¿Me comentás el proyecto? Cómo no...

En mis infatigables y extensas investigaciones sobre la relación de los medios periodísticos con los cuerpos parlamentarios he podido comprobar que los órganos de prensa provinciales o locales son un poco más generosos que los nacionales en lo relativo a “informar” sobre la presentación de un proyecto por parte de un legislador. En general, se trata de una síntesis del mismo, casi como la publicación de una gacetilla de prensa, y, como tal, completamente acrítica respecto de la iniciativa.
Y sí, surgiría aquí la vieja discusión acerca de si los medios deben informar u opinar, o hacer las dos cosas. En todo caso, podría ser más o menos explícito el criterio de selección de los proyectos a informar, y no sólo el indeterminado “interés del público”, ya que claramente no se pone en su conocimiento ni siquiera una mínima parte de la producción parlamentaria; que la hay, y de todo tipo, color y calidad.
En la edición on line del diario Hoy de La Plata del 25 de mayo, bajo el título Buscan evitar las retenciones de la Nación a la Provincia, puede leerse una crónica de la presentación de un par de proyectos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Además de un título tan sugestivo, dado los acontecimientos que son de dominio público, ¿qué tiene de particular esta noticia?
Desde hace doce años, por lo menos, el Estado federal, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen pendiente la discusión de una nueva distribución de los fondos provenientes de tributos entre las distintas jurisdicciones, la llamada coparticipación federal de impuestos. Sistema que, recordemos, ha cumplido ya setenta años de existencia (no siempre fue igual, obvio), pero que tuvo su partida de nacimiento constitucional con la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 2).
Sin adentrarnos en las sutilezas del actual régimen de coparticipación, puede decirse que, como consecuencia de la adopción de la forma de estado federal y la existencia simultánea de varios niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional —además de la Ciudad de Buenos Aires), el sistema tributario tiene que asegurar los fondos para la subsistencia de todos estos estratos. Si nos imaginamos una recta en la que vamos ubicando las distintas opciones para lograr este objetivo, en un extremo podríamos colocar un sistema en el que cada uno cobra “lo suyo”, y en el otro un régimen en el que lo hace uno de estos niveles y reparte a los demás. La fórmula vigente se ubicaría más cerca de este último.
Para completar el cuadro, es preciso tener en cuenta que la última ley de coparticipación es de 1988 (ley 23.548). Es fácil imaginar que con todas las crisis financieras que aquejaron al sector público desde entonces, haya habido numerosas modificaciones y reformulaciones, en muchos casos vía acuerdos y pactos entre la Nación y las provincias. Uno de ellos (ley 24.130) es el que hace mención el/los proyecto/s de la nota. A pesar de tanto retoque, a pesar de que en la Convención Constituyente se reconoció la necesidad de volver a discutir el sistema para darle un cierto marco de racionalidad, la coparticipación sigue siendo conflictiva y poco satisfactoria para todos los actores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es cada vez más difícil encontrar el equilibrio entre reconocer “monetariamente” que es una de las jurisdicciones que más aporta a la caja, y la solidaridad para lograr el objetivo a largo plazo establecido en la Constitución de que todas las provincias alcancen un grado equivalente de desarrollo.
Con lo que, ¡por fin!, entramos en tema.

¿Qué pretende usted de mí?

Los proyectos comentados tocan este problema, ya que procuran retrotraer una retención acordada en 1992 que la Nación hace de la masa coparticipable (es decir, a todas las jurisdicciones y no sólo a la provincia de Buenos Aires) para utilizar los fondos resultantes en el pago de obligaciones previsionales. Sin entrar en las cuestiones técnicas del asunto, de por sí complicadas (ver este lindo cuadrito), la información que se da sobre aquellos es muy pobre, por decir lo menos.
Para empezar, se transcriben sin realizar ningún análisis crítico párrafos enteros de los proyectos y/o de sus fundamentos, dando por sentado que lo expuesto en ellos es real, lo cual sería aceptable siempre y cuando quedara debidamente aclarado que sólo se transcribe una información provista por el autor, y por qué se elige ese proyecto y no otro. Pero nada de esto ocurre.
Además, se dice que hay dos proyectos —uno de ley y otro de declaración (¡!)— “para derogar la ley nacional 24.130 (sancionada (sic) por Carlos Menem)…”. A esta altura, confío en que los lectores podrán ver claramente que, dichas las cosas de esta manera, no tienen ningún sentido (ver el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires). Tal vez lo único rescatable de toda la nota sea lo atribuido al autor del proyecto en cuanto a que su intención es que se discuta nuevamente todo el sistema. Pero la pobreza técnica de la información es sólo comparable con la de los proyectos, lo que parece haber facilitado su rechazo por el bloque oficialista. Uno podría preguntarse si había una real intención de discutir el asunto por parte del autor, o si, simplemente, con la publicación de la noticia, ya estaba el objetivo logrado. Y, de nuevo, cuál es el propósito del diario Hoy de La Plata al informar sobre este asunto.