Entre las chicanas que se vienen blandiendo con motivo del tratamiento del proyecto de ley de medios audiovisuales, me parece destacable la que se refiere a las comisiones que debieran intervenir en su análisis.
Según se informó en un primer momento, a las únicas que se les habría girado el proyecto eran la de Comunicaciones y la de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por diputados oficialistas. Luego el giro se amplió a la de Libertad de Expresión, presidida por una diputada de la UCR. De todos modos, y como no puede ser de otra manera dado que estos cuerpos deben reflejar la composición política de la Cámara, en las tres comisiones el oficialismo tiene mayoría.
Esta ampliación parece no resultar suficiente para el no oficialismo, ya que está reclamando la intervención de otras comisiones como la de Asuntos Constitucionales o Cultura, lo cual no es otra cosa que una chicana, al igual que la pretensión del oficialismo de realizar tres (¿y sólo tres?) maratónicas audiencias públicas de ocho horas cada una.
¿Por qué es una chicana? Si hacemos un repaso del Reglamento de la Cámara de Diputados, veríamos que la mayoría de sus comisiones tendría alguna competencia para considerar un proyecto tan amplio como este. ¿Se podría dejar de lado a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dado el obvio impacto que los medios tienen sobre los chicos? ¿Y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia no tendría nada para decir? El proyecto tiene un capítulo especial sobre los Pueblos Originarios, competencia específica de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Tenemos también a la Comisión de Derechos Humanos, la de Educación, la de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales. En fin, casi podría decirse que no se podría marginar a muy pocas de las comisiones de la Cámara.
Es que las competencias de las cuarenta y cinco comisiones están tan superpuestas que cuando un proyecto es de cierta amplitud sucede esto que venimos reseñando. Por este motivo, desde hace un tiempo la práctica es que haya un máximo de tres comisiones para el análisis de los proyectos, lo cual limita la posibilidad de empantanarlo. Además, se debe tener en cuenta que si se juntaran los miembros de las tres comisiones tendríamos alrededor de ochenta diputados, algo menos de la tercera parte de la Cámara, lo cual es contrario a la idea misma de la tarea en comisión, es decir un grupo más o menos reducido de legisladores con un conocimiento más o menos específico sobre los asuntos estudiando sus aspectos técnicos y a la búsqueda de los primeros consensos.
Así como nadie habla del proyecto en sí mismo (¡es muy difícil de leer!), nadie va analizar estas pequeñas zancadillas parlamentarias. Y nadie va a decir que el apuro no es sólo porque a partir de diciembre va a cambiar la relación de fuerzas en el Congreso (¿cambiará tanto?): con cada renovación de las cámaras, se baraja y se da de nuevo, sin importar si la mayoría sigue siendo mayoría o no. Por supuesto, se debe volver a designar a los integrantes de las comisiones, con lo que todos los dictámenes que se hubieran producido y no hayan sido aprobados por la Cámara, se caen. Tal vez forzar la máquina sea una respuesta poco adecuada a esta situación, tanto como tildar de trucho al Congreso, o, más académicamente, de ilegítimo...
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