Estrategias y decretazos

La cuestión de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) es un problema que sigue sin resolverse. Eran una complicación antes de la asunción de Menem, pero que se presentaba cada tanto. Durante la presidencia de este último se convirtieron en avalancha a tal punto que fueron incluidos entre los asuntos a considerar por la Convención Constituyente de 1994. La “solución” que se encontró fue simplemente patear la pelota para adelante: el Congreso los analizaría con el auxilio de una Comisión Bicameral Permanente (nótese la utilización de las mayúsculas por parte de la misma Constitución). De qué manera, con qué alcance, nadie lo sabía. En la propia convención se habló de la falta de acuerdo entre los bloques para avanzar un poco más de lo que se hizo con el texto del artículo 99, inciso 3. Pese a las ideas alborozadas de algunos convencionales, en especial las del ex Presidente Raúl Alfonsín, la interpretación dominante es que el DNU tendrá vigencia y debe ser aplicado siempre y cuando el Congreso no lo descalifique expresamente.
La creación del Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central de la República Argentina para asegurar los pagos de la deuda en 2010 mediante un DNU promete reflotar todas estas discusiones, aunque por ahora estamos en el round de estudio.
Por otro lado, el cocktail se completa con las controversias derivadas de la conformación de la comisión bicameral, reedición de las de la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados y preliminar de la de la Cámara de Senadores. De acuerdo a lo que dispone la ley 26.122 (la que, finalmente, la creó), la comisión está compuesta por ocho senadores y ocho diputados. Como en toda comisión, se debe reflejar la composición política de las cámaras. La semana pasada, los presidentes de ambas designaron a los integrantes: 50% para el oficialismo, 50% para la oposición. Si bien en el Senado pareciera haber este equilibrio, en Diputados es dudoso, aunque los estrictos porcentajes manejados en la sesión preparatoria del 3 de diciembre tampoco sostienen la proporción 5-3 que pretende el no oficialismo.
Esta pequeña introducción pretende ser el marco para analizar la noticia sobre las estrategias de la oposición en contra del DNU creador del fondo.
La estrategia judicial del PRO no es de nuestra competencia. Para evaluarla, se puede leer con provecho este post de Arballo, cambiando “ley de medios” por “DNU del fondo”. Sólo podría agregarse que el eventual juez amigo que encuentren tendría que tener en cuenta que hay un procedimiento específico dentro del propio Congreso aún pendiente.
Es obvio que es el Congreso quien debe darle un primer análisis al DNU, con comisión o sin ella. La información tiene muchos supuestos y medias palabras, fiel al estilo de “decime lo que yo quiero escuchar” utilizada por Clarín en el último tiempo, como por ejemplo lo de Alfonso Prat-Gay, quien califica de inconstitucional al DNU porque se apropia de facultades del Congreso. Este es el problema de los DNU justamente, no sólo de éste. Lamentablemente, el sistema los adoptó, los incluyó, los reguló y les dio una respuesta. Parcial, pero respuesta.
Con respecto a la consideración que hagan las cámaras del Congreso, aquella no debe ser, necesariamente, “luego de expedirse la Comisión” —lo cual está en línea con lo dicho bien al comienzo de la nota (“la UCR, el peronismo disidente y la Coalición Cívica se disponen a bloquear la iniciativa en la comisión bicameral de control de los DNU”). Evidentemente, el autor de la nota no leyó la ley 26.122, ya que la misma establece que las cámaras se abocarán al “expreso e inmediato tratamiento” del DNU una vez vencido el plazo. Como pequeña aclaración, se puede decir que hasta tanto las cámaras no se aboquen al tratamiento del DNU, la comisión podría emitir dictamen. Nada se lo impide. Pero el Congreso está en receso, y la Constitución no prevé la convocatoria a sesiones extraordinarias por el solo dictado de un DNU. Hubiera sido de esperar que la Presidenta lo hiciera, pero la situación en el Poder Legislativo no es de las más amigables, pese a todos los llamados al consenso que se declaman.
Ahora bien, ¿cuál es el alcance que tiene el análisis del Congreso? Obviamente, esta no es una cuestión a la que Clarín le dispense ni siquiera un tratamiento tangencial. El dictamen de la comisión bicameral, de producirse, se debe expedir acerca de “la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”. Es decir que, por un lado, se debe verificar que la materia no sea de las prohibidas por la Constitución (tributaria, penal, electoral o de partidos políticos) y que tenga la firma de todos los ministros, del Jefe de Gabinete y del Presidente, claro, lo que serían los requisitos formales, pero, por el otro, tendríamos a “lo sustancial”, que, tal vez, podría ser identificado con la existencia real de una situación de necesidad y urgencia, más allá de la decisión en sí misma. Esta parece ser la línea de los dictámenes producidos por la comisión bicameral hasta el momento, tanto para la mayoría como para (algunas de las expresiones de) la minoría y el camino elegido por Gil Lavedra.
Salvo que la Presidenta convoque a sesiones extraordinarias, esta discusión se producirá en marzo, con un pequeño adelanto en el seno de la comisión bicameral, si es que se superan las controversias sobre su integración y, posteriormente, la elección de su Presidente. Será interesante ver cómo va a titular Clarín cuando se compruebe que la oposición no va a poder bloquear el asunto en la comisión…

Veto parcial para periodistas

El diputado Rossi cometió el sincericidio de afirmar que la Presidenta vetará las leyes aprobadas por el “Nuevo Congreso” que sean contrarias a las ideas del gobierno. Nos guste o no, el veto forma parte de los mecanismos de “pesos y contrapesos” entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo previstos por la Constitución. Se nos dirá que la conformación de las cámaras surgida de la última elección debería indicar un cambio de rumbo y que aunque esté previsto, sería políticamente incorrecto descartar decisiones de un Congreso surgido de “otra” voluntad popular. Como es habitual, la realidad política confronta con la formalidad constitucional.
Esta pequeña introducción puede venir a cuento por la cobertura (aquí y aquí, por ejemplo) que se dispensa a la futura conformación de la Comisión Bicameral Permanente de la ley 26.122, encargada de analizar los decretos de necesidad urgencia (DNU), el ejercicio de las facultades delegadas y los vetos parciales. Y esta última función podría adquirir más relevancia en, por lo menos, los próximos dos años si la Presidenta mantiene su conducta de pocos DNU. Pero, ¡ojo!, esta comisión analizará los vetos si y sólo si estos sean parciales, y sólo para determinar si, como exige la Constitución, la parte promulgada tiene “autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso” (artículo 80, C.N.). Este asunto ya lo traté hace un tiempo, pero tal vez sea necesario volver a alertar sobre el desconocimiento del periodismo al meter todo en la misma bolsa.
Señores periodistas: un veto total no va ni puede ser considerado por esta comisión, sino que transitará por el mismo camino que lo viene haciendo desde 1853, es decir quedará a consideración primero de la cámara iniciadora del proyecto; si ésta aprueba la insistencia con dos tercios de los presentes se remitirá a la revisora para que analice si también ella va a insistir con los dos tercios.
Es más, señores periodistas, no todo veto parcial va a ser considerado por la comisión bicameral, sino aquellos en los que simultáneamente haya una promulgación parcial. El Poder Ejecutivo podría estar en desacuerdo con uno o varios artículos de una norma, expresarlo de esa manera (es decir que podría acordar con el resto del proyecto), decidir el veto parcial y devolver todo el proyecto al Congreso, tal vez porque el resto del articulado no tenga aquella autonomía normativa exigida por la Constitución. En este caso, el asunto no va a ser enviado a la comisión bicameral permanente, y nadie podría quejarse de ello. ¿Habrá un escándalo mediático cuando esto ocurra? A no dudarlo…

