputados con la mayoría absoluta de los presentes, el capítulo parlamentario terminó, salvo un eventual veto del Poder Ejecutivo.
La cuestión se presenta, como dice la nota, si se le introducen modificaciones al proyecto. Las posibilidades previstas por la Constitución son dos (y sólo dos): que las reformas sean votadas por mayoría absoluta o por los dos tercios, en ambos casos computados sobre los presentes. Esta diferencia adquiere relevancia si y sólo si la Cámara iniciadora, en este caso la de Diputados, tuviera intención de insistir en su sanción original, ya que para aceptar las modificaciones es suficiente la mayoría absoluta de los presentes.
Dado que un consenso que signifique el voto por los dos tercios en el Senado de este proyecto ya aparece como algo imposible, se debe concluir que, salga como salga, se va a votar con la mayoría absoluta de los presentes. Esto significa que los 129 diputados que votaron afirmativamente la iniciativa de las retenciones el sábado pasado, tendrían abiertas las opciones para insistir con su criterio, o para aceptar las modificaciones de los senadores.
Suponiendo que lo anterior haya sido bien explicado, no hay dificultad en ver lo alejado de la realidad institucional que es el párrafo transcripto más arriba, independientemente de las dificultades políticas que se pudieran presentar para volver al tratar el proyecto en la Cámara de Diputados.

miércoles, 2 de julio de 2008

Sesionando el fin de semana

Al momento de escribir estas líneas, las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda no produjeron dictamen sobre el proyecto de las retenciones. Luego de hacer una recorrida por los medios on-line, no es posible saber si las reformas que los diputados oficialistas acordaron entre ellos introducirle admiten más modificaciones (como "conceder" que el techo para las compensaciones sean las 1000 toneladas de soja, en vez de las 750), o si es la postura definitiva del oficialismo.
Igualmente, se puede plantear alguna pequeña duda sobre la forma en que se va a reflejar el debate en la sesión de este proyecto, dadas ciertas condiciones.
Los diputados opositores fatalmente no van a estar de acuerdo con el dictamen que salga de las comisiones (máxime teniendo en cuenta que su única propuesta unificada, hasta ahora, es la derogación lisa y llana de la resolución 125). ¿Cuál va a ser su actitud cuando se quiera llevar el asunto al plenario de la Cámara?
Parece darse como un hecho que el proyecto va a ser considerado de aquí al sábado. Como se supone que todo despacho de comisión debe quedar en observación durante siete días hábiles luego de ser impreso y distribuido para que los diputados que no integraron las comisiones puedan conocerlo y formular las observaciones que consideren pertinentes (artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados), es evidente que los tiempos se van a acelerar al máximo. O eso es lo que se supone...

Senderos que se bifurcan

El camino que posiblemente se tome sea el de citar a la realización de una sesión especial para considerar dicho dictamen. Una cuestión que puede generar dudas es, precisamente, la posibilidad o no de darle tratamiento este tipo de despachos sin una decisión de una mayoría especial (dos tercios de los votos) de la Cámara. Para esto hay antecedentes tanto a favor como en contra.
Los diputados no oficialistas, ¿adoptarán una postura obstruccionista al tratamiento del dictamen?

Digresión pretendidamente aclaratoria

Despejemos rápidamente esto de "postura obstruccionista". Habitualmente se dice que la responsabilidad del quórum es del oficialismo. Es decir que si, por el motivo que sea, el no oficialismo pretende dificultar el tratamiento de un proyecto, va a esperar a que los diputados del gobierno lo consiga. Es una táctica parlamentaria habitual, de la que no hay que asustarse ni criticarla siempre y bajo toda circunstancia, pero de la que no se debería abusar.
Otra posible táctica es, una vez iniciada la sesión por haberse conseguido el quorum, sostener que son necesarios los dos tercios de la cámara para habilitar el tratamiento de un dictamen sin el término vencido, como si se tratara de un proyecto sobre tablas. Esto podría demandar cierto tiempo de discusión, mientras, tal vez, se siga conversando entre los bloques.
En definitiva, de apelarse a estas estrategias, la oposición conseguiría postergar por horas o días que se apruebe un proyecto con el que dicen no estar de acuerdo.

¿Vagos o patriotas?

Cuando un grupo de legisladores (sin importar de qué sector) recurre a la práctica de no dar el quórum, los medios repiten la cantinela de que son vagos, de que se les paga por trabajar, y otros sinsentidos por el estilo. Hay infinidad de motivaciones para recurrir a esta estrategia. Una muy simpática se le atribuye a quien fuera presidente del bloque de la UCR durante el gobierno de Alfonsín y al comienzo del de Menem, César Jaroslavsky, quien decía que si se los obligaba a concurrir sí o sí a sesionar, los diputados de la minoría que no estuvieran de acuerdo con un proyecto al que no pudieron modificar en ningún sentido lo estarían "votando con el culo", en alusión a la necesidad de estar sentados en sus bancas para que se los cuente para el quórum.
Tengo enormes dudas de que se les vaya a aplicar el mote de vagos a los diputados no oficialistas que no concurran a prestar el quórum, si eligieran esa táctica. Y hasta podría ocurrir que muchos comunicadores se olviden de sus críticas para pedirles por favor que lo hagan de esa manera. Sería una gran oportunidad para que tales comunicadores se informen y aprendan un poco de tácticas parlamentarias, y las transmitan, por una vez, con cierta precisión. Y que su público no lo olvide.

lunes, 30 de junio de 2008

Aportando confusión

El artículo que aparece en la edición on line de La Nación, titulado "En medio de advertencias opositoras, el Congreso encara una semana decisiva", apenas si aporta algo más que confusión: hay una marcada distancia entre parte de la volanta de la nota, que dice "Carrió recordó que antes de evaluar proyectos alternativos, las comisiones deben definir si aceptan o no la resolución oficial" y su contenido. En la parte que corresponde a este tema dice:
"Más allá del proyecto de éste, o del proyecto de otro y de posibles acuerdos, las dos posiciones centrales que están en juego son la ratificación o el rechazo de la resolución 125", planteó la líder de la Coalición Cívica.
"Obviamente va a haber proyectos alternativos, supongamos que Solá presenta el propio", concedió la ex diputada. "Pero la primera votación será la del proyecto que se trata en el recinto, que es el del oficialismo, y ese proyecto ratifica [la resolución] 125", explicó en declaraciones a radio Mitre.
En este contexto, Carrió dudó que un proyecto alternativo que contemple la liminación del esquema de retenciones móviles logre prosperar en la Cámara de Diputados. "No. Eso es imposible. Sería imposible de digerir para los diputados kirchneristas. Además, [el ex presidente Néstor] Kirchner dice hay que jugar a la ratificación de la resolución. Así va a ser, no hay otra alternativa, a favor o en contra", concluyó.

