sábado, 31 de mayo de 2008

Publicitario se busca

Ante la falta de noticias sobre cuestiones parlamentarias, o de mi incapacidad para encontrarlas, paveando un poco por ahí, encontré este aviso en Youtube que, la verdad, no podría ser calificado de "joyita". Forma parte de una campaña publicitaria para mejorar la imagen de la Cámara de Diputados de México en la que se invirtió (o gastó, según se quiera) unos $ 1.800.000. ¿Se imaginan una campaña de este tipo aquí? ¿Cuánto podría durar?

Algunos de los otros avisos son, en mi opinión, francamente detestables (como éste), pero evidencian una verdad de perogrullo: los diputados están ahí para "generar acuerdos". Que tengan voluntad y capacidad, como dicen, ya es otra historia. Pero si es lo primero que se debería exigir a los candidatos, por la magia de la comunicación social, se transformó en un enorme contrato moral para los electos (sin ningún tipo de alusión partidaria).

Sería interesante ver a los Lanatas, Lauras Serras, Morales Solás y demás hablando e ironizando sobre este compromiso asumido por los legisladores de hacer, finalmente, lo que deben.

lunes, 26 de mayo de 2008

¿Me comentás el proyecto? Cómo no...

En mis infatigables y extensas investigaciones sobre la relación de los medios periodísticos con los cuerpos parlamentarios he podido comprobar que los órganos de prensa provinciales o locales son un poco más generosos que los nacionales en lo relativo a “informar” sobre la presentación de un proyecto por parte de un legislador. En general, se trata de una síntesis del mismo, casi como la publicación de una gacetilla de prensa, y, como tal, completamente acrítica respecto de la iniciativa.
Y sí, surgiría aquí la vieja discusión acerca de si los medios deben informar u opinar, o hacer las dos cosas. En todo caso, podría ser más o menos explícito el criterio de selección de los proyectos a informar, y no sólo el indeterminado “interés del público”, ya que claramente no se pone en su conocimiento ni siquiera una mínima parte de la producción parlamentaria; que la hay, y de todo tipo, color y calidad.
En la edición on line del diario Hoy de La Plata del 25 de mayo, bajo el título Buscan evitar las retenciones de la Nación a la Provincia, puede leerse una crónica de la presentación de un par de proyectos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Además de un título tan sugestivo, dado los acontecimientos que son de dominio público, ¿qué tiene de particular esta noticia?
Desde hace doce años, por lo menos, el Estado federal, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen pendiente la discusión de una nueva distribución de los fondos provenientes de tributos entre las distintas jurisdicciones, la llamada coparticipación federal de impuestos. Sistema que, recordemos, ha cumplido ya setenta años de existencia (no siempre fue igual, obvio), pero que tuvo su partida de nacimiento constitucional con la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 2).
Sin adentrarnos en las sutilezas del actual régimen de coparticipación, puede decirse que, como consecuencia de la adopción de la forma de estado federal y la existencia simultánea de varios niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional —además de la Ciudad de Buenos Aires), el sistema tributario tiene que asegurar los fondos para la subsistencia de todos estos estratos. Si nos imaginamos una recta en la que vamos ubicando las distintas opciones para lograr este objetivo, en un extremo podríamos colocar un sistema en el que cada uno cobra “lo suyo”, y en el otro un régimen en el que lo hace uno de estos niveles y reparte a los demás. La fórmula vigente se ubicaría más cerca de este último.
Para completar el cuadro, es preciso tener en cuenta que la última ley de coparticipación es de 1988 (ley 23.548). Es fácil imaginar que con todas las crisis financieras que aquejaron al sector público desde entonces, haya habido numerosas modificaciones y reformulaciones, en muchos casos vía acuerdos y pactos entre la Nación y las provincias. Uno de ellos (ley 24.130) es el que hace mención el/los proyecto/s de la nota. A pesar de tanto retoque, a pesar de que en la Convención Constituyente se reconoció la necesidad de volver a discutir el sistema para darle un cierto marco de racionalidad, la coparticipación sigue siendo conflictiva y poco satisfactoria para todos los actores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es cada vez más difícil encontrar el equilibrio entre reconocer “monetariamente” que es una de las jurisdicciones que más aporta a la caja, y la solidaridad para lograr el objetivo a largo plazo establecido en la Constitución de que todas las provincias alcancen un grado equivalente de desarrollo.
Con lo que, ¡por fin!, entramos en tema.