El balance de 2010

La pobreza intelectual de esta nota merecería un comentario. Pero no quisiera repetirme a mí mismo. Por eso no voy a decir nada de los balances que empiezan ya a pulular en los medios (aquí y aquí, por ejemplo) sobre la tarea del Congreso.
Prefiero tratar de especular un poco sobre cómo serán estos balances a fin de 2010 cuando haya algunos pocos elementos para juzgar a este Nuevo Congreso del que tanto se habla.
Algo que me llama poderosamente la atención es la expectativa que se le está generando, y no puedo menos que preguntar por qué se le pone la vara a tal altura que hasta podría ser imposible de saltar. Es verdad que el no oficialismo hace tiempo dio a conocer una agenda algo difícil de cumplir, pero, bueno, en público siempre se grita más fuerte. El problema es la inevitable decepción que viene después. Lo raro, si así puede llamarse, es que sean los mismos medios cuyo fin es terminar con la era K los que no puedan ver que así también perjudican a los competidores. O tal vez sí lo vean…
Mucho se habla del diálogo. En esto parece haber miradas contradictorias (las de Aguad y Alfonsín, por ejemplo). Más allá del deseo y los discursos, van a ser imprescindibles para que las decisiones del Congreso tengan algún ánimo de permanencia. Pero si unos son los malos malísimos y otros son los buenos buenísimos de la historia poco queda por hacer.
Hace algo más de treinta años se propuso adoptar el concepto de “viscosidad” para el análisis de la actividad parlamentaria. Dicho concepto pretendía dar cuenta de aquellos órganos legislativos que no tenían el poder suficiente ni para establecer por sí mismos las políticas públicas ni para decir que no al Poder Ejecutivo. Lo que sí podían hacer era hacer más difícil el tránsito de sus iniciativas. Hasta donde pude ver el concepto tuvo vida corta, pero bien podría ser útil para imaginarse el cuadro del año que viene.
Una función muy poco tenida en cuenta por el “gran público” es el control que ejerce o debería ejercer el Congreso. Es de suponer que aquí habrá una actividad intensa el próximo año. Pero los medios suelen olvidarse de ella, salvo que se haga a través de una comisión investigadora. Pero en este caso no pasan de ser pura espuma, los titulares de un par de semanas, y poco más. El Congreso tiene muchas comisiones de control, pero su actividad pasa desapercibida, un poco porque, por varios motivos, a ellas también se les aplica el criterio de reflejar la composición política del cuerpo o cuerpos parlamentarios. La mayoría oficialista tiene pocos incentivos para controlar al gobierno del que forman parte. Pero la/s minoría/s le ponen muy poca garra…
Los balances de 2010 pueden llegar a tener un componente adicional a los que se vienen repitiendo y repitiendo desde 1983: la decepción de que el Nuevo Congreso no haya sido ni tan “nuevo” ni tan “congreso”. Hoy la Princesa resalta la necesidad de diferenciarse de los integrantes de la “mayoría circunstancial”. No le van a poder echar la culpa a los malos malísimos. ¿Quién va a pagar el pato?

Preparando la sesión preparatoria

Si hasta hace algún tiempito se creía que la sesión preparatoria en la que pretendía incorporarse Patti como diputado electo había sido de las más movidas y destacadas de los últimos años, la de hoy promete mucho, muchísimo, más circo que aquella. En realidad no hay que remontarse muchas décadas para encontrar sesiones preparatorias al tono de la de Patti. Durante la Presidencia de Frondizi, se producían conflictos porque el sistema electoral habilitaba la llamada “borratina” (las listas no eran bloqueadas, y el elector podía alterar el orden en que figuraban los candidatos, borrando a alguno de ellos). Solía ocurrir que las líneas internas de los partidos recurrían a la “borratina organizada”: una buena cantidad de votantes borraba al mismo candidato por indicación de algún otro. (Quienes proponen abrir y desbloquear las listas de candidatos harían bien en leer los diarios de sesiones de esa época.)
La sesión de hoy tiene el condimento de que nadie está seguro de cuántos votos va a tener. Si bien la oposición se adjudica la mayoría, está todo por verse. Hay una buena cantidad de diputados que están de lo más contentos con el rol de árbitros que hoy van a estrenar.
Clarín hace un despliegue interesante. En un reportaje a Aguad le hacen decir en el titular correspondiente algo que está a contramano de su discurso habitual acerca del diálogo, el consenso y la sarasa: “El que tiene la mayoría impone las reglas”. En el cuerpo de la nota, el entrevistado se queja de que los K así lo hicieron todos estos años, y ahora no quieren dejarlos a ellos. Insisto en que si de verdad tuvieran el número, hace rato se hubiera terminado la novela de la preparatoria.
En otra de sus notas, vuelven con lo de Pinky. Desde ayer que especulan en que ella podría presidir la Cámara hasta marzo. A ver señores si ponemos las cosas en su lugar. La Presidencia de Pinky podría durar lo que un suspiro. Es tradicional en nuestros cuerpos parlamentarios me atrevería decir desde la Asamblea del año XIII, que en el primer instante sus miembros aún no formalmente incorporados propongan que la presida el de mayor edad. Inmediatamente, se elige a un Presidente provisional para la toma de juramento. Por una cuestión de practicidad se nomina al mismo. A continuación, juran los que deben incorporarse, y luego se eligen las autoridades definitivas. Es decir que ante este panorama de conflicto perfectamente podría darse el caso de que desde el primer momento se proponga otro Presidente provisional, tal vez alguien con más experiencia para manejar una sesión difícil. De hecho, así se hizo en la preparatoria del 6/12/2005, cuando se veía venir lo de Patti.
El tema de los porcentajes y las votaciones conjuntas. Sin que los bloques tengan sus números claros, no hay porcentajes posibles. Pero tampoco los puede haber si la Cámara va a estar fragmentada. Repito: los k químicamente puros podrán tener la primera minoría, pero nada se sabe de muchos de los otros bloques, y menos aún en situaciones cambiantes. El peronismo disidente ya se dividió, por ejemplo, en el tema de las comisiones. ¿Cómo se puede votar algo que no se tiene claro?
En 1984 se estrenó la película Las bicicletas son para el verano, basada en una obra de Fernando Fernán Gómez. Era la época de El crimen de Cuenca, Solos en la madrugada, Los santos inocentes. Contaba la historia de una familia madrileña durante los años de la guerra civil, y las privaciones que pasaban. Casi al final de la película, con el conflicto terminado, hay una escenita que me quedó grabada: los protagonistas (padre e hijo) ven a unos guardias civiles (o soldados franquistas, no me acuerdo), maltratando a alguien por la calle con total impunidad (diríamos en estos días). El padre le dice al hijo: “No ha llegado la Paz, ha llegado la Victoria”. Ojalá todos los protagonistas de hoy, en especial quienes obtengan el mayor número de votos, recuerden más la frase “Ni vencedores ni vencidos” que la de la película. La Victoria de hoy, le sonría a quien le sonría, va a ser efímera. Todas las decisiones deberán ser trabajosamente construidas. Espero que lo entiendan, incluso, y en especial, aquellos que ocuparán las barras del recinto de la Cámara de Diputados.

"Vamos por todo", "¿Podemos?"