Las diferencias son obvias. Más allá de las presiones y posiciones políticas, de los deseos del oficialismo para que se acepte su proyecto tal y como lo envió, son casi nulos los límites que tienen las comisiones para introducir modificaciones en los proyectos que tienen bajo análisis y no tienen ninguna obligación de votar negativamente un proyecto para recién ponerse a considerar iniciativas alternativas. Sin intención de defender a la verborrágica líder de su sector, es una síntesis desafortunada de lo dicho por Carrió hacerlo aparecer como que hay una instancia formal de aceptación o rechazo del proyecto oficial. Pareciera que todos están jugando un juego bastante peligroso: el oficialismo "oficial" sigue tensando la cuerda con una iniciativa que pareciera ser políticamente poco viable; y la oposición tirando de esa misma cuerda exactamente en sentido contrario, ya que su proyecto "alternativo" es, simplemente, volver todo a la situación previa a la resolución 125. En el medio, ¿habrá algo?

viernes, 27 de junio de 2008

Sobre votos y puertas cerradas

Qué semanita la que pasó, ¿no? Y todavía faltan algunas más. Porque nadie se olvide que lo que se está discutiendo es un proyecto de ley, por lo que debe ser analizado en el Senado también. Los senadores hasta podrían hacer una ronda de consultas exactamente igual o incluso más amplia que la que se hizo estos días en el plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, ya que ellos tienen las mismas "atribuciones" para estudiar los proyectos que los diputados.
Hasta donde pude ver, no ha habido más que crónica periodística sobre las actividades del Congreso, que, de acuerdo a esta misma crónica, se limitó a las reuniones de aquellas dos comisiones. Lo que no es tan así, ya que, por ejemplo, la Comisión de Legislación General de Diputados analizó un proyecto sobre arrendamientos rurales (que algo tiene que ver con el monotema de los últimos meses).
Sin embargo, se comienza a especular sobre qué podría pasar a partir de hoy, lunes 30. Tomemos como ejemplo la nota publicada ayer en Clarín de Marcelo Helfgot, titulada "Retenciones: cómo será el debate en una semana caliente en el Congreso", de la que se podrían comentar lo siguiente:

Se insiste en esta nota y en general con que son necesarios 129 votos favorables para aprobar el proyecto. Esta cantidad es, casualmente, la cantidad de diputados "propios" que tiene el gobierno y la mayoría absoluta del total de miembros de la cámara. Pero resulta que la regla general para la aprobación de proyectos en las cámaras del Congreso es la mayoría absoluta de los presentes. Es decir que para saber cuántos votos afirmativos son necesarios para que el famoso proyecto del Poder Ejecutivo dé el primer paso en el Congreso, lo primero que hay que saber es que cuántos diputados están sentados en sus bancas.
Es obvio que al momento de votar el proyecto va a haber muchos diputados presentes, dado que es una de esas pocas ocasiones en que todo el país va a estar pendiente de lo que se resuelva. Pero lo más probable es que el proyecto que finalmente se apruebe va a contar con varios votos menos que los famosos 129.
Otra pequeña cuestión es que se machaca con que la reunión de las comisiones es "a puertas cerradas" o "exclusiva para legisladores". No tengo conocimiento que los diputados integrantes de las mismas hayan decidido que sea secreta (tampoco sería razonable), por lo que es de suponer que es, o debería ser, pública. Lamentablemente, esto no se aclara lo suficiente, y quedaría la sensación de que la discusión va a ser confidencial. Las reuniones eran transmitidas, por el sistema de televisación interno, al auditorio de la Cámara (los canales habían pedido tener acceso a esa transmisión). Espero que se haya previsto continuar de ese modo.
En fin, como respondí a un comentario de la entrada anterior, la ronda de consultas de la semana pasada pudo haber sido caótica o desprolija, pero era prácticamente la única oportunidad de que los diputados las escuchen. Esta semana parece que les toca hablar a los legisladores, y se va a comenzar a descorrer el velo de cuál va a ser la decisión de cada uno. El drama, ¿seguirá abierto o habrá algún cierre?

jueves, 19 de junio de 2008

Carta abierta a la comunidad parlamentaria

Señores legisladores. Señores funcionarios parlamentarios.

De mi mayor consideración,

Hoy les toca interpretar el movimiento presto agitato. La orquesta se debe preparar para sonar brillante, ardiente, con profusión de timbres, de registros, de dinámica, y llegar así a un imponente final bien allá arriba que nos deje sin aliento antes de que explote el aplauso. Tal vez después puedan volver al andante, al tono menor. Pero sabiendo que están preparados para todo.
El foyer se está llenando de público impaciente. La sala la tienen que tener bien preparada, todo arregladito y limpito para recibirlo. No puede quedar nadie afuera. Es más, deberían chequear si alguno de los asistentes es intérprete para ver si podría aportar algo a su versión de la obra.
Si lo pensamos bien, la que van a tocar en sí misma no es de las que quedan en la historia. Pero las circunstancias hacen que esta interpretación en particular sí. Depende de ustedes. Hoy, señores legisladores, son puestos en el medio de la escena política y mediática, con lo que cuentan con una oportunidad excepcional de hacer ver si y cuánto es importante su tarea.

["Proyecto blindado" o "proyecto trampa", entre otras cosas, son los poco amables calificativos que recibió la iniciativa del Poder Ejecutivo sobre la cuestión de las retenciones. Es que fue de una torpeza descomunal que el Jefe de Gabinete, entre otros, hiciera público su deseo de que el voto en el Congreso sólo se limitara al sí o al no a la ratificación del esquema completo armado trabajosamente en estos cien días.]

Lo primero que tienen que tener en cuenta que los congresos son "casas de vidrio" en las que todo se ve y es público, tal vez hoy más que nunca. No permitan que ninguna traba burocrática dificulte el acceso de aquel público impaciente a sus debates y discusiones, tanto en las comisiones como en el recinto. Es verdad, su casa, señores diputados, o mejor dicho, sus comisiones, están poco preparadas para esto. Sus salas de reuniones no tienen una platea desde donde seguir el intercambio de opiniones, por ejemplo. Apenas si hay lugar para ustedes, los diputados, y sus asesores. Por esto, es que deben prever la mayor difusión de sus reuniones, y buscar el ámbito adecuado para una masiva concurrencia. Tal vez puedan recurrir a las audiencias públicas (previstas en el artículo 114 bis del Reglamento de la HCD).

Cada uno de ustedes debe ensayar muy bien su parte. El concertino podrá ser el centro de las miradas y al que le toca tomar gran parte de las decisiones, pero no sería nada sin los demás, incluso sin el asistente que prepara los atriles. Todos saben que suman algo, y esta es la oportunidad de que quede bien claro.

Hicieron bien en adelantar para el lunes a las 17:30 el primer ensayo sobre el tema que les toca interpretar. No permitan que nada los distraiga. Aunque la sala de ensayo es bastante grande, aun así va a ser incómoda. Pero su tarea es más importante. Y aunque el producto final pueda tener relevancia, el procedimiento que vayan a utilizar es vital porque es más que posible que su ejecución no sea del gusto de todos, pero si son capaces de mostrar en qué lo sustentan, escuchando todas las sugerencias, su decisión será intachable.

Luego de la función nos podremos dedicar cada uno a lo nuestro. Que no otra cosa queremos. Y ustedes podrán recordar la frase del Quijote: "A quien da todo lo que tiene, no se le puede pedir más".

No defrauden.

Los saludo con toda cordialidad.

miércoles, 18 de junio de 2008

Futurología

Vamos a utilizar como excusa un artículo pobre de toda pobreza de la versión on line de Infobae, pomposamente titulado "Los pasos que tendrá que cumplir la iniciativa oficial", para hacer algo de futurología respecto del proyecto de las retenciones.
¿Por qué el artículo es pobre? Para empezar, habla de los pasos a cumplir, pero sólo considera lo que puede pasar en Diputados. En segundo lugar, dice que "podría" haber un dictamen conjunto, pero DEBE haber un dictamen conjunto. Que se reúnan es otra cuestión. En realidad, es lo que formalmente corresponde. Según el artículo 102 del Reglamento de la HCD, si bien se puede analizar el proyecto por separado, "el anteproyecto deberá ser sometido al despacho en pleno de las comisiones a que haya sido destinado el asunto". En la práctica, los proyectos suelen ser considerados por separado y se dictaminan por separado. Cada vez más, las reuniones conjuntas de comisiones son una especie de ficción aceptada por todos los bloques, oficialistas y no oficialistas.
Lo más probable es que la o las reuniones conjuntas de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda se hagan efectivamente.
Tal vez el único dato interesante de la nota sea el hecho de que los presidentes de ambas comisiones sean de las provincias díscolas en este drama. Como dijimos ayer, son ellos los que suelen decidir cuándo citar a las reuniones. Es de suponer que si no lo hacen rápidamente, venga De Angeli a pasarles con una cosechadora por encima, y atrás A. Fernández con el Audi.
Respecto del proyecto, era obvio que la propuesta del Poder Ejecutivo debía ser la ratificación de sus decisiones. Esa es la posición de máxima del gobierno. Cualquier otra cosa, se convertiría en eso mismo automáticamente. De ahí a suponer que el voto va a ser sólo por el sí o por el no, todavía hay un trecho.
Por supuesto que ya se empieza a agitar la imagen del Congreso como escribanía, imagen discutida por el Criador y por Arballo. Uno podría preguntarse por qué no puede haber 129 buenos argumentos en Diputados y 42 en el Senado para votar por el sí; por qué no se podría, luego de escuchar a todos los involucrados, responder de 129+42 formas distintas para votar por el sí y no por ello convertir a estos legisladores en lamebotas.
Se abre la famosa instancia de diálogo que ambas partes declamaron desear. Nada impide ratificar la decisión del Poder Ejecutivo o, como señala Gargarella, introducirles cambios. ¿Hablarán?