¿Qué pretende usted de mí?

Los proyectos comentados tocan este problema, ya que procuran retrotraer una retención acordada en 1992 que la Nación hace de la masa coparticipable (es decir, a todas las jurisdicciones y no sólo a la provincia de Buenos Aires) para utilizar los fondos resultantes en el pago de obligaciones previsionales. Sin entrar en las cuestiones técnicas del asunto, de por sí complicadas (ver este lindo cuadrito), la información que se da sobre aquellos es muy pobre, por decir lo menos.
Para empezar, se transcriben sin realizar ningún análisis crítico párrafos enteros de los proyectos y/o de sus fundamentos, dando por sentado que lo expuesto en ellos es real, lo cual sería aceptable siempre y cuando quedara debidamente aclarado que sólo se transcribe una información provista por el autor, y por qué se elige ese proyecto y no otro. Pero nada de esto ocurre.
Además, se dice que hay dos proyectos —uno de ley y otro de declaración (¡!)— “para derogar la ley nacional 24.130 (sancionada (sic) por Carlos Menem)…”. A esta altura, confío en que los lectores podrán ver claramente que, dichas las cosas de esta manera, no tienen ningún sentido (ver el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires). Tal vez lo único rescatable de toda la nota sea lo atribuido al autor del proyecto en cuanto a que su intención es que se discuta nuevamente todo el sistema. Pero la pobreza técnica de la información es sólo comparable con la de los proyectos, lo que parece haber facilitado su rechazo por el bloque oficialista. Uno podría preguntarse si había una real intención de discutir el asunto por parte del autor, o si, simplemente, con la publicación de la noticia, ya estaba el objetivo logrado. Y, de nuevo, cuál es el propósito del diario Hoy de La Plata al informar sobre este asunto.

martes, 20 de mayo de 2008

De sesiones especiales, autismos y galerías

En La Nación de hoy, se publica, con la firma de Laura Serra, la nota La oposición busca derogar por ley las retenciones móviles. Como no pretendo ser comentarista político, voy a dejar de lado el (poco cuestionado) súbito e incondicional enamoramiento de la oposición con “el campo” reflejado en el artículo (¿se nota mi estilo periodístico de introducir un tema con medias palabras?); como siempre, mi interés se va a centrar en aspectos tal vez menores de la cuestión, pero que, sumados, creo que podrían hacer a lo que ahora se llama “calidad institucional”.
Aunque todavía no se dice nada sobre la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados (que sí está citada para hoy, ver agenda de la HCD), desde hace unos días se menciona una sesión especial pedida por bloques no oficialistas a realizarse hoy para “derogar las retenciones móviles”.
¿Qué es una sesión especial? El artículo 35 del Reglamento de la CD establece: “Las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión.” Mientras que el 36 dice: “En cualquiera de los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubiesen determinado, o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de los diputados que soliciten la sesión.” El Reglamento del Senado es parecido, pero no igual (artículos 19 y 20).
Como puede observarse, el pedido y citación de una sesión especial no parece ser algo demasiado extraordinario o dificultoso. Que se realice efectivamente es otra cuestión bien distinta. El requerimiento de una sesión especial es un mecanismo muy habitual que suele tener como único objeto dejar “expuesto” el poco interés del oficialismo en debatir algún asunto, y dejar sentada la posición de los bloques no oficialistas, ya que, al no presentarse el bloque del gobierno-mayoría, la sesión no puede realizarse por falta de quórum, y se realizan lo que se conoce como “manifestaciones en minoría”: discursos encendidos sobre el tema, la necesidad de aprobarlo, la actitud autista de la mayoría, etc. (son las cosas que se suelen decir). (Ejemplos, algo antiguos a propósito, aquí, aquí y aquí).
En conclusión, en estos veinticinco años de funcionamiento del Congreso, es rarísimo que una sesión especial se lleve a cabo si no la requiere el oficialismo (del signo que sea). Una vez que conocemos esto, entonces sí podremos cuestionar o el autismo o el actuar “pour la gallerie”, lo que más nos guste o veamos más ajustado. Y vamos a entender lo poco feliz que es la frase del artículo “Aguad, junto con Pinedo, Adrián Pérez (Coalición Cívica), Norma Morandini (Memoria y Democracia) y Laura Sesma (socialismo), entre otros, organizan la sesión especial de hoy. El objetivo es derogar la polémica resolución que instauró el sistema de retenciones móviles. Será una misión difícil de cumplir, pues aunque estén unidas, se hallan en minoría.” Qué querrá decir con lo de “organizan”, ¿no? Les bastó con una notita dirigida al Presidente de la Cámara para poner en marcha el sistema. ¿O es que las galerías del recinto de Diputados van a rebosar de asistentes? Ya veremos…
En la reseña sobre los distintos proyectos presentados sobre el tema, pone como si fuera uno solo los que fueran presentados por un diputado (Lozano) y un senador (Martínez), algo imposible y que, además, no tienen nada que ver uno con otro. ¿La precisión? Bien, gracias.