Dos versiones recorren los medios: los más exaltados afirman que el no oficialismo intentará forzar (como suelen decir) una votación conjunta de las autoridades de la Cámara de Diputados y de la integración de las comisiones (algo así como el Núcleo de Coincidencias Básicas de la reforma de 1994, pero sin las coincidencias). Los más circunspectos (Crítica, Parlamentario y Página/12) sólo dicen que se reclamará la proporcionalidad en la integración de las comisiones, en parte por falta de un acuerdo integral entre el no oficialismo.
¿Cuáles son los exaltados? A ver, a ver… y sí, claro. La Nación y Clarín, obvio. Este último, como es más farandulero, desde ayer que destaca que Pinky va a ocupar la Presidencia provisional de la Cámara por ser la de mayor edad de quienes van a estar presentes el 3 de diciembre, el día de la jura de los diputados electos. La única función del Presidente de mayor edad suele ser tomar este juramento, justamente. A continuación, se eligen las autoridades definitivas. El reglamento no prevé una votación conjunta; tampoco la prohíbe. Pero parecen ser de naturaleza distinta, ya que una (la de las autoridades de la cámara) es “a [¿simple?] pluralidad de sufragios”.
Como la Cámara en estos últimos veintiséis años no se abocó a la decisión sobre las comisiones en la sesión preparatoria, sino que la delegó en su Presidente, la mecánica para hacerlo está por verse (vale aclarar que tampoco lo hizo en el período 1973-1976, y me atrevería a decir que antes tampoco). Los actores del jueves, es de esperar, tendrán alguna idea concreta al respecto.
Dados los diferentes “ángulos” de la información manejados por los medios, se podría especular que el oficialismo, en público, va a seguir peleando por la mayoría de las comisiones consideradas “estratégicas” (Presupuesto y Hacienda, por ejemplo, la de los impuestos y el presupuesto, precisamente), lo que es claro que no le corresponde, como ya dije. Estarán, todos, contando los porotos. Si de verdad el no oficialismo tuviera los 133, 135 o 138 que los medios dicen, no habría tantas reuniones ni especulaciones. Como ellos mismos suelen decir, “irían por todo”.

¿Negociaciones? ¡¡¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!!!

Con la firma de Laura Serra, La Nación anuncia a toda orquesta un acuerdo opositor para limitar al kirchnerismo en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados. Un acuerdo un poco extraño, ya que sus autores todavía no saben a ciencia cierta cuántos integrantes tendrá cada bloque, y mucho menos cuántos van a ser en total. Especulan, según se dice, que serán entre 135 y 138. Pero estos números son pour la gallerie, ya que hasta el momento sólo una treintena de diputados hizo pública su voluntad de formar bloque y eligieron Presidente (Felipe Solá). Cualquiera que hubiera llegado con certeza al número mágico de 129 (oficialismo u oposición), no hubiera dudado en plantar bandera.
Más adelante en la nota, su autora exhibe su eterna mal intención hacia el Congreso, al decir sobre la conformación de las comisiones: “El reglamento de la Cámara no es preciso sobre la manera en que debería ser resuelta la integración de las comisiones: aunque sugiere que debería respetarse la proporción de los bloques, lo deja librado a las negociaciones políticas”. Ya se sabe que estos periodistas, aunque se los supone conocedores de normas y mecanismos, suelen adoptar el lenguaje de Doña Rosa. Cuando en la calle se habla de “la política” (o de “negociaciones políticas”) casi invariablemente se hace referencia a algo sucio. La autora debería saber y decir que todo en el Congreso es en base a “negociaciones políticas”, que todo queda “librado a negociaciones políticas”. Es la base del funcionamiento de todo cuerpo parlamentario. Si la búsqueda del acuerdo no funciona, está el número. Hoy el número no está, por lo tanto… hay negociaciones. Así de sencillo.
En alguna entrada anterior ya se habló de la frasecita “en lo posible” que utilizan los reglamentos para la conformación de las comisiones, y de la imposibilidad de conseguirlo en un cuerpo altamente fragmentado como los actuales. Mientras no esté claro cuántos diputados hay en cada bloque, es imposible determinar cuántos lugares en las comisiones va a tener cada uno. Lo único claro es que el oficialismo, o, mejor dicho, los K químicamente puros no deberían tener la mayoría por sí mismos, pero sí la primera minoría de cada comisión. Los demás lugares son para todo el arco no oficialista, que en esta circunstancia no es lo mismo que decir “arco opositor”. Y si se dice “todo el arco no oficialista” se incluye también a aquellos que eventualmente podrían votar con el oficialismo. Una verdadera ensalada, como se ve. Imposible de desentrañarse en la sesión preparatoria del próximo jueves, como se ve. A nadie debería sorprenderle que, como en todas las renovaciones, se delegue en el Presidente de la Cámara la designación de los integrantes de las comisiones a propuesta de los bloques. Habrá fuegos de artificio, pero las negociaciones continuarán por un buen tiempo después del juramento del pomposamente denominado “Nuevo Congreso”.

Muchos postulantes, un resultado previsible

Aunque cada día parece más difícil, la única posibilidad que tiene el no oficialismo de poner a alguien “propio” en la Presidencia de la Cámara de Diputados es votar todos por el mismo candidato. Esto es así porque el reglamento dispone que tal elección es “a pluralidad de sufragios”. La elección de autoridades del cuerpo es una de las pocas votaciones que se hacen en las cámaras del Congreso que no es por “sí” o por “no”, es decir que podría haber múltiples postulantes. Si cada bloque va a votar por su candidato, ganará indefectiblemente el del oficialismo (¿asistiremos a una discusión acerca de si “pluralidad de sufragios” significa o no “simple pluralidad de sufragios”?). Y si hay más de dos, también.
Es claro que sería un golpe mediático importante, y la agenda de la cámara podría resultar marcada por tal circunstancia, siempre y cuando las presidencias de las comisiones importantes cambien de manos. Es claro que tendría un valor simbólico enorme, y podría ser el inicio del fin de la era “K”.
Pero lo más mediático, si se me permite la expresión, es el carácter de integrante de la “sucesión presidencial” del Presidente de la Cámara de Diputados, lo que está sobredimensionado, a veces hasta el paroxismo. Veamos.
Se suele diferenciar la acefalía del Poder Ejecutivo en transitoria y en definitiva. La primera se da, la mayoría de las veces, cuando el/la Presidente/a realiza un viaje al exterior. En este caso, el Vicepresidente ocupa su lugar por el tiempo que dure la ausencia. Si el vice estuviera impedido por cualquier circunstancia (podría estar de viaje también), le correspondería ejercer el Poder Ejecutivo al Presidente Provisional del Senado, y si éste no pudiera, recién en este caso lo haría el Presidente de la Cámara de Diputados. Pero es una circunstancia transitoria, y la práctica indica que lo único que hacen es “cuidar” el sillón. El Vicepresidente actual ejerció varias veces el Poder Ejecutivo, y no hubo ninguna crisis ni remoción de funcionarios ni nada que se le parezca. El único episodio que indicaría la desconfianza entre la Presidenta y su vice fue la promulgación express del proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, dado el inminente viaje de ella, y la asunción transitoria de él.
Es decir que por el lado de la acefalía transitoria, poco es lo que un Presidente de la Cámara de Diputados opositor podría influir.
Para el caso de la permanente, y a falta de Vicepresidente, la única función tanto del Presidente Provisional del Senado como el de la Cámara de Diputados es citar a la Asamblea Legislativa en un plazo brevísimo para que sea este cuerpo el que designe al funcionario que cumpliría con el mandato inconcluso (un gobernador, un senador, un diputado o el Presidente electo, si lo hubiere), además de, otra vez, cuidar el sillón hasta que la decisión se produzca.
Por lo anterior, en mi opinión es poco apropiado que se le asigne una gran importancia al cambio de manos de la Cámara de Diputados desde el punto de vista de la sucesión presidencial. Sí, por supuesto, tiene peso en cuanto a quién es más fuerte. En términos de “señales” que tanto les gustan al periodismo, sería un gran cartelón, pero también, tal vez, un papelón.

"¿Vos sos pera? ¿O manzana? ¿O sandía? ¿O uva? ¿O...?"

