Calladitos, calladitos

El grupo A en la Cámara de Diputados lleva a las comisiones los dictámenes ya elaborados, y los firma casi sin discutirlos con “el resto”. Leuco, Elisaschev, Nelson Castro, Morales Solá, ¿no tienen nada que decir sobre esto? Aunque es un clásico que la mayoría se olvide de las críticas que realizaba cuando no lo era, muchos de los integrantes de la oposición fueron convertidos en adalides de la democracia por todos aquellos que están utilizando a los medios de comunicación como punta de lanza contra un proyecto político (y, lo que es peor, se dejan usar alegremente por las corporaciones mediático-empresarias). Pero lo cierto es que ya no se habla de “tropa” para referirse a un grupo de legisladores que actúa monolíticamente, ya no se habla de “imposición” para referirse a decisiones adoptadas por una mayoría, ya no se habla de “órdenes” para referirse a votaciones realizadas por legisladores en sintonía con los deseos de los dirigentes de esos diputados o senadores. Los ofendidos de ayer, son quienes callan cómplices hoy.


El martes pasado, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados emitió un dictamen sobre uno de los temas sensibles de los últimos años como es el de la normalización del INDEC. Es posible que su importancia sea tanta como la que tuvo en su oportunidad la regulación de los medios audiovisuales. Sin embargo, las conductas y posicionamientos son diametralmente opuestos: si antes se exigió histérica (¿e histriónicamente?) un debate amplio, hoy el silencio ante su falta es abrumador; si antes se exigió la participación de todos los involucrados, hoy no asustan los gallos y medianoches. A cinco días del suceso, poco y nada se dice de la forma en que el grupo A pretende normalizar a un organismo importante del Estado.

Tropiezo con una frase que, aunque obvia, no deja de llamar mi atención, más que nada por su antigüedad: “la opinión de los gobernados es la base real de todo gobierno” (Albert Dicey, Lectures on the Relation between Law an Public Opinion in England during the Nineteenth Century, Londres, 1905, citado por G. Sartori, Teoría de la Democracia. El debate contemporáneo, Madrid, 2000, p. 117). Si la opinión está deformada, si los datos son parciales, si no se pone a su disposición todos los hechos, mala base puede ser.

Un recuerdo para Gloria

Hoy es de esos días de los que no se entiende nada. Se llega al trabajo de uno, se abre el correo y lo primero que se lee es acerca de una persona que se conoce, pero no tanto como se quisiera; que se aprecia, pero no cuanto ella mereciera; que era reconocida, pero ni de cerca en la medida en que ella se lo ganara. Se abre el correo y nos desayunamos con una de esas noticias que jamás se quisiera escuchar: murió Gloria. Su nombre no es conocido, no aparece en los medios, pero su aporte al buen funcionamiento de la Cámara de Diputados fue (es) inmenso allí sentada frente a la computadora. Su generosidad y afabilidad hacía fácil hacerle cualquier consulta en la seguridad de que alguna respuesta se iba a tener.
La Cámara de Diputados es, como toda organización grande, un micromundo en el que conviven todo tipo de personas, se tejen todo tipo de historias, se exponen todo tipo de miserias y es posible (a veces) ser testigo de las grandezas. Gloria era del grupo de funcionarios desconocidos para el gran público. Todos los días aportaba su enorme granito de arena para hacerle la vida más fácil a todos. Tal vez por eso su aspecto era siempre de cansancio. Seguramente ahora podrá descansar en paz.
Gloria Tavelli murió hoy a la madrugada de un infarto cardíaco siendo muy joven para eso. Hasta siempre.