sábado, 17 de mayo de 2008

Nada que agradecer

Un pequeño aporte para el relato mediático: al día de hoy no consta en la agenda del trabajo de las comisiones que se publica en el sitio web de la Cámara de Diputados que la Comisión de Agricultura y Ganadería haya sido citada para continuar con el trabajo iniciado el martes pasado, pese al anuncio de su Presidente. La publicación de esta agenda refleja todas las citaciones que le llegan a una oficina administrativa (le comunican todas, vale aclarar). En caso de producirse, ¿se informará que la comisión interrumpió la vía de diálogo que, en los hechos, se había abierto esta semana? El martes lo sabremos…

martes, 13 de mayo de 2008

¿Comisión? ¿Qué comisión?

Un poco después de las 17:30 horas de hoy martes 13 comenzó la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados con un extenso temario de proyectos que, tal vez, podrían tener algún efecto respecto de los reclamos de los productores agropecuarios. La sala de reuniones estaba llena de periodistas, había tres cámaras de televisión, fotógrafos, movileros, etc.
Pese a todo este despliegue, si quisiéramos enterarnos de qué pasó en esa reunión, posiblemente abandonemos el intento, porque en las ediciones on line de Clarín, La Nación, El Cronista e Infobae el tema no existe. En Crítica Digital lo trata en forma tangencial. Estos medios, sí, le dieron mucho espacio a la reunión de las ya famosas cuatro entidades con diputados y senadores de la oposición. A eso de las 20:00 horas, ninguno de los canales de noticias se ocupaba del asunto. En toda la edición de Telenoche, no hubo una sola palabra sobre la reunión, pese a que había un periodista informando sobre el acto y solicitando declaraciones a uno de los ruralistas, y otro en la sala de la comisión, o, por lo menos, lo había cuando abrió la reunión. Entre otras cosas, además, me pude enterar que María Laura Santillán va a mirar el partido de Boca de mañana.
El presidente de la comisión anunció públicamente que todos los martes van a reunirse hasta considerar todos los proyectos relativos a la problemática. Que se vaya a hacer realidad o surja algún resultado positivo es otra cosa. A los fines de este comentario en realidad no importa. Lo que sí importa es que se supone que es un paso de la Cámara de Diputados para dejar de estar ausente en este contexto de conflictividad y clima enrarecido. La semana pasada se le dio cierta trascendencia a esta decisión del oficialismo de abrir el debate, pero, una vez abierto, el tema no existe. Una vez más se puede comprobar que los legisladores son importantes para los medios en tanto dirigentes políticos, pero no en cuanto a sus actividades estrictamente parlamentarias.
Ah, si el lector quiere enterarse de algo sobre la reunión de la comisión, puede hacer click aquí.

sábado, 10 de mayo de 2008

¿Vamos a mirar los lirios del campo?