En Página/12 de hoy, se publican un par de notas sobre la futura composición de las comisiones a partir del 10 de diciembre (aquí y aquí). Como ya dije, al periodismo se le dice cuál es la posición de máxima en este asunto. (Recordemos que, en cualquier negociación, uno tiene una aspiración máxima, que es la que se expone en primer lugar, y una de mínima, que queda convenientemente en reserva. En teoría cualquier punto intermedio nos debería satisfacer. El ejemplo básico es la venta de nuestro departamento, casa, auto, computadora, heladera, etc.: pedimos X pesos, sabiendo que esa cantidad no la van a pagar, y terminamos arreglando por algo menos, que es aproximadamente el valor que suponemos tiene el bien que queríamos vender. Aunque simplista, este es el esquema de los chisporroteos que se están dando.)
Los reglamentos de ambas cámaras del Congreso disponen que las comisiones reflejarán la composición política del cuerpo, dentro de lo posible (artículo 105, de Diputados; y el 91, del Senado). La clave está en la frase “en lo posible” que utilizan ambas normas. Si sólo hubieran dos, tres, cuatro bloques, no habría dificultad en reflejar su proporción en las comisiones. Pero con cerca de cuarenta en diputados y más de veinte en el Senado, es directamente imposible. Si cerca de la mitad de estos bloques son unipersonales, ¿cómo hacer para que cada uno de ellos tenga algún lugar en las comisiones?
Es muy pronto todavía para saber cómo va a ser la composición de ambas cámaras a partir del 10 de diciembre. Lo único que tenemos, a lo sumo, son números aproximados. La dificultad está precisamente en saber cómo se van a dar los reacomodamientos entre los bloques. Cada uno tendrá una idea más o menos certera de cuántos legisladores “propios” tendrá, pero nadie lo sabe con seguridad. El oficialismo podrá aspirar a mantener la mayoría en las comisiones sumando aliados. Al no oficialismo le aguarda una tarea ímproba: por un lado, verificar que el FPV no se lleve esa mayoría por sí solo, pero por otro que los aliados al oficialismo no le copen los lugares. Si insiste con la proporción 60-40, si insiste con esta visión simplista del asunto, se va a llevar más de una sorpresa…

Sumando peras y manzanas

Si en un cuerpo parlamentario uno de sus bloques es la primera minoría, la conclusión obvia es… ¡que no hay mayoría!
A medida que se acerca la fecha en que se incorporarán los diputados y senadores electos en las últimas elecciones, que se acerca el momento en el cual el oficialismo no contará con la mayoría en la Cámara de Diputados, los chisporroteos sobre los espacios a ocupar se van a llevar la mayor parte de los titulares.
A partir del 10 de diciembre, para cada votación y decisión habrá que barajar y dar de nuevo. Salvo que se consolide una situación en la que varios grupos de diputados se comprometan a votar juntos en todo tipo de circunstancia, a lo que se llama… ¡sí! ¡mayoría!
Las informaciones que se están publicando dan cuenta, como no puede ser de otra manera, de las posiciones de máxima que plantean los bloques: el no oficialismo dice que debe ocupar la Presidencia, la Vicepresidencia 1ª de la Cámara y las presidencias de las comisiones, lo que podrá hacerse realidad sí y sólo sí lograran todos los diputados opositores ponerse de acuerdo. Además, deberían desconocer la costumbre según la cual la Presidencia del cuerpo le corresponde al sector con más diputados. Por otro lado, esta aspiración también supone que el oficialismo no dialoga ni intenta acercar posiciones con ningún otro bloque, algo poco imaginable.
Aunque la práctica indica que la adjudicación de todos los espacios de poder de las cámaras es en base a conversaciones previas, se debe recordar que todos y cada uno de ellos se deciden por votación; y como se dialogó previamente, casi todas de estas votaciones son unánimes. Posiblemente, en los meses subsiguientes al 10 de diciembre asistiremos a un espectáculo inédito en el sentido de que las presidencias y vicepresidencias de las comisiones (o algunas de ellas) surgirán de votaciones divididas. Si este fuera el caso, entonces sabremos que nadie, repito y subrayo, nadie está dispuesto al diálogo. Es decir, no habría diálogo entre los sectores más numerosos, pese a las declamaciones. Y todo se limitaría a un juego de seducción de uno y de otro lado sobre aquellos bloques minoritarios que no necesariamente tienen una posición tomada de antemano.
Preguntita al margen para periodistas: si el Presidente de un sector político le dice a otro “si tu bloque vota positivamente el asunto X, mi bloque va a votar favorablemente el asunto Z”, ¿cómo lo van a llamar? ¿Diálogo o toma y daca? ¿Conversación o cooptación? Van a tener que decidirse, porque es una situación que se va a repetir. Y espero que midan todas con la misma vara…

"No es para mal de naides..."

Entre mis pocos lectores, hay algunos a los que aprecio y respeto que me reprochan mi tendencia a descalificar las críticas que se le hacen al Congreso por no atender al modo en que allí se hacen las cosas. Y tienen razón… en parte.
Va en contra de las reglas de la lógica argumentar “porque así se hicieron siempre las cosas”. Por otro lado, mi profesora adjunta favorita alguna vez dijo en un curso que “todo los días hay homicidios. Esto no me permite justificarlos ni decir que están permitidos”. Todo esto es cierto.
Pero admitamos cierta graduación en esto. Admitamos también que hay actividades que se nutren y se construyen con su práctica, como la parlamentaria, precisamente. O, más ampliamente, la constitucional. Se puede traer a la memoria la imagen de la catedral gótica construida durante siglos y por varias generaciones expuesta por Nino en sus Fundamentos de Derecho Constitucional. Si cada generación va a destruir lo que hizo la anterior, la obra jamás podría haberse terminado.
Los reglamentos parlamentarios son (sólo) una garantía para las minorías, pero si algo los caracteriza es que sus palabras, sus normas, no son sacramentales, porque se reconoce que también hay que observar cómo se hacen las cosas. Habrá prácticas y costumbres que al principio pudieron ser adecuadas, pero no nos gusta por dónde van transitando. Se deberá desandar el camino o abrir otro. Este es, creo, el acuerdo de base tácito de todos los actores parlamentarios.
Por lo anterior, es que me parece desleal patear el tablero el hacerse los distraídos y poner el grito en el cielo cuando algo se hace de acuerdo a la práctica habitual, sin haberla “denunciado” previamente, montándose así a la agenda y a las necesidades de medios y periodistas cuyo fin parece ser, en la mayoría de los casos, buscar el desprestigio de la institución parlamentaria.

Herrar es umano

Si algo le faltaba a la ley de medios es un descuido en las remisiones internas producto de las modificaciones que se le hicieron.
¿Qué es una “remisión interna”? Una remisión interna es, simplemente, una referencia realizada entre dos normas de una misma ley para mantenerlas enlazadas o ligadas. Por ejemplo, la Constitución enumera los requisitos para que una persona sea elegida Presidente de la Nación y agrega “las demás calidades exigidas para ser elegido senador”, es decir están enlazados los artículos 89 y 55. También podría hacerse una referencia directa, como por ejemplo cuando en una ley se dice que tal o cual situación se resolverá de acuerdo a lo dispuesto en tal o cual de sus artículos.
Esto es lo que se hace en los artículos 95 y 124 de la ley de medios, entre muchos otros. Pero el apuro, las modificaciones, la falta de atención, impidieron realizar las correcciones que correspondían. Las remisiones internas del texto que salió de la Cámara de Diputados en estos dos artículos resultaban incoherentes.
En el Congreso, como decía un antiguo jefe mío, todo se hace con “tracción a sangre”: los adelantos de la tecnología se van incorporando muy lentamente, los escritos todavía se deben imprimir en papel, ponerles un sello de goma a mano y firmarlas de puño y letra en cada hoja. Es decir que cada una de ellas deben ser transcriptas, y leídas y releídas para que haya coincidencia entre los documentos que se van encadenando (proyecto, dictamen y sanción). Las necesidades de la política a veces son mucho más urgentes que los mecanismos necesarios para producir cada instrumento. Por lo tanto, los errores y las consiguientes “fe de erratas” son más habituales que lo que la prudencia indicaría. Estas correcciones se materializan en comunicaciones que se envían los secretarios parlamentarios de cada Cámara. Es una práctica que, tal vez, se convirtió en demasiado frecuente. Pero es conocida y aceptada.
Algún purista podrá espantarse. Habrá que analizar caso por caso de estas erratas para determinar la real afectación a los derechos. No se las puede dar por sentadas para no convalidar modificaciones posteriores a una sanción. Pero si se trata de errores materiales fácilmente salvables… bueno, las vestiduras rasgadas son una respuesta algo exagerada.
Es verdad: en el tratamiento de este proyecto en particular debería haberse extremado todos y cada uno de los cuidados, los sustanciales y los formales. Pero todo se tensó tanto que todo se exagera: el apuro del oficialismo, y las lupas que se ponen desde el otro lado. Todo es slogan, y todo es una opereta.