La repregunta está de feriado

La información sobre proyectos y sanciones existentes en las cámaras del Congreso es a veces un poco difícil de encontrar. En la época previa a Internet y a las computadoras, había pocas opciones, pero ambas cámaras publicaban diariamente la transcripción completa de todos los proyectos que ingresaban. Podía tener uno o dos días de atraso, pero el acceso al texto estaba garantizado por ese medio o, también, por vía de fotocopia, salvando la falta de papel crónica o las fotocopiadoras rotas.
Hoy se puede acceder a los textos completos de los proyectos desde cualquier parte del mundo, tal vez no inmediatamente pero sí con bastante rapidez. Por tal motivo, la información que hoy aparece en Infobae, La Nación y en parlamentario.com no tiene desperdicio: los diputados Aguad y Gil Lozano dicen que no conocen el proyecto por el que se haría feriado el 24 de mayo para facilitar la concurrencia a los actos por el Bicentenario. No sólo eso, la diputada GL acusa al gobierno de hacer las cosas entre gallos y medianoches. El Blog de los Parlamentos quiere colaborar con la actividad parlamentaria de ambos diputados y de sus bloques, y les facilita el vínculo para que puedan leer la iniciativa del Poder Ejecutivo. Llevó aproximadamente cuarenta y cinco segundos de búsqueda en el sitio web de… la Cámara de Diputados. No en un archivo oculto, no entre los papeles de algún espía que circule por los pasillos de la Casa Rosada, no gracias a un amigo con acceso privilegiado al escritorio de la Presidenta.
Pero el problema no es de los diputados, no del todo, por lo menos. Si los periodistas no repreguntan, si no saben o no les interesa que la información sea pública y tan sencilla de ubicar, no podemos pretender que indaguen un poco en la real motivación para oponerse al nuevo feriado. El parlamentario.com dice claramente que la cuestión es hacer difícil hasta lo sencillo, pero no les preguntó cuál podría ser el motivo para ello, y además la publicación “especializada” directamente afirma que el proyecto no llegó al Congreso.
El feriado podrá ser conveniente o inconveniente, pero con este nivel de debate y de periodismo jamás lo sabremos.

El verdugo ilustrado

Nueva colaboración de Matildo:

Estimado colega:
Indisimulable beneplácito imprimió en mi ánimo la noticia de que la Presidencia de la Cámara de Diputados estudiaba el antecedente que le referí en mi anterior misiva, que vuecencia compartiera con la ciudadanía responsable tan amable como de ordinario.
Tampoco escapó a mi atención la celeridad con que respondió el vicejefe de Estado, haciendo expresa mención de esa devolución sin consideración del cuerpo que resolviera más de una década atrás quien entonces se hallaba tercero en esa línea de supremas subrogancias.
No obstante, debo confesar que inertes resultaron mis esfuerzos en aplacar la extrañeza que me produjo el argumento con el que el custodio de la legalidad de los actos senatoriales pretende ahora desestimar la remisión que nos ocupa.
Sostiene su comunicación que "en los antecedentes referidos la duda sobres (sic) las mayorías surgieron después de las sanciones. En este caso, a diferencia de los antecedentes citados, la discusión sobre el encuadramiento constitucional se dio en el pleno de la Cámara, previo a la votación del proyecto y resuelto por los señores y señoras Senadores."
Rotundo fue mi fracaso, caro profesor, al tratar de compadecer estos juicios con la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 23 de setiembre de 1998, que contiene la sanción implicada. Por cuanto el encuadramiento constitucional del proyecto sí fue objeto de discusión previa a la votación y también fue resuelto, a contrario de lo expresado por el señor vicepresidente de la República.
En efecto, es fácil confirmar que el entonces jefe de la bancada de sus correligionarios afirmó que:

El inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara para modificar asignaciones de recursos coparticipables. En consecuencia, si el bloque oficialista insiste en sus modificaciones y la bancada radical mantiene su posición de que se sancione el proyecto tal cual fue remitido por la Cámara de Diputados, no se obtendrá la mayoría necesaria para la sanción.

También, que su par justicialista respondió que la interpretación del bloque mayoritario era que el requerimiento de la mayoría agravada ya había sido cumplimentado en la votación en general, entonces carecía de importancia que no se alcanzara ese número en el tratamiento en particular. Que el presidente de la comisión de asuntos constitucionales secundó esta interpretación, si bien para despejar dudas sugirió que el artículo que asignaba los recursos coparticipables a los salarios docentes fuera apoyado por unanimidad. Y que en la votación que siguió, el bloque minoritario del radicalismo hizo saber a la presidencia que rechazó todas las modificaciones al proyecto venido de la Cámara baja, dejando así constancia que no se alcanzaron los votos que, según su interpretación, eran requeridos.
Hipotetizo que el muy comprensible deseo de mostrase ejecutivo que denota el señor Presidente del Senado conspiró contra una mayor clarificación de los hechos que fundamentan la grave decisión de devolverle una sanción sin considerarla. Hago sinceros votos para que semejante nivel de chapucería no devenga norma si acaso la voluntad sagrada del pueblo decide ungirlo a la primera magistratura.
Infinitamente suyo, lo saludo.
Matildo Arsenio Tereré

Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

En Infobae y Parlamentario se hace una fría crónica de una decisión de impensadas consecuencias que se adoptó hoy temprano en la Cámara de Diputados. Es raro que, acostumbrados a editorializar, los medios guarden un prudente silencio a este respecto.
¿Qué fue lo que se votó? En rigor se trató de una interpretación al artículo 108 del Reglamento de la Cámara, tal y como habilita su artículo 228. Para mayor claridad (?), transcribo ambos:

Artículo 108.- Las comisiones necesitarán para funcionar de la presencia de la mayoría de sus miembros; pero luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria, podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente. La Comisión de Presupuesto y Hacienda podrá hacerlo, en este último caso, con la asistencia de por lo menos la cuarta parte de sus miembros.
Sin embargo, luego de fracasada por falta de número una reunión citada para tratar determinado asunto, el mismo podrá ser considerado y despachado por los miembros que concurran a las reuniones siguientes convocadas con el mismo objeto. En este último caso la impresión se hará con el rótulo «dictamen de comisión en minoría», dejándose constancia de las citaciones realizadas para considerar el asunto y de la asistencia de los miembros a cada una de las reuniones convocadas. Para todos los efectos reglamentarios, estos dictámenes en minoría serán considerados "dictamen de comisión".
Si la mayoría de una comisión estuviere impedida o rehusare concurrir, la minoría deberá ponerlo en conocimiento de la Cámara, la cual, sin perjuicio de acordar lo que estime oportuno respecto de los asistentes, procederá a integrarla con otros miembros, en forma transitoria o definitiva según el caso.
Artículo 228.- Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este Reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente.

¿Cuál fue la duda interpretativa? Como dice la crónica, la Comisión de Asuntos Constitucionales realizó una reunión con 38 de sus 49 miembros presentes, y emitió un dictamen con 22 firmas. Como la práctica es (o era) acreditar la presencia y el voto positivo al dictamen con la firma autógrafa del Diputado, para que se lo pueda considerar como de mayoría hubieran sido necesarias 25 (mayoría absoluta sobre el total de miembros). La interpretación que primó durante la sesión fue que, a partir de ahora, se puede contar con la mayoría absoluta sobre los presentes. Lo cual en sí mismo no es grave ni problemático (de hecho, así se hace en el pleno de la Cámara), pero lo que va a ocurrir es que las comisiones podrán emitir dictámenes casi con una ínfima cantidad de firmas. Casi todas ellas tienen 31 integrantes: funcionando con quórum estricto (16 presentes), se podría despachar un asunto con 9 firmas. Y yendo más allá, de acuerdo a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 108, si pueden llegar a funcionar con 11 de sus miembros (un tercio de los 31), y si pueden dictaminar con la mayoría de los presentes, bastará con que 6 diputados firmen para que el asunto sea despachado. ¿Y el diálogo? ¿Y el consenso? Bien, gracias.

Tratando de evitar el veto... ¿inútilmente?

El barullo que se armó sobre la modificación a la ley que establece el impuesto a los débitos y créditos bancarios es otro capítulo más del interminable conflicto que se está dando en el Congreso. Es posible que esté equivocado, pero me parece que debe ser la primera vez que a un impuesto se le elimina el tener asignación específica y pasa a ser coparticipable, por lo cual no habría antecedentes directamente aplicables. Ante el hecho consumado de una interpretación contraria a sus intereses, el oficialismo reaccionó mediáticamente, tal y como lo hace el no oficialismo. Pero batallar en pos de evitar que la Presidenta interponga el veto lo veo como una causa perdida si es que en Diputados van a tener más o menos los mismos 140 votos que tuvieron para rechazar el DNU de las reservas. Ya veremos... nada hay seguro en este Nuevo Congreso Despertado.

De todos modos, comparto con los lectores una nueva misiva de mi colaborador espontáneo con seudónimo estrafalario, quien recuerda algún conflictillo entre las dos cámaras del Congreso. Con ustedes, Matildo:

Súbita conmoción causó en el solaz del ejercicio de mi oficio las inquietantes versiones acerca de una obscena violación a la sección orgánica de Constitución de la República, consumada a altas horas de la madrugada en el Senado de la Nación.