martes, 17 de junio de 2008

Un aporte a la comunidad (periodística)

Vamos a retomar el tono docente que pretenciosamente le dimos a este blog en sus comienzos. La excusa es la misma nota que comentamos ayer ("La oposición se quedará en sus bancas hasta que haya debate"). Más específicamente, el siguiente párrafo:
"Impidió [el oficialismo] con su mayoría parlamentaria que las comisiones de Agricultura del Senado y Diputados intervengan, abortó el intento de mediación de la Defensoría del Pueblo y, encima, echó nafta al conflicto enviando a la Gendarmería", sostuvo [Claudio Lozano, aparentemente].

Es verdad. Tal como suelen darse las cosas en el Congreso, la mayoría tiene la llave mágica que abre o cierra el debate. Pero esto es suponiendo que la coyuntura va más o menos por los carriles habituales. Hoy pareciera, o nos quieren hacer ver, que estamos terminales. Por lo tanto, ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos si es que queremos seguir adelante. ¿Hay recursos parlamentarios para poner los asuntos que se quieren debatir en el temario? Sí. La frazada, ¿es uno de ellos? No. Es televisivo, sí. Va a ocupar espacio a la hora de los noticieros muy probablemente. Pero había una cantidad de cosas poco mediáticas que se podrían haber intentado antes.
Veamos.
¿Cómo llega un asunto a ser considerado en una comisión parlamentaria? Lo habitual, repito y subrayo, lo habitual es que haya reuniones de los asesores de los miembros de la Comisión en las que se discutan los aspectos técnicos de los asuntos que el Presidente de la misma les haya indicado a sus propios colaboradores. De haber acuerdo (o voluntad clara por parte de la mayoría), el proyecto "pasa" a la reunión de legisladores para su consideración y dictamen.
Lo habitual, repito y subrayo, lo habitual entonces es que todo dependa en gran medida de la voluntad del Presidente de la comisión de que se trate. El temario de las reuniones y, también, la convocatoria a reunión.
Ahora bien, uno puede leer los reglamentos de las cámaras de adelante para atrás y de atrás para adelante, y no va encontrar ninguna norma que, expresamente, disponga que las comisiones se reúnen por la sola y única voluntad de sus presidentes. Es cierto que todos los mecanismos administrativos internos y la práctica (muy importante en ámbitos parlamentarios) están preparados para ello. Pero se supone que estamos terminales...
El artículo 108 del Reglamento de la HCD y el 101 del de Senado prevén la posibilidad de que la mayoría de la comisión no asista a una reunión. En ambos casos y dados ciertos requisitos, con un tercio del número de miembros se puede discutir y dictaminar. De acuerdo a un viejo adagio jurídico (con lo resbaloso que son) "quien puede lo más, puede lo menos". Por lo tanto, si pueden reunirse, podrían impulsar una convocatoria en caso de que no la hubiera. Podría ser complicado del punto de vista administrativo, pero estamos hablando de una supuesta fuerte decisión política de una buena cantidad de miembros de la comisión.
Es decir, que en esta situación terminal y apelando al voluntarismo, tendríamos una comisión parlamentaria discutiendo y dictaminando sobre, por ejemplo, la derogación de la famosa resolución de las retenciones, con lo que el asunto estaría bien instalado en el ámbito legislativo sin necesidad de frazadas. Pero con pocas cámaras de televisión. Una lástima...
En conclusión, si tal vez podemos acordar que es poco defendible la actitud de la mayoría de haber eludido el debate por tanto tiempo, la postura los legisladores no oficialistas de quedarse a dormir en el Congreso parece más el producto del poco conocimiento de los mecanismos reglamentarios. Lo mismo cabría para los medios: ¿por qué no cuestionan los procedimientos circenses? ¿Por qué no se preguntan, y les preguntan, qué mecanismos parlamentarios dejaron de utilizar? "No preguntes qué puede hacer la mayoría por mí, sino qué puedo hacer yo para movilizar a la mayoría", ¿diría Kennedy?

domingo, 15 de junio de 2008

Frazadas al Congreso

Pasaron diez días desde la última entrada. Sería exagerado decir que en estos días no hubo noticias sobre el Congreso. Pero casi...
En los medios "nacionales", por ejemplo, pasaron casi inadvertidas las reuniones en minoría de la Cámara de Diputados y del Senado. Y ni hablar de la sesión efectivamente realizada en Diputados el miércoles pasado, en la que se aprobaron diversos asuntos, la mayoría de ellos instrascendentes para el "gran público", aunque, tal vez, de alguna importancia para los involucrados. Los demás, dejo a la consideración del lector evaluar su peso.
Hoy, finalmente, salió alguito en La Nación, de la pluma de la abonada Laura Serra: con el título "La oposición se quedará en sus bancas hasta que haya debate", se da cuenta de tal intención de los diputados no oficialistas. Doce párrafos en los cuales se mezcla la noticia generada por los dirigentes en tanto políticos con lo que, supuestamente, podrían intentar para involucrar al Congreso en el monotema de la agenda diaria.
Más allá del fuerte símbolo de "dormir en el Congreso" (ironías al margen) hasta que se dé el debate, ¿cuál es la noticia?, o, mejor, ¿cuál es la noticia de contenido parlamentario? Creo que no hay. ¿Cómo calificar dar como noticia la pretensión de pedirle una audiencia al Presidente de la Corte Suprema para que informe sobre la marcha de las causas sin ningún tipo de cuestionamiento? Máxime cuando es evidente que, de existir, es una gestión totalmente inutil (se puede consultar con provecho este análisis del blog Saberderecho). ¿Cómo calificar la mezcla de la noticia de las consecuencias del desalojo de la ruta 14 con las hipotéticas intenciones de la oposición legislativa? ¿Cómo calificar el reflejo descolgado de la postura previsible del Presidente de la UCeDé respecto de las retenciones con el "centro" de la noticia? ¿Cómo calificar el también previsible llamado de Vilma Ripoll a la "gran marcha federal"? ¿Cómo calificar que se den cuenta de las opiniones de los dirigentes Raimundi y Lozano?
Evidentemente, no como noticias parlamentarias. ¿Por qué se usa como excusa el anuncio de una acción teatral de la oposición parlamentaria para todo esto?
¿Por qué, ya que se nombran a las comisiones de Agricultura (y Ganadería) de Diputados y del Senado, no se aprovecha para evaluar la marcha de sus reuniones y el análisis del paquete de proyectos que había anunciado el Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería el martes 13 de mayo? Ah, perdón, casi no se hicieron. (De nada, Laura Serra. De paso, te informo que el martes que viene está citada de nuevo, con ese mismo temario.)
¿Qué se le reclama al Congreso, o, más específicamente, a los legisladores oficialistas? Obviamente, que hagan algo, que se involucren de algún modo. ¿Ningún periodista les preguntó por qué tanta inacción? Y si lo hicieron, ¿qué les respondieron? Y si no quisieron responder, ¿en dónde se informó?
Nada por aquí, nada por allá...