La divina proporción

Hagamos una prueba: vamos a leer el artículo 81 de la Constitución Nacional de corrido, sin respirar. Es un poco largo, pero hagamos el intento…
Si uno no leyó nunca antes ese artículo, apuesto lo que quiera a que no se entiende. Es una verdadera ensalada, lleno de condicionales y situaciones diversas.
Este artículo es el que prevé qué pasa si hay desacuerdo entre las cámaras del Congreso Nacional respecto de un proyecto de ley, es decir si la cámara revisora modifica una iniciativa aprobada previamente por la cámara de origen. Una muy buena síntesis del procedimiento para la formación y sanción de las leyes se puede ver aquí.
Félix Loñ es un afamado constitucionalista de los que suelen ser consultados por los medios. Es evidente que tiene muy en claro no sólo el artículo 81, sino, seguramente, toda la Constitución. Fue reporteado por elparlamentario.com sobre las alternativas que podrían darse en caso de modificarse la famosa “ley de medios potasio” (Arballo dixit. Potasio, K, potasio, K. Me costó captarlo, pero cuando pude, me causó mucha gracia).
Lo que dice Loñ es inentendible, tan mezclado como la redacción del artículo 81. Empieza con una obviedad: “los dos tercios en Diputados es una utopía”. Es cierto, pero tan utopía como que el proyecto sea modificado en el Senado con los dos tercios de los votos, única opción para que ésa sea la mayoría necesaria para que la Cámara de Diputados insista con su redacción. Pero en la forma en que se presenta en la entrevista pareciera que si el Senado cambiara una coma sin importar con cuántos votos, los diputados sí o sí debieran juntar los dos tercios. Si volvemos a leer despacito el artículo 81, vemos que “La Cámara de origen [Diputados, en este caso] podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes.” Queda claro, entonces, que si el Senado modifica el proyecto por mayoría absoluta de los presentes, es esa la mayoría que se va a precisar en Diputados tanto para aceptar las modificaciones como para insistir en su redacción. Esto es independiente de los aspectos políticos del asunto, léase victoria o derrota del gobierno por no haber conseguido la sanción definitiva en el Senado (¿todo tiene que ser tan absoluto?).
A continuación, Loñ juega con los números de una manera más propia de un estudiante que recién empieza: habla de los 154 votos que obtuvo el proyecto en Diputados (en realidad, fueron 147 sobre 151 presentes), identificando tal cantidad con los dos tercios. Pero, salvo que la Constitución mande contar sobre la totalidad de miembros de las cámaras, toda mayoría va a ser relativa. Si, por ejemplo, Diputados sesiona con quórum estricto (129 legisladores en sus bancas), y la votación sale 129 a 0, vamos a tener unanimidad, pero presentarlo de esa manera es por lo menos aventurado. Si, en el caso que nos ocupa, los 104 diputados que se fueron denunciando terribles nulidades de procedimiento cambian de parecer y se quedan en el recinto, para el oficialismo sería imposible conseguir los dos tercios (de lo contrario, sólo sería un trámite), pero no tendrían mayor inconveniente en insistir en la redacción originaria con aquellos 147 votos o, incluso, con 129 (volviendo a dejar los aspectos políticos aparte).
En fin, lo de siempre: un periodista descuidado, un reporteado que se hace el distraído y un producto absolutamente tendencioso. Pero resulta que el entrevistador es un medio especializado en cuestiones parlamentarias y el entrevistado es también un estudioso de estos asuntos. ¿Cómo hay que interpretar semejante “negligencia”?

Más es menos

Guardando la debida discreción, tuve la oportunidad de saber de algunos asesores de diputados de la oposición que trabajaron intensa y profundamente en el análisis del proyecto de ley de medios audiovisuales. A raíz de este estudio, estuvieron en condiciones de proponer a sus respectivos legisladores diversas modificaciones o de señalarles asuntos perfectibles y/o a discutir. Dada la mecánica de tratamiento del proyecto, quedaron con la sensación de que fue un esfuerzo desperdiciado. Es que ese tipo de trabajo fino no se puede aprovechar en un ámbito de discusión como se dio en el plenario de las tres comisiones de esta semana: más de cien diputados reunidos es contrario a cualquier intuición que se tenga de la labor en comisión de los cuerpos parlamentarios.
La disección del proyecto se dio en otro espacio, como no podía ser de otra manera casi podría decir. Prueba de ello, es el acuerdo que el oficialismo alcanzó con algunos de los bloques de la Cámara de Diputados, cuyo resultado fue la aprobación de la iniciativa con muchas modificaciones respecto del original. Hubo reuniones obviamente previas entre el oficialismo y algunos bloques (¿todos los que quisieron participar?) en las que negociaron y acordaron como se hace en cualquier cuerpo parlamentario. Y llegaron al plenario de las comisiones con un texto que llevó varias horas de lectura. Pero hubo bloques que quedaron al margen (¿o que se automarginaron?), con lo cual sus propuestas, de tenerlas, no pudieron incorporarse. Que es lo que sucedió con el trabajo de aquellos asesores a los que me refería al inicio. Me queda la duda, entonces, sobre qué sucedió en realidad. ¿Hubo acercamientos? ¿Se intentaron, por lo menos? ¿De qué lado vino el rechazo? En definitiva, la cocina parlamentaria, ¿dónde está?
Es posible, en teoría, suponer que las comisiones no hubieran sido un espacio de declamación de haberse trabajado en la forma habitual: reuniones de asesores de cada comisión por separado, “elevación” a los plenarios de cada una de ellas, análisis y eventualmente dictamen en el ámbito de competencia de cada una y despacho final. Esta mecánica, para el oficialismo, no era viable, presumiblemente para no darle oportunidad al lobby a actuar con toda su fuerza.
En este marco, es francamente politiquera la “discusión” acerca de cuántas comisiones deberían intervenir en el Senado: si se quiere, aunque más no sea, que estén dadas las condiciones para un intercambio adecuado, es claro que el mayor número es contrario a ello, así como las especulaciones sobre una hipotética dilación en el envío de la comunicación de la sanción de Diputados para que el Vicepresidente no pueda incidir. Tampoco es posible suponer que el envío a pocas comisiones es con el objeto de debatir ampliamente. Pero de este modo, el oficialismo tendría menos excusas para buscar exhaustivamente el consenso en un proyecto de la mayor importancia.
De nada.