Desde hace cerca de sesenta días que casi de lo único que se habla es de los reclamos de los productores agropecuarios. Salvo por los sendos debates que se produjeron en la Cámara de Diputados y en el Senado el 26 de marzo pasado, el Congreso pareció estar ausente. Esta situación se revertiría la semana que viene de acuerdo a la agenda de la Comisión de Agricultura y Ganadería que se publicó en la página web de diputados.
En la edición del 9 de mayo de La Nación se da cuenta de esto en la nota “El oficialismo quiere debatir sobre el agro en el Congreso”, de la periodista Laura Serra. Según su autora, este impulso tendría dos lecturas; una de ellas sería “dilatar los tiempos en las negociaciones con el campo. Dar gestos al sector, pero no someterse a los plazos que imponen los dirigentes agropecuarios es la estrategia del Gobierno. El Congreso, donde el tratamiento de un proyecto puede demorar meses, es el ámbito ideal” (énfasis agregado”).
Luego de casi veinticinco años de funcionamiento ininterrumpido del Congreso, debería haber quedado claro que sus tiempos son claramente coyunturales, como (¿tal vez?) no podría ser de otra manera. Efectivamente, esa batería de proyectos podría tardar meses en ser aprobados, o años. Pero también semanas, días u horas. Sobre cada uno de estos plazos hay ejemplos. Desde un punto de vista inocente, se podría requerir que se tomen el tiempo necesario para que se apruebe la mejor norma posible. Ya veremos.
Por este motivo, lo dicho por la periodista —quien bien podría haber aclarado si es de su propia cosecha, o si refleja la opinión de alguno de los actores de esta tragicomedia— es insuficiente. ¿El Congreso dilata porque se toma meses, o se va a tomar meses para dilatar? Si la opción fuera la primera, ¿por qué sólo se habla de meses, si es posible cualquier plazo?