jueves, 5 de junio de 2008

Que-re-mos-laley... lo mejor posible

Ayer se consideró en la Cámara de Diputados el proyecto de ley impulsado por el programa de televisión "Cuestión de peso" por el que se establece que la obesidad sea tratada como una enfermedad y reconocida así por el Programa Médico Obligatorio (PMO). Técnicamente, tiene esta síntesis: "Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios y otras cuestiones conexas. Declaración de interés nacional."
Se trataba de una sanción del Senado que, de ser aprobada sin modificaciones, se hubiera convertido en ley, tal y como reclamaban los manifestantes que estuvieron desde temprano sobre la Avenida Rivadavia y en las galerías del recinto de la Cámara de Diputados ("Que-re-mos-laley... YAA", cantaban). Pero... durante su discusión en particular el proyecto tuvo modificaciones, por lo que debe volver para que la cámara de origen las considere.
Hasta aquí nada del otro mundo. Muchos proyectos se convierten en ley porque hay un total acuerdo entre las cámaras, pero una gran cantidad son devueltos por la cámara revisora para que la de origen analice si está de acuerdo con los cambios introducidos.
Respecto del proyecto de ayer, todo comenzó porque su artículo 11 decía así: "La publicidad y/o promoción a través de cualquier medio de difusión, de alimentos con elevado contenido calórico, grasas y azúcar, y pobres en nutrientes esenciales, deberá contener la leyenda 'El consumo excesivo es perjudicial para la salud' ". (Énfasis agregado).
Los diputados de las provincias productoras de azúcar objetaron que se la incluyera entre los malos de la película, y, finalmente obtuvieron que se elimine la expresión "grasas y azúcar", con lo que, producida la modificación, el proyecto no iba a ser convertido en ley anoche y debía volver al Senado. De paso, entonces, se le hicieron algunas otras modificaciones.
La cobertura televisiva de este acontecimiento no pudo ser más pobre. De casualidad pude ver, casi al final de Telenoche, la "crónica" del asunto. La movilera Sandra Borghi, con su eterna cara de circunstancia, informaba que la ley no había podido ser. Me gustaría saber cómo hacer un link a un fragmento determinado del noticiero para que lo puedan ver, pero empezó diciendo que se había frustrado el proyecto porque la Cámara había pasado a cuarto intermedio, "y no se sabe cuándo retomarán". Es decir, de acuerdo al tono de sus palabras, nunca. Insistió con esto del cuarto intermedio, hasta que se le escapó, porque se había pasado al cuarto intermedio, que el proyecto debía volver al Senado. Evidentemente, tenía muy poca idea de lo que estaba hablando: una cosa, obvio, es el procedimiento de formación y sanción de las leyes de la Constitución Nacional, y otra es esa posibilidad de todo cuerpo parlamentario de dejar en suspenso una sesión hasta la próxima reunión.
Con la movilera estaba la conductora del programa Andrea Politti, que, contra todo pronóstico, dijo lo único sensato de todo el segmento, al preguntarse por qué se había llegado hasta esa instancia con esa frasecita tal vez desafortunada. Es posible, claro, que ella en parte tuviera un poco de responsabilidad (algo de lo que jamás se va a hacer cargo), por haber movilizado y presionado para que el proyecto se dictamine en comisión a las apuradas y se considere inmediatamente por el plenario (y se quejan del pobre Poder Ejecutivo...). En la edición de hoy de Clarín, con la firma de Armando Vidal, hay un reflejo de esto: "La palabra azúcar amargó anoche a los entusiastas de la ley contra los trastornos alimentarios, que garantiza su cobertura médica. Esperaban que se aprobase anoche en Diputados. Ahora deberán aguardar que lo haga el Senado la próxima semana, ya que Diputados se la devolvió con modificaciones. Todo pasó porque la Cámara llevó ayer al recinto lo que no se había resuelto como correspondía en comisión, y el apuro conspiró contra la meta."
En fin, si va lento porque va lento; y si se apura porque se apura. El Congreso parece que nunca puede dejar contento a todos...

lunes, 2 de junio de 2008

¿Congreso? ¿Qué Congreso?

Todos los lunes, Clarín le dedica una página al Congreso. Suele tener una especie de nota de fondo que puede estar a cargo del cronista parlamentario del medio, Armando Vidal; otro artículo sobre temas diversos y al pie de la página una serie de chismecitos más o menos irrelevantes.
Hoy no fue la excepción: Clarín publica la sección. Ahora que esté dedicada al Congreso, es un poco dudoso.
Veamos.
Armando Vidal hace un repaso de la relación de Juan Domingo Perón con el sector agropecuario (Perón, el líder que pasó de la pelea al consenso con el campo). ¿Qué relación tiene esta nota con el Congreso? En el segundo párrafo habla de un proyecto de Héctor Cámpora como Presidente de la Nación que nunca se aprobó, en el tercero dice que Perón no se definió sobre el tema en el Congreso, en el quinto hace mención a un minitramo del discurso de su último discurso ante la Asamblea Legislativa (1º de mayo de 1974); en el séptimo dice que los discursos inaugurales de las respectivas gestiones de Kirchner y de Fernández de Kirchner no se menciona al campo y en el último habla de una indicación del ex Presidente dada a diputados y senadores propios. ¿Es una nota sobre el Congreso? No parece…
La otra nota de la sección, titulada “El socialismo, tironeado entre los "K" y los que quieren ser oposición”, utiliza como excusa el homenaje que se le hiciera en el Congreso al diputado Alfredo Bravo a cinco años de su muerte para hablar de la situación interna del Partido Socialista. ¿Es una nota sobre el Congreso? No parece…
Los chismecitos son unos más insulsos que los otros. Y sí, siendo muy generoso, se refieren a cuestiones que en algo rozan lo parlamentario. En uno de estos chismes se dice que Claudio Morgado y Pinky no hablan en el recinto, que son “Muy respetuosos de la palabra ajena”. Sin pretender defenderlos, al autor de la nota se le pasó que en la sesión del 21 de mayo de 2008, al momento de considerarse la aprobación de un acuerdo internacional firmado en las Naciones Unidas (con el nombre de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo), Morgado, en su carácter de Presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados y miembro informante, abrió el debate sobre el asunto. Es verdad, leyó el discurso, algo que los reglamentos parlamentarios suelen prohibir, pero que en la práctica no se aplica porque es poco habitual que los legisladores lean.
Si algún día tenemos suerte de que se publique algo sobre cuál es el trabajo de diputados y senadores, tendremos ocasión de discutir sobre cuánto de importante es que hablen o no hablen en el recinto, así como lo adecuado o inadecuado de las otras medidas del “esfuerzo legislativo” que se suelen usar (presentación de proyectos, por ejemplo).
Para concluir, la página que Clarín le dedica al Congreso los lunes, hoy, por lo menos, tiene otra temática. Otro ladrillo en la pared de su ausencia mediática. Si seguimos así, habrá que dar por cerrado este blog…

sábado, 31 de mayo de 2008

Publicitario se busca

Ante la falta de noticias sobre cuestiones parlamentarias, o de mi incapacidad para encontrarlas, paveando un poco por ahí, encontré este aviso en Youtube que, la verdad, no podría ser calificado de "joyita". Forma parte de una campaña publicitaria para mejorar la imagen de la Cámara de Diputados de México en la que se invirtió (o gastó, según se quiera) unos $ 1.800.000. ¿Se imaginan una campaña de este tipo aquí? ¿Cuánto podría durar?

Algunos de los otros avisos son, en mi opinión, francamente detestables (como éste), pero evidencian una verdad de perogrullo: los diputados están ahí para "generar acuerdos". Que tengan voluntad y capacidad, como dicen, ya es otra historia. Pero si es lo primero que se debería exigir a los candidatos, por la magia de la comunicación social, se transformó en un enorme contrato moral para los electos (sin ningún tipo de alusión partidaria).

