Si un periodista puede dar informaciones erróneas, hacer deducciones equivocadas y transmitir imágenes distorsionadas, vamos a suponer que de buena fe, dos de ellos parecen potenciarse terriblemente.
Es el caso de los “especialistas” en temas parlamentarios de La Nación Laura Serra y Gustavo Ybarra, quienes firman en dulce montón una nota sobre la reanudación de la actividad en el Congreso de la Nación. Como no podía ser de otra manera, se hace mención al vencimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo realizada antes de 1994. Repito y subrayo: antes de 1994.
Como para darle una rápida explicación al tema, el próximo 24 de agosto vence la última de las prórrogas de las delegaciones. Antes de la reforma constitucional de 1994, se había establecido la práctica, desarrollada a lo largo de varias décadas, de que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo algunas (o muchas) de sus facultades. Guste o no esta costumbre, está muy lejos de ser un fenómeno argentino exclusivamente. A varias de estas delegaciones, por ejemplo, se las sustenta en el hecho de que los técnicos del Poder Ejecutivo tienen, o pueden tener, un conocimiento más específico y mejor acceso a la información para la toma de decisiones que los legisladores.
Es obvio que las autorizaciones del Congreso argentino van más allá (o mucho más allá) de este supuesto inocente, por llamarlo de alguna manera. Es una imagen habitual “la maraña” para describir el cúmulo de delegaciones de facultades en el Poder Ejecutivo, como se hace en la nota reseñada.
En 1994, la Convención Constituyente, con el alegado propósito de terminar con tal práctica, incorporó a la Constitución Nacional el artículo 76, el que comienza diciendo “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,…”. Si bien parece una barrera muy clara, a continuación prevé dos casos en que se la autoriza. Es decir, está prohibida, pero autorizada. Pero estas delegaciones no entran en la puja que se estaría por abrir próximamente en el Congreso, sino las que se hicieron en forma previa a 1994. Repito y subrayo: en forma previa a 1994. Estas decisiones iban a caducar a los cinco años de aprobada la reforma, salvo las que el Congreso prorrogara. En 1999, aduciendo la imposibilidad de un análisis exhaustivo, se prorrogaron todas las delegaciones, repitiéndose tal proceder en 2002, 2004 y 2006. De esta situación proviene esta aparente espada de Damocles que se cierne sobre las retenciones, así como en una enormidad de temas más.
Pero la información errónea, la deducción equivocada y la imagen distorsionada es la “perlita” que los periodistas afirman que la oposición encontró presumiblemente entre la “maraña” de delegaciones sujeta a decisión el próximo 24 de agosto. Para decirlo en sus palabras: “No sólo eso: en la maraña de legislaciones delegadas algunos diputados opositores descubrieron una perlita: el decreto 1067/2005, por la cual el Gobierno creó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) otorgándole amplias competencias, funciones y potestades punitivas”.
En la maraña de elucubraciones del artículo, este parrafito podría pasar desapercibido, pero mis lectores ya deben estar advertidos de que las notas sobre el Congreso deben leerse con cierto cuidado.
¿Cómo podría incluirse la ratificación de una delegación de 2005, si de lo que estamos hablando es de la legislación delegada previa a 1994?
Además, se habla de “descubrimiento” muy a la ligera. Los periodistas seguramente omitieron hacer una mínima verificación en la propia base de datos de la Cámara de Diputados: el dictado decreto 1067/2005 fue comunicado a la Cámara de Diputados el 1º de septiembre de 2005.
Es verdad, suena lindo y tiene impacto que no sólo las retenciones puedan quedar bajo la lupa por un medio distinto a su tratamiento específico. Suena más lindo y tiene más impacto que un instrumento demonizado en el conflicto interminable con el lobbysmo agropecuario como es el de ONCCA pueda entrar también en este paquete.
Pero, muchachos, como siempre digo, hay tanto para criticar con un mínimo sustento, y ustedes insisten en quedarse con lo primero que le dicen… Es difícil creer que hacen las cosas de buena fe.
Aclaración para juristas: La creación de la ONCCA podría ser interpretada, repito y subrayo, interpretada como producto de alguna delegación previa a 1994. Pero esto puede dar pie a largas discusiones, con argumentos a favor y en contra. Una noticia periodística es un medio inadecuado para reflejarlas, no así el estudio por parte del periodista de las mismas, aunque más no sea para verificar que la información es adecuada. O para reflejar, en el marco de su autoproclamada neutralidad, las distintas posturas sobre un tema. Nada de esto se hizo, y este es siempre el disparador de las entradas de este blog.
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