miércoles, 7 de mayo de 2008

El fin NO justifica los medios (qué novedad) - Parte II

Seguimos con el análisis del artículo de Clarín sobre la actividad de la Comisión Bicameral Permanente, cuya primera parte se puede ver en el post anterior.
Recordemos que el informe dice basarse en un trabajo de la ONG CIPPEC, aunque se mezclan distintas fuentes y se deslizan interpretaciones –erradas– como si pertenecieran al texto original. Prueba de esto es el párrafo siguiente: “Aunque reconocen un buen acceso a la información de su trabajo, los analistas de CIPPEC critican que la Bicameral sea presidida por un legislador oficialista y que no haya cumplido con la obligación de reunirse cada vez que el Presidente firmaba un DNU, lo que debía ocurrir por ser una comisión ‘permanente’. De hecho, su tarea se suspendió durante tres meses, entre el 8 de agosto y el 7 de noviembre. ¿El motivo? La campaña electoral” (énfasis agregado, que, además, no figura en el informe de la ONG). La comisión tiene el carácter de permanente. En la jerga parlamentaria, se llama así a las comisiones cuya existencia no tiene un plazo de duración. Tal carácter no significa que deban estar “en sesión permanente”, algo virtualmente imposible. Efectivamente, la comisión, junto con el Congreso, suspendió sus actividades por la campaña electoral. Se podrá decir que los legisladores que la integran tienen una responsabilidad institucional más marcada y cuestionar su inasistencia, lo que evidentemente se enmarca en una discusión mucho más amplia: los legisladores son, obviamente, políticos que ocupan ese cargo por el voto popular, el cual deben “ir a buscar” para poder ser diputados o senadores (o gobernadores, como es el caso del ex Presidente de la comisión, Jorge Capitanich); si no hacen campaña, ¿cómo vuelven a acceder al cargo de legisladores? ¿Tal vez queramos discutir la reelección de los parlamentarios? Obviamente, esto es otro asunto.
También que se dice que “En ese receso esquivaron la mirada legislativa cuatro decretos”. Aquí corresponde hacer mención al comentario que hiciera Andy Tow a la primera parte de esta nota. ¿Cuál es el trabajo de una comisión, aun de una tan particular como esta? Asesorar al pleno en la manufactura de una decisión. Las cámaras necesitan a las comisiones para esto, pero sus dictámenes no son imprescindibles. El propio autor hace mención de que la comisión sí consideró los decretos, aunque fuera del plazo estipulado. Este análisis fuera de término no fue cuestionado por las cámaras. De nuevo: sí es cuestionable que se interrumpa su actividad, pero esta interrupción no significa de ningún modo que los DNUs “esquiven” la mirada legislativa.
Volvamos al puntillismo. El párrafo completo dice: “En ese receso esquivaron la mirada legislativa cuatro decretos. Uno de ellos, el 1108/07 —firmado por Néstor Kirchner el 16 de agosto—, modificaba la ley de Presupuesto para reasignar y distribuir partidas por 1.400 millones de pesos. Nada menos. Con la velocidad de siempre, el DNU fue finalmente aprobado en la reunión del 7 de noviembre, y refrendado por el pleno del Congreso mediante una resolución durante la maratónica sesión del 19 de diciembre. ‘Acepto las objeciones’, se excusó entonces el ex presidente de la Bicameral y actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. ‘Razones de campaña electoral impidieron el normal desenvolvimiento de las reuniones’. Una curiosa admisión”. El “pleno del Congreso” no existe. El Poder Legislativo es bicameral, hay dos cámaras con casi las mismas atribuciones y funciones, y que funcionan por separado. En contadas ocasiones se reúnen diputados y senadores (reunión a la que se llama “asamblea legislativa”) con objetos muy especiales: recibir el juramento del Presidente de la Nación electo, escuchar sus discursos al inicio de las sesiones ordinarias de cada año, elegir al Presidente en situaciones de acefalía (¿recuerdan esa semanita de fines de 2001 y comienzos de 2002?). En fin, los dictámenes de la comisión bicameral no son considerados por el “pleno del Congreso”. De hecho, el decreto que hace mención el articulista fue aprobado únicamente por la Cámara de Diputados (el 19 de diciembre, sí), pero no por el Senado. Aún.
Además queda por preguntar, por molestar nomás, cuándo y dónde hizo Capitanich la “curiosa admisión” que le adjudica, ya que él era senador, por lo tanto no participa de las sesiones de los diputados, y para el 19 de diciembre ya había asumido como gobernador del Chaco. En fin.
El siguiente párrafo hace mención a la prohibición de sanción ficta que establece el artículo 82 de la CN. De haberse receptado este mecanismo, bien podría haberse dado la situación de que los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso se los considere por aprobados por el mero paso del tiempo. Estoy especulando, obvio, ya que las ramificaciones podrían ser muchas en este asunto. En lo que respecta a los DNU, la idea de la UCR (que rechazó tajantemente la incorporación del mecanismo en la Convención) iba exactamente en el sentido contrario a como quedó delineado el sistema de control. Los convencionales de la UCR entendían que la expresión del artículo 82 de la CN según la cual “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente”, cerraba toda posibilidad para que los DNUs tengan efectiva vigencia sin el acuerdo del Congreso (se puede ver esto en la sesión del 28 de julio de 1994, el discurso del convencional Ortiz Pellegrini, página 2438). Una pequeña investigación, podría haber ayudado al articulista a reforzar su visión.
Para terminar, se puede ver que un tema en el que había infinidad de cosas para criticar y puntualizar está tratado bien por encima. Parece que siempre se debe preguntar el objeto de tanta ligereza. ¿Habrá respuesta alguna vez?