Sería interesante ver a los Lanatas, Lauras Serras, Morales Solás y demás hablando e ironizando sobre este compromiso asumido por los legisladores de hacer, finalmente, lo que deben.

lunes, 26 de mayo de 2008

¿Me comentás el proyecto? Cómo no...

En mis infatigables y extensas investigaciones sobre la relación de los medios periodísticos con los cuerpos parlamentarios he podido comprobar que los órganos de prensa provinciales o locales son un poco más generosos que los nacionales en lo relativo a “informar” sobre la presentación de un proyecto por parte de un legislador. En general, se trata de una síntesis del mismo, casi como la publicación de una gacetilla de prensa, y, como tal, completamente acrítica respecto de la iniciativa.
Y sí, surgiría aquí la vieja discusión acerca de si los medios deben informar u opinar, o hacer las dos cosas. En todo caso, podría ser más o menos explícito el criterio de selección de los proyectos a informar, y no sólo el indeterminado “interés del público”, ya que claramente no se pone en su conocimiento ni siquiera una mínima parte de la producción parlamentaria; que la hay, y de todo tipo, color y calidad.
En la edición on line del diario Hoy de La Plata del 25 de mayo, bajo el título Buscan evitar las retenciones de la Nación a la Provincia, puede leerse una crónica de la presentación de un par de proyectos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Además de un título tan sugestivo, dado los acontecimientos que son de dominio público, ¿qué tiene de particular esta noticia?
Desde hace doce años, por lo menos, el Estado federal, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen pendiente la discusión de una nueva distribución de los fondos provenientes de tributos entre las distintas jurisdicciones, la llamada coparticipación federal de impuestos. Sistema que, recordemos, ha cumplido ya setenta años de existencia (no siempre fue igual, obvio), pero que tuvo su partida de nacimiento constitucional con la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 2).
Sin adentrarnos en las sutilezas del actual régimen de coparticipación, puede decirse que, como consecuencia de la adopción de la forma de estado federal y la existencia simultánea de varios niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional —además de la Ciudad de Buenos Aires), el sistema tributario tiene que asegurar los fondos para la subsistencia de todos estos estratos. Si nos imaginamos una recta en la que vamos ubicando las distintas opciones para lograr este objetivo, en un extremo podríamos colocar un sistema en el que cada uno cobra “lo suyo”, y en el otro un régimen en el que lo hace uno de estos niveles y reparte a los demás. La fórmula vigente se ubicaría más cerca de este último.
Para completar el cuadro, es preciso tener en cuenta que la última ley de coparticipación es de 1988 (ley 23.548). Es fácil imaginar que con todas las crisis financieras que aquejaron al sector público desde entonces, haya habido numerosas modificaciones y reformulaciones, en muchos casos vía acuerdos y pactos entre la Nación y las provincias. Uno de ellos (ley 24.130) es el que hace mención el/los proyecto/s de la nota. A pesar de tanto retoque, a pesar de que en la Convención Constituyente se reconoció la necesidad de volver a discutir el sistema para darle un cierto marco de racionalidad, la coparticipación sigue siendo conflictiva y poco satisfactoria para todos los actores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es cada vez más difícil encontrar el equilibrio entre reconocer “monetariamente” que es una de las jurisdicciones que más aporta a la caja, y la solidaridad para lograr el objetivo a largo plazo establecido en la Constitución de que todas las provincias alcancen un grado equivalente de desarrollo.
Con lo que, ¡por fin!, entramos en tema.

¿Qué pretende usted de mí?

Los proyectos comentados tocan este problema, ya que procuran retrotraer una retención acordada en 1992 que la Nación hace de la masa coparticipable (es decir, a todas las jurisdicciones y no sólo a la provincia de Buenos Aires) para utilizar los fondos resultantes en el pago de obligaciones previsionales. Sin entrar en las cuestiones técnicas del asunto, de por sí complicadas (ver este lindo cuadrito), la información que se da sobre aquellos es muy pobre, por decir lo menos.
Para empezar, se transcriben sin realizar ningún análisis crítico párrafos enteros de los proyectos y/o de sus fundamentos, dando por sentado que lo expuesto en ellos es real, lo cual sería aceptable siempre y cuando quedara debidamente aclarado que sólo se transcribe una información provista por el autor, y por qué se elige ese proyecto y no otro. Pero nada de esto ocurre.
Además, se dice que hay dos proyectos —uno de ley y otro de declaración (¡!)— “para derogar la ley nacional 24.130 (sancionada (sic) por Carlos Menem)…”. A esta altura, confío en que los lectores podrán ver claramente que, dichas las cosas de esta manera, no tienen ningún sentido (ver el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires). Tal vez lo único rescatable de toda la nota sea lo atribuido al autor del proyecto en cuanto a que su intención es que se discuta nuevamente todo el sistema. Pero la pobreza técnica de la información es sólo comparable con la de los proyectos, lo que parece haber facilitado su rechazo por el bloque oficialista. Uno podría preguntarse si había una real intención de discutir el asunto por parte del autor, o si, simplemente, con la publicación de la noticia, ya estaba el objetivo logrado. Y, de nuevo, cuál es el propósito del diario Hoy de La Plata al informar sobre este asunto.

martes, 20 de mayo de 2008

De sesiones especiales, autismos y galerías

En La Nación de hoy, se publica, con la firma de Laura Serra, la nota La oposición busca derogar por ley las retenciones móviles. Como no pretendo ser comentarista político, voy a dejar de lado el (poco cuestionado) súbito e incondicional enamoramiento de la oposición con “el campo” reflejado en el artículo (¿se nota mi estilo periodístico de introducir un tema con medias palabras?); como siempre, mi interés se va a centrar en aspectos tal vez menores de la cuestión, pero que, sumados, creo que podrían hacer a lo que ahora se llama “calidad institucional”.
Aunque todavía no se dice nada sobre la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados (que sí está citada para hoy, ver agenda de la HCD), desde hace unos días se menciona una sesión especial pedida por bloques no oficialistas a realizarse hoy para “derogar las retenciones móviles”.
¿Qué es una sesión especial? El artículo 35 del Reglamento de la CD establece: “Las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión.” Mientras que el 36 dice: “En cualquiera de los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubiesen determinado, o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de los diputados que soliciten la sesión.” El Reglamento del Senado es parecido, pero no igual (artículos 19 y 20).
Como puede observarse, el pedido y citación de una sesión especial no parece ser algo demasiado extraordinario o dificultoso. Que se realice efectivamente es otra cuestión bien distinta. El requerimiento de una sesión especial es un mecanismo muy habitual que suele tener como único objeto dejar “expuesto” el poco interés del oficialismo en debatir algún asunto, y dejar sentada la posición de los bloques no oficialistas, ya que, al no presentarse el bloque del gobierno-mayoría, la sesión no puede realizarse por falta de quórum, y se realizan lo que se conoce como “manifestaciones en minoría”: discursos encendidos sobre el tema, la necesidad de aprobarlo, la actitud autista de la mayoría, etc. (son las cosas que se suelen decir). (Ejemplos, algo antiguos a propósito, aquí, aquí y aquí).
En conclusión, en estos veinticinco años de funcionamiento del Congreso, es rarísimo que una sesión especial se lleve a cabo si no la requiere el oficialismo (del signo que sea). Una vez que conocemos esto, entonces sí podremos cuestionar o el autismo o el actuar “pour la gallerie”, lo que más nos guste o veamos más ajustado. Y vamos a entender lo poco feliz que es la frase del artículo “Aguad, junto con Pinedo, Adrián Pérez (Coalición Cívica), Norma Morandini (Memoria y Democracia) y Laura Sesma (socialismo), entre otros, organizan la sesión especial de hoy. El objetivo es derogar la polémica resolución que instauró el sistema de retenciones móviles. Será una misión difícil de cumplir, pues aunque estén unidas, se hallan en minoría.” Qué querrá decir con lo de “organizan”, ¿no? Les bastó con una notita dirigida al Presidente de la Cámara para poner en marcha el sistema. ¿O es que las galerías del recinto de Diputados van a rebosar de asistentes? Ya veremos…
En la reseña sobre los distintos proyectos presentados sobre el tema, pone como si fuera uno solo los que fueran presentados por un diputado (Lozano) y un senador (Martínez), algo imposible y que, además, no tienen nada que ver uno con otro. ¿La precisión? Bien, gracias.