Un caramelo Media Hora, y me voy

Hace más de veinte años atrás —posiblemente en el ’84 o el ‘85—, el Presidente de la Cámara de Diputados de aquel entonces, Juan Carlos Pugliese, se enojó con los todos los diputados por los eternos retrasos en el inicio de las sesiones, y anunció que no habría fuerza humana capaz de impedir que no levante la sesión luego de pasada la media hora de tolerancia. Y así lo cumplió… dos o tres veces. Resultaba obvio para los protagonistas, incluso para él mismo, que tal decisión era insostenible en el tiempo, porque, entre otras cosas, se negocia hasta el último minuto posible.
Esas dos o tres veces habrán sido las únicas en que la sesión se levantó por falta de quórum a la media hora del horario previsto inicialmente, sin contar, claro, todas aquellas sesiones especiales requeridas por la oposición de todos los tiempos que, desde el inicio, era sabido que no conseguirían el número.
Que las sesiones no empiezan en el horario previsto es una práctica tan conocida que decir que la de hoy es nula o inconstitucional o ilegítima es triste (casi tanto como el tratamiento express al proyecto sobre los medios). Y todos los involucrados lo saben, incluso los cronistas parlamentarios. Pero, se sabe, últimamente repiten lo que a algunos dueños de empresas periodísticas les gusta escuchar, sin posibilidad, aparentemente, de analizarlo críticamente.

Quien pueda oír que oiga

Ayer hubo exposiciones durante todo el día en la audiencia pública convocada por las comisiones que tienen a su cargo el análisis del proyecto de ley regulatoria de los servicios de comunicación audiovisuales. ¿Qué se dijo? Para Clarín las nueve horas de disertaciones se resumen en una única frase dicha por el primer orador. Nada más. Su cronista se habrá tenido que ir, tal vez, a cubrir el robo o el choque nuestro de cada día…
En la portada del sitio web de TN ni siquiera hay una síntesis de lo ocurrido ayer. ¿Es que no se dijo nada interesante? ¿No hubo un solo argumento para discutir? ¿Una sola frase atrayente? ¡¿Nada?!
Claro, según el multimedios fue “casi un monólogo del oficialismo”. Con eso alcanzaría para desechar los discursos.
También pareciera que sólo les interesa lo que ocurre en el salón auditorio de la Cámara de Diputados a los legisladores oficialistas: en el texto de la nota se nombran a varios de ellos. Pero resulta que en la imagen que ilustra la nota aparece Pinedo casi en primer plano. La lectura que hace de esta aparente ausencia opositora es que así se le restaría legitimidad al debate. Sin comentarios.
Esto del apuro también les hace decir ridiculeces: si a la representante de ADEPA “le avisaron” el lunes de las audiencias públicas debería despedir a su secretaria/o, o cambiar de fuente de información.
Los canales de noticias, en general, le dedican muy poco espacio a las audiencias, por no decir ninguno. ¿Cómo podremos saber cuando se formule el dictamen de las comisiones si los diputados tuvieron o no en cuenta los argumentos que escucharon?
A ver si se enteran, señores: está ocurriendo algo muy importante en la Cámara de Diputados. No pueden hablar de mordaza si no se ocupan de reflejarlo mínimamente.

"Razonaré con él"

Ya está claro: el procedimiento utilizado para la consideración del proyecto de ley de contenidos audiovisuales es poco apropiado. Si hubo alguna vez en que el oficialismo debió reflexionar, ésta es la ocasión, pese a los enormes intereses en juego. La advertencia de Gargarella es más que elocuente.
Esto no significa que necesariamente el proyecto deba discutirse después del 10 de diciembre. Los exabruptos acerca de la legitimidad del Congreso actual podrían ser fácilmente superados con una discusión racional y abierta.
Es lamentable, sin embargo, que los argumentos utilizados para cuestionar el procedimiento tengan una notoria endeblez. Como viene ocurriendo desde hace un tiempo, se habla para la tribuna. Clarín recurre a “juristas” (así, en plural, pero sólo expone opiniones del constitucionalista Sabsay) y a entidades, quienes parecen desconocer que en el ámbito parlamentario rigen sus propias normas y costumbres. En particular, y para el caso de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, tenemos el artículo 114 bis de su Reglamento. Ahí se podrá encontrar respuesta a muchos de sus cuestionamientos, aunque no así al de la razonabilidad por falta de tiempo en la preparación de las exposiciones. Como siempre, quienes ponen los micrófonos no pierden el tiempo en revisar un poco el material disponible y repreguntar en consecuencia. Mientras les digan lo que quieren escuchar…
Por el lado de La Nación, se reseña la intención de su político estrella, el Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, de enviar el proyecto a cuanta comisión se le pueda ocurrir. Aunque revisable por la propia Cámara, el giro de los asuntos es una atribución que le es propia. Si bien el Reglamento del Senado (artículo 89) dispone que los proyectos deben ser enviados a una sola comisión, prevé la posibilidad de su ampliación de acuerdo a su naturaleza. Obviamente, estamos frente a uno de estos casos. Pero si se exige racionalidad y razonabilidad, sería apropiado ejercerlas.

P.D.: ¿Alguien me puede explicar por qué ni en la portada de Infobae.com ni en su sección “Argentina” no hay una sola mención a este proyecto ni a sus vicisitudes?

A cumplir el Reglamento al pie de la letra

Entre las chicanas que se vienen blandiendo con motivo del tratamiento del proyecto de ley de medios audiovisuales, me parece destacable la que se refiere a las comisiones que debieran intervenir en su análisis.
Según se informó en un primer momento, a las únicas que se les habría girado el proyecto eran la de Comunicaciones y la de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por diputados oficialistas. Luego el giro se amplió a la de Libertad de Expresión, presidida por una diputada de la UCR. De todos modos, y como no puede ser de otra manera dado que estos cuerpos deben reflejar la composición política de la Cámara, en las tres comisiones el oficialismo tiene mayoría.
Esta ampliación parece no resultar suficiente para el no oficialismo, ya que está reclamando la intervención de otras comisiones como la de Asuntos Constitucionales o Cultura, lo cual no es otra cosa que una chicana, al igual que la pretensión del oficialismo de realizar tres (¿y sólo tres?) maratónicas audiencias públicas de ocho horas cada una.
¿Por qué es una chicana? Si hacemos un repaso del Reglamento de la Cámara de Diputados, veríamos que la mayoría de sus comisiones tendría alguna competencia para considerar un proyecto tan amplio como este. ¿Se podría dejar de lado a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dado el obvio impacto que los medios tienen sobre los chicos? ¿Y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia no tendría nada para decir? El proyecto tiene un capítulo especial sobre los Pueblos Originarios, competencia específica de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Tenemos también a la Comisión de Derechos Humanos, la de Educación, la de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales. En fin, casi podría decirse que no se podría marginar a muy pocas de las comisiones de la Cámara.
Es que las competencias de las cuarenta y cinco comisiones están tan superpuestas que cuando un proyecto es de cierta amplitud sucede esto que venimos reseñando. Por este motivo, desde hace un tiempo la práctica es que haya un máximo de tres comisiones para el análisis de los proyectos, lo cual limita la posibilidad de empantanarlo. Además, se debe tener en cuenta que si se juntaran los miembros de las tres comisiones tendríamos alrededor de ochenta diputados, algo menos de la tercera parte de la Cámara, lo cual es contrario a la idea misma de la tarea en comisión, es decir un grupo más o menos reducido de legisladores con un conocimiento más o menos específico sobre los asuntos estudiando sus aspectos técnicos y a la búsqueda de los primeros consensos.
Así como nadie habla del proyecto en sí mismo (¡es muy difícil de leer!), nadie va analizar estas pequeñas zancadillas parlamentarias. Y nadie va a decir que el apuro no es sólo porque a partir de diciembre va a cambiar la relación de fuerzas en el Congreso (¿cambiará tanto?): con cada renovación de las cámaras, se baraja y se da de nuevo, sin importar si la mayoría sigue siendo mayoría o no. Por supuesto, se debe volver a designar a los integrantes de las comisiones, con lo que todos los dictámenes que se hubieran producido y no hayan sido aprobados por la Cámara, se caen. Tal vez forzar la máquina sea una respuesta poco adecuada a esta situación, tanto como tildar de trucho al Congreso, o, más académicamente, de ilegítimo...