domingo, 4 de mayo de 2008

El fin NO justifica los medios (qué novedad) - Parte I

El tema de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) es de los más meneados últimamente. Su generosa utilización por parte de todos los presidentes desde Carlos Saúl I, y su reconocida potencialidad de desequilibrio del sistema institucional, es justificativo más que suficiente para que los especialistas le hayan deparado su atención, y para que hayan sido objeto de una regulación parcial en la reforma constitucional de 1994.
Hasta hace un tiempo atrás, uno de los tópicos en cualquier paper sobre el tema era la omisión del Congreso de crear la Comisión Bicameral Permanente (así denominada por la Constitución Nacional) encargada de iniciar el análisis que el Poder Legislativo debería realizar a este tipo de normas, así como del ejercicio de las facultades delegadas y de los vetos (o promulgaciones) parciales. Dicha omisión fue “subsanada” en julio de 2006 mediante la sanción de la ley 26.122, la que reglamentó el “paso parlamentario” de los DNU y las otras normas mencionadas, lo que no se pudo realizar en la Convención Constituyente de 1994 por falta de acuerdo en la “letra chica” entre los bloques mayoritarios. (A este respecto, puede verse la inserción solicitada por el Convencional Constituyente Miguel A. Ortiz Pellegrini al diario de sesiones -versión electrónica- del 01/08/1994 de la Convención Constituyente, página 2790 y siguientes.) La comisión comenzó a funcionar efectivamente en noviembre de 2006.
Pero vayamos de a poco: hay una vieja frase, que se le suele atribuir a Perón, según la cual, ante la existencia de una cuestión que se pretende que quede en vía muerta, se debe designar una comisión (agradeceré mucho a quien pueda dar una referencia concreta de tales dichos). En mi opinión, esta máxima es totalmente inaplicable al Poder Legislativo, ya que sería casi imposible que se apruebe nada en su ámbito si no existieran las comisiones. Entonces, ¿qué es una comisión parlamentaria? Estos “minicuerpos” parlamentarios son ámbitos más o menos reducidos formados por legisladores con una cierta especialización y competencia en razón de la materia. Es aquí donde se hacen las primeras exploraciones en la búsqueda del consenso, en donde se analiza su condición de posibilidad. Como las soluciones políticas presuponen a las técnicas, es aquí donde se analizan y seleccionan las distintas opciones.
Lo habitual es que su integración refleje, en lo posible, la composición política de la cámara de que se trate, es decir que si el bloque A tiene la mayoría absoluta, la tendrá en todas y cada una de las comisiones de ese cuerpo. El bloque que le siga tendrá la primera minoría, y así. Claro que en situaciones de atomización, esto se dificulta bastante, pero existen distintos mecanismos para superar este problema.
Esta larga introducción viene a cuento por el artículo que se publica en Clarín del 04/05/2008, titulado “La Comisión que controla decretos los aprobó a todos”, plagado de inexactitudes, suposiciones y frases a medias. Aclaremos desde ya que la noticia en sí misma es preocupante, digna de llegar al conocimiento general y merecedora de un amplísimo debate, pero las bases en que se sustenta son endebles desde todo punto de vista.
El artículo dice basarse en un informe al que dice haber tenido acceso “exclusivo” de la ONG CIPPEC, el que puede ser consultado aquí.
Se comienza diciendo: “Con doce años de retraso y teñida de pequeñas trampas y chicanas, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo nació a fines de 2006 como válvula de escape ante la recurrente ola de reclamos que piden mejorar la calidad institucional” (énfasis agregado). Aunque esto suene más a corrección de estilo que a crítica por el desconocimiento del procedimiento parlamentario, se le podría preguntar al autor concretamente cuáles son las trampas y chicanas, en qué las observa, si es en la ley de creación de la comisión, en su funcionamiento, en sus dictámenes. Es muy poco claro, pero es un recurso habitual. Se podría suponer que las respuestas surgen de lo que se expone a continuación, pero no es así.
Más adelante dice: “Desde entonces, más de 40 proyectos de ley de creación de la famosa Comisión frustrados, y una bizantina discusión para fijar su composición, potestades y límites” (como siempre, énfasis agregado). A veces, pareciera que toda discusión en el Congreso es, por definición, bizantina. O, por lo menos, así lo suelen ver en algunos medios. Hace un tiempo atrás a los alumnos de Teoría y Derecho Constitucional de la carrera de Ciencia Política, los hacía trabajar medio cuatrimestre sobre la posible reglamentación de esta comisión bicameral. La primera parte del trabajo consistía en identificar las cuestiones que la ley debería contener. ¿Cuáles eran? Sí, efectivamente. Aquellas bizantinas como la composición, potestades, límites y muchos otros. De acuerdo a si los alumnos adoptaban el punto oficialista o el de la oposición (y, dentro de ella, sus matices), los puntos a reglamentar podían variar en contenido o en profundidad. Pero lo que descubrían enseguida es que las discusiones podían ser cualquier cosa menos bizantinas.
Al final del mismo párrafo, aparece una afirmación osada más: “Otro detalle, sembrado en aquel momento, permite entender por qué no hubo ni un solo decreto rechazado. La Comisión está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, ‘respetando la proporción de las bancadas de cada Cámara’. Así, dos tercios de los integrantes hoy son oficialistas” (bueno, lo del énfasis). Como se dijo más arriba, lo habitual es, precisamente, que las comisiones reflejen la composición política del cuerpo. Pero decir “sembrado” parecería indicar que se introdujo en la norma así, sin que nadie se dé cuenta y entre gallos y medianoche (para usar las frases conocidas). En todo caso, se podrá decir que, respecto de esta comisión, no se innovó en lo que es de práctica; que, tal vez, por la naturaleza de sus funciones se podría haber previsto otra cosa. Pero no, la frase está “sembrada”, y, ahora, germinó con una composición desequilibrada. En vez de elucubraciones botánicas, tal vez podría haber sido más interesante inquirir por qué la oposición consiente semejante desproporción.
A continuación se realiza una afirmación que no he podido verificar por otros medios. En este caso, se le hace decir a una especialista –quien no tiene nada que ver con el informe que se viene citando– que, aparentemente, el Poder Ejecutivo cuando dicta un DNU tendría la picardía de no aclarar que lo hace en uso del mecanismo del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Con ese solo artilugio, bastaría para que los legisladores alcahuetes se abstengan de ejercer el control al que la CN los obliga. Y, como siempre, los de la oposición se callan la boca. Suena raro, pero en la línea de aseveraciones insólitas podría pasarse por alto: los integrantes de la comisión –todos– sólo están para arrodillarse ante el Poder Ejecutivo. Su sola enunciación pone de manifiesto que la cuestión debe pasar por otro lado.
Pongámonos de acuerdo en algo como para cerrar esta primera parte del comentario: el control de los DNUs es deficiente; la idea de incluirlos en la reforma de 1994 tenía como fin su freno, y resultó todo lo contrario. Puede haber muchas cosas para decir, pero la cuestión es ¿por qué se debe inventar y elucubrar? ¿Informar al “gran público” es sinónimo de falta de rigor? Continuará…