sábado, 17 de mayo de 2008

Nada que agradecer

Un pequeño aporte para el relato mediático: al día de hoy no consta en la agenda del trabajo de las comisiones que se publica en el sitio web de la Cámara de Diputados que la Comisión de Agricultura y Ganadería haya sido citada para continuar con el trabajo iniciado el martes pasado, pese al anuncio de su Presidente. La publicación de esta agenda refleja todas las citaciones que le llegan a una oficina administrativa (le comunican todas, vale aclarar). En caso de producirse, ¿se informará que la comisión interrumpió la vía de diálogo que, en los hechos, se había abierto esta semana? El martes lo sabremos…

martes, 13 de mayo de 2008

¿Comisión? ¿Qué comisión?

Un poco después de las 17:30 horas de hoy martes 13 comenzó la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados con un extenso temario de proyectos que, tal vez, podrían tener algún efecto respecto de los reclamos de los productores agropecuarios. La sala de reuniones estaba llena de periodistas, había tres cámaras de televisión, fotógrafos, movileros, etc.
Pese a todo este despliegue, si quisiéramos enterarnos de qué pasó en esa reunión, posiblemente abandonemos el intento, porque en las ediciones on line de Clarín, La Nación, El Cronista e Infobae el tema no existe. En Crítica Digital lo trata en forma tangencial. Estos medios, sí, le dieron mucho espacio a la reunión de las ya famosas cuatro entidades con diputados y senadores de la oposición. A eso de las 20:00 horas, ninguno de los canales de noticias se ocupaba del asunto. En toda la edición de Telenoche, no hubo una sola palabra sobre la reunión, pese a que había un periodista informando sobre el acto y solicitando declaraciones a uno de los ruralistas, y otro en la sala de la comisión, o, por lo menos, lo había cuando abrió la reunión. Entre otras cosas, además, me pude enterar que María Laura Santillán va a mirar el partido de Boca de mañana.
El presidente de la comisión anunció públicamente que todos los martes van a reunirse hasta considerar todos los proyectos relativos a la problemática. Que se vaya a hacer realidad o surja algún resultado positivo es otra cosa. A los fines de este comentario en realidad no importa. Lo que sí importa es que se supone que es un paso de la Cámara de Diputados para dejar de estar ausente en este contexto de conflictividad y clima enrarecido. La semana pasada se le dio cierta trascendencia a esta decisión del oficialismo de abrir el debate, pero, una vez abierto, el tema no existe. Una vez más se puede comprobar que los legisladores son importantes para los medios en tanto dirigentes políticos, pero no en cuanto a sus actividades estrictamente parlamentarias.
Ah, si el lector quiere enterarse de algo sobre la reunión de la comisión, puede hacer click aquí.

sábado, 10 de mayo de 2008

¿Vamos a mirar los lirios del campo?

Desde hace cerca de sesenta días que casi de lo único que se habla es de los reclamos de los productores agropecuarios. Salvo por los sendos debates que se produjeron en la Cámara de Diputados y en el Senado el 26 de marzo pasado, el Congreso pareció estar ausente. Esta situación se revertiría la semana que viene de acuerdo a la agenda de la Comisión de Agricultura y Ganadería que se publicó en la página web de diputados.
En la edición del 9 de mayo de La Nación se da cuenta de esto en la nota “El oficialismo quiere debatir sobre el agro en el Congreso”, de la periodista Laura Serra. Según su autora, este impulso tendría dos lecturas; una de ellas sería “dilatar los tiempos en las negociaciones con el campo. Dar gestos al sector, pero no someterse a los plazos que imponen los dirigentes agropecuarios es la estrategia del Gobierno. El Congreso, donde el tratamiento de un proyecto puede demorar meses, es el ámbito ideal” (énfasis agregado”).
Luego de casi veinticinco años de funcionamiento ininterrumpido del Congreso, debería haber quedado claro que sus tiempos son claramente coyunturales, como (¿tal vez?) no podría ser de otra manera. Efectivamente, esa batería de proyectos podría tardar meses en ser aprobados, o años. Pero también semanas, días u horas. Sobre cada uno de estos plazos hay ejemplos. Desde un punto de vista inocente, se podría requerir que se tomen el tiempo necesario para que se apruebe la mejor norma posible. Ya veremos.
Por este motivo, lo dicho por la periodista —quien bien podría haber aclarado si es de su propia cosecha, o si refleja la opinión de alguno de los actores de esta tragicomedia— es insuficiente. ¿El Congreso dilata porque se toma meses, o se va a tomar meses para dilatar? Si la opción fuera la primera, ¿por qué sólo se habla de meses, si es posible cualquier plazo?