Ni por correo electrónico, ni por diskette: por carreta

En Página/12 brilla por su ausencia. En El Cronista... también. ¿A ver en Críticadigital? Uhmmmm... no. ¿Y en La Nación? Tampoco. ¿Clarín? Menos. Ninguno de estos medios incluye en su página el proyecto de ley de medios audiovisuales, aunque sí frondosas diatribas, algunos de ellos, por lo menos. ¿Y la información plural? ¿Será que no les llegó?
El proyecto, que ingresó ayer a las 18:20 horas a la Cámara de Diputados, se puede consultar vía parlamentario.com o en ambitoweb.com.

La repregunta ausente

Soy lento, lo admito, porque recién ahora lo estoy entendiendo: los 166 votos de los que hablaba Gribaudo corresponden a 129 de la Cámara de Diputados más 37 del Senado.
La sospecha de esto la tuve con la nota de Página/12, cuando dice que le va solicitar a los miembros de la Comisión Bicameral Permanente que recomienden el rechazo al veto parcial de la ley 26.511. Admitamos que el aspecto comunicacional es pobre.
La base de ese rechazo me resulta dudosa.
La reforma constitucional de 1994 utiliza la misma técnica para los vetos parciales que para los decretos de necesidad y urgencia, y para la delegación legislativa: los prohíbe, pero inmediatamente indica la excepción a la regla: “Los proyectos desechados parcialmente [por el Poder Ejecutivo] no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.” (artículo 80, C.N.).
Es decir que el control que el Congreso debe realizar sobre los vetos parciales es algo acotado: verificar si la parte promulgada tiene autonomía normativa y que no se haya alterado el espíritu ni la unidad del proyecto. Para el análisis de los argumentos, los motivos, que el Poder Ejecutivo haya utilizado para el veto, el procedimiento es el tradicional, es decir la insistencia que haga cada una de las cámaras, con los dos tercios de los presentes.
Tal vez podría decirse que un camino es interpretar que el Congreso puede hacerlo vía el procedimiento de los DNU para fortalecerlo, que ya es bastante malo que el Poder Ejecutivo pueda dejar sin efecto una de las decisiones del Poder Legislativo con su sola firma. Pero, bueno, una cosa es tener una postura contraria a la existencia del veto en sí misma, y otra es utilizar interpretaciones que cambien bastante un sistema que hasta el momento no se modificó.
Volviendo al aspecto comunicacional de la cuestión, sería interesante saber cómo lo expresó Gribaudo en la conferencia de prensa porque evidentemente los periodistas entendieron cualquier cosa. Y no parece que haya habido repreguntas, o tan siquiera preguntas. Además, podría acotarse que él mismo se puso en el peor escenario (que sin dudas es mejor que el de los dos tercios) porque para que las cámaras rechacen un veto parcial, no hace falta la mayoría absoluta sobre el total de miembros, sino que alcanza sólo sobre los presentes (en el mejor de los casos, 65 en la Cámara de Diputados, y 19 en la de Senadores, es decir 84 votos totales). De nada.

Matemática parlamentaria

Como es bien sabido, el principio general para que las cámaras del Congreso adopten alguna decisión es que se cuente con el voto positivo de la mayoría absoluta de los presentes. Hay varias y variadas excepciones: desde proyectos de ley para los que la Constitución establece mayores exigencias numéricas hasta decisiones de procedimiento interno. A todas se las denomina “mayoría agravada” o, también, “mayoría especial”. Por ejemplo, un proyecto de ley sobre cuestiones electorales precisa la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara; la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución, los dos tercios de los miembros de cada Cámara; la remoción de un diputado o senador, los dos tercios de los presentes de la Cámara respectiva, etc.
Como para ir un poco al grano, la insistencia que las cámaras hagan respecto de un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Poder Ejecutivo requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. Es decir que para saber si una insistencia es votada positivamente el primer dato que se precisa es cuántos legisladores están sentados en sus bancas al momento de tal votación. Lo que significa que no es posible prever cuántos votos a favor son necesarios, sólo especular. Podría ser suficiente que sólo 86 diputados se pusieran de acuerdo si la Cámara estuviera en ese momento con quórum estricto (129 legisladores presentes), o ser necesarios 172, si todos los diputados participan de la votación.
¿En qué se basa el Diputado Gribaudo para asegurar que son necesarios 166 legisladores para que la Cámara se oponga al veto del artículo 4º de la ley 26.511, de emergencia agropecuaria para la provincia de Buenos Aires? Vaya uno a saber. Pero se ve que hizo el deleite de Infobae y La Nación, medios que en sendas notas casi idénticas se limitan a reproducir sus dichos sin el más mínimo atisbo de lectura crítica.

La suar-sofo-tinellización de la crónica parlamentaria

Los grandes maestros de la telebasura suelen autojustificarse argumentando que lo que ellos hacen es lo que quiere la gente.
El titular del Gran Diario Argentino sobre lo votado ayer en la Cámara de Diputados ("El oficialismo logró aprobar anoche prorrogar las retenciones por un año") parece responder a esa lógica: la prórroga de las delegaciones legislativas preexistentes a 1994 tenían que ver sólo con el monotema de las retenciones, y la decisión se toma sólo para enojar y perjudicar al “campo”.
El juego lo había abierto Carlos Pagni en La Nación hace unos meses atrás ("Retenciones, en un vacío jurídico") cuando la matemática parlamentaria parecía sonreír al no oficialismo: si los votos no alcanzaban para aprobar un proyecto como el de ayer, el Poder Ejecutivo no podría seguir fijando los derechos de exportación, y lo tendría que hacer el Congreso, no sólo para la soja, el trigo y el maíz, vale aclarar, sino para todos los productos de todos los rubros que pasen por las fronteras, de salida o de entrada. En las leyes de aduana del siglo XIX esta tarea podía resumirse en un listado que bien podía caber en una hoja del tamaño del de la Tribuna de Doctrina. (Una reproducción facsimilar de una de estas enumeraciones se puede consultar en un libro que es una joyita: Estado e industria (1810-1862), de José María Mariluz Urquijo, Macchi, 1969). Hoy… las posiciones arancelarias se pueden contar por miles…
¿El Congreso no puede hacerlo? Tal vez sí, tal vez no. Ciertamente, no de un día para el otro.
Pero la discusión de ayer no se trataba sólo de las retenciones. En todo caso hablar sólo de eso es para la tribuna, como hicieron muchos diputados. Problema de ellos, y de quienes se regocijaron de escuchar lo que querían oír.
Aunque la afirmación de que las normas delegantes son 1901 carece de todo sustento, hay una buena cantidad, y de todo tipo, pelaje y color. Los más tremendistas llegan a señalar que de no prorrogarse (prórroga que debió hacerse cada vez por falta de estudio del tema por parte de los legisladores) se caerían hasta el Código Civil y el de Comercio, o, por lo menos, algunos de sus artículos. No me consta. Pero el asunto es complejo.
Por tal motivo es que el medio periodístico debería ir un poco más allá, se supone, y hasta, tal vez, cuestionar a quienes sólo dicen lo que otros quieren escuchar. La actitud de Clarín está en perfecta sintonía con el lenguaje tribunero, bien propio de este tiempo de ¿fútbol libre?