En efecto, diversos medios informan que la jefa suprema de la Nación acusó a su suplente y custodio de los sufragios en la Cámara alta de haber permitido que una modificación a la distribución de una contribución coparticipable fuera despachada por el cuerpo sin la mayoría agravada de la totalidad de sus miembros que exige la norma fundamental.

Lejano a mi interés es abonar su aburrimiento con una discusión doctrinaria acerca de si la exigencia de ese número de voluntades legisferantes aplica o no al caso. Ya prestigiosos constitucionalistas y dirigentes se han despachado abundantemente al respecto y me temo que sería poco lo que este servidor podría agregar a ese arduo debate. Mas antes que el contencioso llegue a la funesta instancia de algún togado, quisiera recordar el sinuoso trámite congresional que tuviera a fines de 1998 la ley del incentivo para los docentes, cuando una sanción del proyecto del Poder Ejecutivo por Diputados fue modificada por el Senado sin mediar la mayoría especial que nos ocupa. Consigna el diario de entradas que en esa oportunidad la presidencia de la Cámara baja remitió en devolución el proyecto a su par en la Cámara alta, expresando que el mismo no estaba en condiciones de ser considerado por el honorable cuerpo en virtud de la omisión de esa rigurosa formalidad constitucional.

Por cierto, aquella vez los bloques políticos apoyaron la resolución de la Presidencia, como así también cabe mencionar que finalmente el pleno de la Cámara rechazó con dos tercios de los votos las enmiendas. Con todo, no menos cierto es que esa medida excepcional de devolver el proyecto sin ser considerado allanó el camino a una negociación que involucró a buena parte del arco parlamentario y el gabinete nacional. En mi labor como auxiliar del pilar de nuestro orden social, he adquirido cierta afición a los pormenores de las apelaciones con que los reos enlentecen su marcha hacia el cadalso, con la nada vana esperanza de una conmutación o anulación de pena. En esa conexión, estimo que el antecedente puede ser de utilidad a quienes interesa el destino del presente embrollo legislativo.

Respetuosamente suyo,

Matildo Arsenio Tereré

Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

Una verdadera simpleza

Que se le dé importancia en Infobae, no debería sorprender. Que se le dé importancia en La Nación, ya es un poco más criticable, pero a esta altura de su conflicto con el gobierno, su filtro tiene una tolerancia grandísima. Pero que le dé importancia en Parlamentario.com es ya imposible de creer. El Congreso, ¿es una escuela, un hospital o una casa de comidas rápidas? Los diputados y senadores, ¿son empleados en relación de dependencia de sus respectivas cámaras? El Presidente del Senado, ¿es el gerente general de una fábrica? ¿Tiene a su cargo el control del ausentismo? ¿Lo va a hacer siempre y en todos los casos?
Ya es grave que un político utilice argumentos de semejante simpleza, pero que un medio hipotéticamente especializado las reproduzca sin un mínimo comentario o matiz parecer ser indicativo de la baja calidad de sus informaciones y análisis.
Después de más de veinticinco años de funcionamiento ininterrumpido del Congreso, este tipo de argumentaciones deberían ser ampliamente descalificadas e inmediatamente desestimadas en la búsqueda de un estudio serio de la institución parlamentaria y de la dinámica política que la sustenta.
El dar o no dar quórum es un mecanismo más (pero de vida relativamente corta) para poder forzar a un diálogo, a un consenso esquivo. Quien recurra a la fuerza para conseguirlo no hace más que demostrar que le interesa bien poco las opiniones de los forzados, sólo quiere decidir. Y también podría ser lo contrario, si es que a quienes pretenden sesionar no se les atiende el teléfono, por decirlo de algún modo.
Hace tiempo que está claro que en el recinto de un órgano parlamentario no se discute, no se debate, no se negocia: se declama. La discusión, el debate, la negociación se producen en otros ámbitos, lejos de las cámaras y de los micrófonos, no porque sean secretas, sino porque hay etapas de esos intercambios en las que es necesario despojarse de actitudes mediáticas en las que todo parece ser “cuestión de principios” para poder explorar las zonas de interés común.