miércoles, 7 de mayo de 2008

El fin NO justifica los medios (qué novedad) - Parte II

Seguimos con el análisis del artículo de Clarín sobre la actividad de la Comisión Bicameral Permanente, cuya primera parte se puede ver en el post anterior.
Recordemos que el informe dice basarse en un trabajo de la ONG CIPPEC, aunque se mezclan distintas fuentes y se deslizan interpretaciones –erradas– como si pertenecieran al texto original. Prueba de esto es el párrafo siguiente: “Aunque reconocen un buen acceso a la información de su trabajo, los analistas de CIPPEC critican que la Bicameral sea presidida por un legislador oficialista y que no haya cumplido con la obligación de reunirse cada vez que el Presidente firmaba un DNU, lo que debía ocurrir por ser una comisión ‘permanente’. De hecho, su tarea se suspendió durante tres meses, entre el 8 de agosto y el 7 de noviembre. ¿El motivo? La campaña electoral” (énfasis agregado, que, además, no figura en el informe de la ONG). La comisión tiene el carácter de permanente. En la jerga parlamentaria, se llama así a las comisiones cuya existencia no tiene un plazo de duración. Tal carácter no significa que deban estar “en sesión permanente”, algo virtualmente imposible. Efectivamente, la comisión, junto con el Congreso, suspendió sus actividades por la campaña electoral. Se podrá decir que los legisladores que la integran tienen una responsabilidad institucional más marcada y cuestionar su inasistencia, lo que evidentemente se enmarca en una discusión mucho más amplia: los legisladores son, obviamente, políticos que ocupan ese cargo por el voto popular, el cual deben “ir a buscar” para poder ser diputados o senadores (o gobernadores, como es el caso del ex Presidente de la comisión, Jorge Capitanich); si no hacen campaña, ¿cómo vuelven a acceder al cargo de legisladores? ¿Tal vez queramos discutir la reelección de los parlamentarios? Obviamente, esto es otro asunto.
También que se dice que “En ese receso esquivaron la mirada legislativa cuatro decretos”. Aquí corresponde hacer mención al comentario que hiciera Andy Tow a la primera parte de esta nota. ¿Cuál es el trabajo de una comisión, aun de una tan particular como esta? Asesorar al pleno en la manufactura de una decisión. Las cámaras necesitan a las comisiones para esto, pero sus dictámenes no son imprescindibles. El propio autor hace mención de que la comisión sí consideró los decretos, aunque fuera del plazo estipulado. Este análisis fuera de término no fue cuestionado por las cámaras. De nuevo: sí es cuestionable que se interrumpa su actividad, pero esta interrupción no significa de ningún modo que los DNUs “esquiven” la mirada legislativa.
Volvamos al puntillismo. El párrafo completo dice: “En ese receso esquivaron la mirada legislativa cuatro decretos. Uno de ellos, el 1108/07 —firmado por Néstor Kirchner el 16 de agosto—, modificaba la ley de Presupuesto para reasignar y distribuir partidas por 1.400 millones de pesos. Nada menos. Con la velocidad de siempre, el DNU fue finalmente aprobado en la reunión del 7 de noviembre, y refrendado por el pleno del Congreso mediante una resolución durante la maratónica sesión del 19 de diciembre. ‘Acepto las objeciones’, se excusó entonces el ex presidente de la Bicameral y actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. ‘Razones de campaña electoral impidieron el normal desenvolvimiento de las reuniones’. Una curiosa admisión”. El “pleno del Congreso” no existe. El Poder Legislativo es bicameral, hay dos cámaras con casi las mismas atribuciones y funciones, y que funcionan por separado. En contadas ocasiones se reúnen diputados y senadores (reunión a la que se llama “asamblea legislativa”) con objetos muy especiales: recibir el juramento del Presidente de la Nación electo, escuchar sus discursos al inicio de las sesiones ordinarias de cada año, elegir al Presidente en situaciones de acefalía (¿recuerdan esa semanita de fines de 2001 y comienzos de 2002?). En fin, los dictámenes de la comisión bicameral no son considerados por el “pleno del Congreso”. De hecho, el decreto que hace mención el articulista fue aprobado únicamente por la Cámara de Diputados (el 19 de diciembre, sí), pero no por el Senado. Aún.
Además queda por preguntar, por molestar nomás, cuándo y dónde hizo Capitanich la “curiosa admisión” que le adjudica, ya que él era senador, por lo tanto no participa de las sesiones de los diputados, y para el 19 de diciembre ya había asumido como gobernador del Chaco. En fin.
El siguiente párrafo hace mención a la prohibición de sanción ficta que establece el artículo 82 de la CN. De haberse receptado este mecanismo, bien podría haberse dado la situación de que los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso se los considere por aprobados por el mero paso del tiempo. Estoy especulando, obvio, ya que las ramificaciones podrían ser muchas en este asunto. En lo que respecta a los DNU, la idea de la UCR (que rechazó tajantemente la incorporación del mecanismo en la Convención) iba exactamente en el sentido contrario a como quedó delineado el sistema de control. Los convencionales de la UCR entendían que la expresión del artículo 82 de la CN según la cual “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente”, cerraba toda posibilidad para que los DNUs tengan efectiva vigencia sin el acuerdo del Congreso (se puede ver esto en la sesión del 28 de julio de 1994, el discurso del convencional Ortiz Pellegrini, página 2438). Una pequeña investigación, podría haber ayudado al articulista a reforzar su visión.
Para terminar, se puede ver que un tema en el que había infinidad de cosas para criticar y puntualizar está tratado bien por encima. Parece que siempre se debe preguntar el objeto de tanta ligereza. ¿Habrá respuesta alguna vez?

domingo, 4 de mayo de 2008

El fin NO justifica los medios (qué novedad) - Parte I

El tema de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) es de los más meneados últimamente. Su generosa utilización por parte de todos los presidentes desde Carlos Saúl I, y su reconocida potencialidad de desequilibrio del sistema institucional, es justificativo más que suficiente para que los especialistas le hayan deparado su atención, y para que hayan sido objeto de una regulación parcial en la reforma constitucional de 1994.
Hasta hace un tiempo atrás, uno de los tópicos en cualquier paper sobre el tema era la omisión del Congreso de crear la Comisión Bicameral Permanente (así denominada por la Constitución Nacional) encargada de iniciar el análisis que el Poder Legislativo debería realizar a este tipo de normas, así como del ejercicio de las facultades delegadas y de los vetos (o promulgaciones) parciales. Dicha omisión fue “subsanada” en julio de 2006 mediante la sanción de la ley 26.122, la que reglamentó el “paso parlamentario” de los DNU y las otras normas mencionadas, lo que no se pudo realizar en la Convención Constituyente de 1994 por falta de acuerdo en la “letra chica” entre los bloques mayoritarios. (A este respecto, puede verse la inserción solicitada por el Convencional Constituyente Miguel A. Ortiz Pellegrini al diario de sesiones -versión electrónica- del 01/08/1994 de la Convención Constituyente, página 2790 y siguientes.) La comisión comenzó a funcionar efectivamente en noviembre de 2006.
Pero vayamos de a poco: hay una vieja frase, que se le suele atribuir a Perón, según la cual, ante la existencia de una cuestión que se pretende que quede en vía muerta, se debe designar una comisión (agradeceré mucho a quien pueda dar una referencia concreta de tales dichos). En mi opinión, esta máxima es totalmente inaplicable al Poder Legislativo, ya que sería casi imposible que se apruebe nada en su ámbito si no existieran las comisiones. Entonces, ¿qué es una comisión parlamentaria? Estos “minicuerpos” parlamentarios son ámbitos más o menos reducidos formados por legisladores con una cierta especialización y competencia en razón de la materia. Es aquí donde se hacen las primeras exploraciones en la búsqueda del consenso, en donde se analiza su condición de posibilidad. Como las soluciones políticas presuponen a las técnicas, es aquí donde se analizan y seleccionan las distintas opciones.
Lo habitual es que su integración refleje, en lo posible, la composición política de la cámara de que se trate, es decir que si el bloque A tiene la mayoría absoluta, la tendrá en todas y cada una de las comisiones de ese cuerpo. El bloque que le siga tendrá la primera minoría, y así. Claro que en situaciones de atomización, esto se dificulta bastante, pero existen distintos mecanismos para superar este problema.
Esta larga introducción viene a cuento por el artículo que se publica en Clarín del 04/05/2008, titulado “La Comisión que controla decretos los aprobó a todos”, plagado de inexactitudes, suposiciones y frases a medias. Aclaremos desde ya que la noticia en sí misma es preocupante, digna de llegar al conocimiento general y merecedora de un amplísimo debate, pero las bases en que se sustenta son endebles desde todo punto de vista.
El artículo dice basarse en un informe al que dice haber tenido acceso “exclusivo” de la ONG CIPPEC, el que puede ser consultado aquí.
Se comienza diciendo: “Con doce años de retraso y teñida de pequeñas trampas y chicanas, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo nació a fines de 2006 como válvula de escape ante la recurrente ola de reclamos que piden mejorar la calidad institucional” (énfasis agregado). Aunque esto suene más a corrección de estilo que a crítica por el desconocimiento del procedimiento parlamentario, se le podría preguntar al autor concretamente cuáles son las trampas y chicanas, en qué las observa, si es en la ley de creación de la comisión, en su funcionamiento, en sus dictámenes. Es muy poco claro, pero es un recurso habitual. Se podría suponer que las respuestas surgen de lo que se expone a continuación, pero no es así.
Más adelante dice: “Desde entonces, más de 40 proyectos de ley de creación de la famosa Comisión frustrados, y una bizantina discusión para fijar su composición, potestades y límites” (como siempre, énfasis agregado). A veces, pareciera que toda discusión en el Congreso es, por definición, bizantina. O, por lo menos, así lo suelen ver en algunos medios. Hace un tiempo atrás a los alumnos de Teoría y Derecho Constitucional de la carrera de Ciencia Política, los hacía trabajar medio cuatrimestre sobre la posible reglamentación de esta comisión bicameral. La primera parte del trabajo consistía en identificar las cuestiones que la ley debería contener. ¿Cuáles eran? Sí, efectivamente. Aquellas bizantinas como la composición, potestades, límites y muchos otros. De acuerdo a si los alumnos adoptaban el punto oficialista o el de la oposición (y, dentro de ella, sus matices), los puntos a reglamentar podían variar en contenido o en profundidad. Pero lo que descubrían enseguida es que las discusiones podían ser cualquier cosa menos bizantinas.
Al final del mismo párrafo, aparece una afirmación osada más: “Otro detalle, sembrado en aquel momento, permite entender por qué no hubo ni un solo decreto rechazado. La Comisión está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, ‘respetando la proporción de las bancadas de cada Cámara’. Así, dos tercios de los integrantes hoy son oficialistas” (bueno, lo del énfasis). Como se dijo más arriba, lo habitual es, precisamente, que las comisiones reflejen la composición política del cuerpo. Pero decir “sembrado” parecería indicar que se introdujo en la norma así, sin que nadie se dé cuenta y entre gallos y medianoche (para usar las frases conocidas). En todo caso, se podrá decir que, respecto de esta comisión, no se innovó en lo que es de práctica; que, tal vez, por la naturaleza de sus funciones se podría haber previsto otra cosa. Pero no, la frase está “sembrada”, y, ahora, germinó con una composición desequilibrada. En vez de elucubraciones botánicas, tal vez podría haber sido más interesante inquirir por qué la oposición consiente semejante desproporción.
A continuación se realiza una afirmación que no he podido verificar por otros medios. En este caso, se le hace decir a una especialista –quien no tiene nada que ver con el informe que se viene citando– que, aparentemente, el Poder Ejecutivo cuando dicta un DNU tendría la picardía de no aclarar que lo hace en uso del mecanismo del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Con ese solo artilugio, bastaría para que los legisladores alcahuetes se abstengan de ejercer el control al que la CN los obliga. Y, como siempre, los de la oposición se callan la boca. Suena raro, pero en la línea de aseveraciones insólitas podría pasarse por alto: los integrantes de la comisión –todos– sólo están para arrodillarse ante el Poder Ejecutivo. Su sola enunciación pone de manifiesto que la cuestión debe pasar por otro lado.
Pongámonos de acuerdo en algo como para cerrar esta primera parte del comentario: el control de los DNUs es deficiente; la idea de incluirlos en la reforma de 1994 tenía como fin su freno, y resultó todo lo contrario. Puede haber muchas cosas para decir, pero la cuestión es ¿por qué se debe inventar y elucubrar? ¿Informar al “gran público” es sinónimo de falta de rigor? Continuará…