jueves, 1 de mayo de 2008

La noticia que no fue

Dicen que cuando un perro muerde a una persona no es noticia, pero sí al revés. Del mismo modo, si el Jefe de Gabinete efectivamente va a rendir su informe a alguna de las Cámaras del Congreso, merece poco espacio; pero si se excusa, es noticia de primera plana. En general, cuando ocurre esto último, se prefiere interpretar que el Jefe de Gabinete no cumple con su obligación constitucional, pero -justo es decirlo- en varias ocasiones los legisladores deciden que es mejor invertir su tiempo en otra cosa.
Ayer, 30 de abril, Alberto Fernández concurrió al Senado de la Nación. Durante toda la tarde se especuló si se iba a presentar o no, por lo motivos por todos conocidos. Finalmente, con casi seis horas de demora (¡horror!) comenzó la sesión informativa propiamente dicha.
Un pequeño repaso por los sitios on line de los principales medios permite comprobar la poca importancia que se le adjudica. Es muy poco de lo que uno puede enterarse con su lectura. Hoy es feriado, por lo que no está actualizada la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros (en la que es posible acceder a los informes), pero, para mi sorpresa, sí lo está la del Senado, por lo que es posible bajarse la versión taquigráfica provisoria de la sesión de ayer. Para los medios, no pasó ni se dijeron cosas demasiado interesantes, apenas algunas referencias al conflicto con los productores rurales. Es posible. Evidentemente, un perro mordió a una persona.