sábado, 17 de abril de 2010

Tratando de evitar el veto... ¿inútilmente?

El barullo que se armó sobre la modificación a la ley que establece el impuesto a los débitos y créditos bancarios es otro capítulo más del interminable conflicto que se está dando en el Congreso. Es posible que esté equivocado, pero me parece que debe ser la primera vez que a un impuesto se le elimina el tener asignación específica y pasa a ser coparticipable, por lo cual no habría antecedentes directamente aplicables. Ante el hecho consumado de una interpretación contraria a sus intereses, el oficialismo reaccionó mediáticamente, tal y como lo hace el no oficialismo. Pero batallar en pos de evitar que la Presidenta interponga el veto lo veo como una causa perdida si es que en Diputados van a tener más o menos los mismos 140 votos que tuvieron para rechazar el DNU de las reservas. Ya veremos... nada hay seguro en este Nuevo Congreso Despertado.

De todos modos, comparto con los lectores una nueva misiva de mi colaborador espontáneo con seudónimo estrafalario, quien recuerda algún conflictillo entre las dos cámaras del Congreso. Con ustedes, Matildo:

Súbita conmoción causó en el solaz del ejercicio de mi oficio las inquietantes versiones acerca de una obscena violación a la sección orgánica de Constitución de la República, consumada a altas horas de la madrugada en el Senado de la Nación.


En efecto, diversos medios informan que la jefa suprema de la Nación acusó a su suplente y custodio de los sufragios en la Cámara alta de haber permitido que una modificación a la distribución de una contribución coparticipable fuera despachada por el cuerpo sin la mayoría agravada de la totalidad de sus miembros que exige la norma fundamental.


Lejano a mi interés es abonar su aburrimiento con una discusión doctrinaria acerca de si la exigencia de ese número de voluntades legisferantes aplica o no al caso. Ya prestigiosos constitucionalistas y dirigentes se han despachado abundantemente al respecto y me temo que sería poco lo que este servidor podría agregar a ese arduo debate. Mas antes que el contencioso llegue a la funesta instancia de algún togado, quisiera recordar el sinuoso trámite congresional que tuviera a fines de 1998 la ley del incentivo para los docentes, cuando una sanción del proyecto del Poder Ejecutivo por Diputados fue modificada por el Senado sin mediar la mayoría especial que nos ocupa. Consigna el diario de entradas que en esa oportunidad la presidencia de la Cámara baja remitió en devolución el proyecto a su par en la Cámara alta, expresando que el mismo no estaba en condiciones de ser considerado por el honorable cuerpo en virtud de la omisión de esa rigurosa formalidad constitucional.


Por cierto, aquella vez los bloques políticos apoyaron la resolución de la Presidencia, como así también cabe mencionar que finalmente el pleno de la Cámara rechazó con dos tercios de los votos las enmiendas. Con todo, no menos cierto es que esa medida excepcional de devolver el proyecto sin ser considerado allanó el camino a una negociación que involucró a buena parte del arco parlamentario y el gabinete nacional. En mi labor como auxiliar del pilar de nuestro orden social, he adquirido cierta afición a los pormenores de las apelaciones con que los reos enlentecen su marcha hacia el cadalso, con la nada vana esperanza de una conmutación o anulación de pena. En esa conexión, estimo que el antecedente puede ser de utilidad a quienes interesa el destino del presente embrollo legislativo.


Respetuosamente suyo,


Matildo Arsenio Tereré

Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

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