jueves, 1 de mayo de 2008

La noticia que no fue

Dicen que cuando un perro muerde a una persona no es noticia, pero sí al revés. Del mismo modo, si el Jefe de Gabinete efectivamente va a rendir su informe a alguna de las Cámaras del Congreso, merece poco espacio; pero si se excusa, es noticia de primera plana. En general, cuando ocurre esto último, se prefiere interpretar que el Jefe de Gabinete no cumple con su obligación constitucional, pero -justo es decirlo- en varias ocasiones los legisladores deciden que es mejor invertir su tiempo en otra cosa.
Ayer, 30 de abril, Alberto Fernández concurrió al Senado de la Nación. Durante toda la tarde se especuló si se iba a presentar o no, por lo motivos por todos conocidos. Finalmente, con casi seis horas de demora (¡horror!) comenzó la sesión informativa propiamente dicha.
Un pequeño repaso por los sitios on line de los principales medios permite comprobar la poca importancia que se le adjudica. Es muy poco de lo que uno puede enterarse con su lectura. Hoy es feriado, por lo que no está actualizada la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros (en la que es posible acceder a los informes), pero, para mi sorpresa, sí lo está la del Senado, por lo que es posible bajarse la versión taquigráfica provisoria de la sesión de ayer. Para los medios, no pasó ni se dijeron cosas demasiado interesantes, apenas algunas referencias al conflicto con los productores rurales. Es posible. Evidentemente, un perro mordió a una persona.

martes, 29 de abril de 2008

Y dale con Patti

Es verdad. Los miembros de los poderes legislativos no generan muchas noticias. Posiblemente sí haya algunos hechos que podrían ser reflejados en los medios: la presentación de un proyecto, un evento, la opinión sobre determinado asunto. Como la mayoría de los legisladores nacionales pasan parte del tiempo en sus provincias (algún día tal vez tengamos oportunidad de comentar esta cuestión, si es que llegara a ser noticia), es de imaginar que tengan presencia en los medios locales. Pero, bueno, la "crónica diaria" es poco generosa con este blog.
Para el "caso Patti" hubo un enorme despliegue mediático, como resulta obvio, y por eso es posible encontrar mucho material (¡gracias aborigen belicoso!). Por este motivo, aquí vamos otra vez con Luis Abelardo.
En este artículo de La Nación del 17 de abril, Adrián Ventura, prestigioso periodista y profesor de la Facultad de Derecho de la U.B.A., dice:
Así, Patti [luego del fallo de la Corte que posibilitó su libertad] intentará asumir, pero, sea que lo logre o no, seguirá teniendo fueros hasta el vencimiento de su mandato: durante ese tiempo, no podrá ser enjuiciado. De esta forma, queda planteada una situación extraña: si Diputados no lo deja asumir, Patti seguirá con fueros y en libertad, sin poder ser enjuiciado y, al mismo tiempo, se habrá abierto un conflicto de poderes entre Diputados y la Corte. En cambio, si la Cámara baja lo deja asumir, podrá desaforarlo inmediatamente. (Énfasis agregado)

En dos oportunidades, se dice que, luego del fallo de la Corte -el que estableció que la Cámara de Diputados se había extralimitado al rechazar la incorporación de Patti-, éste no puede ser enjuiciado por los fueros parlamentarios que cualquier ciudadano electo legislador tiene desde el día del comicio (artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional).

A raíz de los hechos conocidos como "las coimas del Senado", el Congreso sancionó la ley 25.320, cuyo artículo 1º dice lo siguiente:

Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un
legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio
político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o
magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero,
remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la
inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador,
funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea
separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara.
(Énfasis agregado).

Pequeña aclaración: los fueros nacieron en Inglaterra con motivo de los conflictos entre el Rey y el Parlamento, y son un privilegio colectivo del cuerpo parlamentario, que se expresa individualmente en cada legislador, tendiente a proteger a la cámara de que se trate de posibles abusos del monarca (detenciones masivas, por ejemplo). Parece razonable que se hayan instalado en la propia naturaleza de la institución parlamentaria, y que se dé por sentada su existencia. Lo que no significa que puedan ser utilizados como un mecanismo para la impunidad individual de los parlamentarios; aunque cada decisión a este respecto es coyuntural, la sanción de la ley mencionada estrechó el margen a las medidas discrecionales.

Como puede observarse en el texto transcripto, la ley es concluyente en el sentido de que el fuero parlamentario no es obstáculo para el inicio, trámite y conclusión de un juicio penal. Únicamente es necesario solicitar el desafuero cuando el juez considera adoptar alguna medida restrictiva de la libertad del imputado (hacerlo concurrir por la fuerza pública a la indagatoria, la prisión preventiva, allanamientos o, directamente, el cumplimiento de la condena).

¿Por qué en la nota se afirma tan contundentemente que Patti no podrá ser enjuiciado? Es difícil saberlo. Tal vez el autor suponga que Luisito no se iba a someter voluntariamente al proceso y que los actos cumplidos hasta ese momento serían nulos y que habían quedado sin ningún valor y que debían ser repetidos y que se debía pedir el desafuero y que la cuestión iba a quedar sin resolver y que los lectores se podían imaginar todo esto y que... tantas suposiciones.

Es llamativo que un caso tan sensible sea tratado con tantos supuestos. Y más llamativo resulta que quien los haga sea el autor de la nota, un notable científico del Derecho Constitucional. Claro, es muy posible que tenga razón, y que, en definitiva, de no haberse aprobado el desafuero "preventivo" como se hizo (¿se lo considerará válido?), la situación podría llegar a haber sido más o menos como la imaginó. Pero alguna precisión hubiera sido bienvenida.