Táctica y estrategia

Argucia, ardid, sofisma, maña, componenda, socaliña, martingala, artería, celada, artificio, maquinación, estratagema, triquiñuela, picardía, retorcimiento. Aunque las cuestiones de imagen son más propias de la Princesa que mira, Clarín de hoy resulta una muestra interesante de los manejos, de los chanchullos, de los tejemanejes, de los trapicheos que se pueden hacer a través de la adjetivación.
La cuestión de la prórroga de las facultades delegadas, con su special feature sobre las retenciones, está dando pie a una buena cantidad de idas y venidas ante la casi certeza de que no se va a poder seguir el mismo camino que se tomó en los últimos años como para darles continuidad en bloque.
El título de la nota ya comienza hablando de una “jugada” la estrategia oficial de darle un tratamiento distinto a la facultad delegada de fijar los derechos de exportación. Está bien, la propuesta no habrá sido de lo más generosa, como suelen ser las primeras ofertas en cualquier negociación.
La primera frase califica el recurso como “pirueta”, una vuelta en el aire, una cabriola, una contorsión, un giro. Retorcimiento de la realidad.
La representación gráfica de Sábat refuerza el mensaje descalificador de la nota.
Vaya uno a saber. Tal vez el mensaje de las urnas haya sido “retenciones 0”. Pero, ¿es necesario una visión tan estrecha de una típica negociación política?

¡Y no digan que no les avisé!

Hasta donde pude ver, sólo tres medios se ocupan de la reunión que la Comisión de Agricultura y Ganadería celebró ayer: La Nación (tiene un título con "punch", pero su volanta es hermosa), el parlamentario.com e Infobae.

El de La Nación, como no podía ser de otra manera, es el que más refleja la indignación de los productores autoconvocados engañados en su buena fe (debe ser que no leen este blog) al “descubrir” que el tema de las retenciones no estaba en la agenda. No voy a insistir en llamarlos “lobbystas” porque si algo debe caracterizar a esta actividad es el conocimiento de las normas, técnicas y costumbres parlamentarias. Evidentemente, a ninguno se le ocurrió aunque más no sea darle a leer a un amigo abogado el Reglamento de la Cámara. Como ya dije, hubieran sorprendido al artículo 109 escondido entre todos los demás, y la posibilidad de que tres (sí, sólo tres) diputados requieran la incorporación de un asunto en el temario de la Comisión.

Ni falta hace decir que el cronista no preguntó sobre los motivos que pudieron haber tenido los diputados para no recurrir a este mecanismo. Sólo se limitó a “reflejar” algunos de los enojos de ayer, tal como quedó advertido en esta entrada anterior.

La nota es algo contradictoria: un párrafo afirma que el temario fue acordado por “por los presidentes de los principales bloques legislativos”, sin decir cuáles, con lo que se podría deducir que renunciaron a considerar todo otro asunto, pero en el inmediato anterior se afirma que “los legisladores de la oposición intentaron sin éxito debatir la baja de las retenciones a los granos, el manejo de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y otros temas reclamados por los productores”. Tal vez se podría pensar que los intentos fueron antes de la convocatoria, pero entonces habría que aceptar que hubo un acuerdo de dejar esos temas al margen. Y si fueron los “principales bloques legislativos” se debe suponer que lo hicieron aun aquellos que coquetean con la Mesa de Enlace. Pero, bueno, son demasiadas elucubraciones sobre una nota que no se dedicó a profundizar demasiado.

Más adelante, se hace mención a los dichos del Vicepresidente de la Comisión sobre la falta de acuedo, con lo que todo se desdibuja todavía más. Mis comentaristas siempre me dicen que no les pida a los periodistas que lean, pero solicitar un poco de coherencia interna al cronista, ¿también es mucho?

Resulta extraña la insistencia sobre la cuestión de la prórroga de las delegaciones legislativas en este artículo, y la relación que se hace con su no inclusión en el temario. También las gestiones que el autor le adjudica al ahora constitucionalista De Angelis, y su pedido de que “no voten contra el pueblo”. Evidentemente, no tuvo oportunidad de pedirle precisiones…

Actualización: si en TN se hace una búsqueda por "agricultura", aparece la crónica de ayer y al propio De Angelis reconociendo que el tema de las retenciones es "para otro momento".

Dos periodistas, los mismos ¿errores?

Si un periodista puede dar informaciones erróneas, hacer deducciones equivocadas y transmitir imágenes distorsionadas, vamos a suponer que de buena fe, dos de ellos parecen potenciarse terriblemente.

Es el caso de los “especialistas” en temas parlamentarios de La Nación Laura Serra y Gustavo Ybarra, quienes firman en dulce montón una nota sobre la reanudación de la actividad en el Congreso de la Nación. Como no podía ser de otra manera, se hace mención al vencimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo realizada antes de 1994. Repito y subrayo: antes de 1994.

Como para darle una rápida explicación al tema, el próximo 24 de agosto vence la última de las prórrogas de las delegaciones. Antes de la reforma constitucional de 1994, se había establecido la práctica, desarrollada a lo largo de varias décadas, de que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo algunas (o muchas) de sus facultades. Guste o no esta costumbre, está muy lejos de ser un fenómeno argentino exclusivamente. A varias de estas delegaciones, por ejemplo, se las sustenta en el hecho de que los técnicos del Poder Ejecutivo tienen, o pueden tener, un conocimiento más específico y mejor acceso a la información para la toma de decisiones que los legisladores.

Es obvio que las autorizaciones del Congreso argentino van más allá (o mucho más allá) de este supuesto inocente, por llamarlo de alguna manera. Es una imagen habitual “la maraña” para describir el cúmulo de delegaciones de facultades en el Poder Ejecutivo, como se hace en la nota reseñada.

En 1994, la Convención Constituyente, con el alegado propósito de terminar con tal práctica, incorporó a la Constitución Nacional el artículo 76, el que comienza diciendo “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,…”. Si bien parece una barrera muy clara, a continuación prevé dos casos en que se la autoriza. Es decir, está prohibida, pero autorizada. Pero estas delegaciones no entran en la puja que se estaría por abrir próximamente en el Congreso, sino las que se hicieron en forma previa a 1994. Repito y subrayo: en forma previa a 1994. Estas decisiones iban a caducar a los cinco años de aprobada la reforma, salvo las que el Congreso prorrogara. En 1999, aduciendo la imposibilidad de un análisis exhaustivo, se prorrogaron todas las delegaciones, repitiéndose tal proceder en 2002, 2004 y 2006. De esta situación proviene esta aparente espada de Damocles que se cierne sobre las retenciones, así como en una enormidad de temas más.

Pero la información errónea, la deducción equivocada y la imagen distorsionada es la “perlita” que los periodistas afirman que la oposición encontró presumiblemente entre la “maraña” de delegaciones sujeta a decisión el próximo 24 de agosto. Para decirlo en sus palabras: “No sólo eso: en la maraña de legislaciones delegadas algunos diputados opositores descubrieron una perlita: el decreto 1067/2005, por la cual el Gobierno creó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) otorgándole amplias competencias, funciones y potestades punitivas”.

En la maraña de elucubraciones del artículo, este parrafito podría pasar desapercibido, pero mis lectores ya deben estar advertidos de que las notas sobre el Congreso deben leerse con cierto cuidado.

¿Cómo podría incluirse la ratificación de una delegación de 2005, si de lo que estamos hablando es de la legislación delegada previa a 1994?

Además, se habla de “descubrimiento” muy a la ligera. Los periodistas seguramente omitieron hacer una mínima verificación en la propia base de datos de la Cámara de Diputados: el dictado decreto 1067/2005 fue comunicado a la Cámara de Diputados el 1º de septiembre de 2005.

Es verdad, suena lindo y tiene impacto que no sólo las retenciones puedan quedar bajo la lupa por un medio distinto a su tratamiento específico. Suena más lindo y tiene más impacto que un instrumento demonizado en el conflicto interminable con el lobbysmo agropecuario como es el de ONCCA pueda entrar también en este paquete.

Pero, muchachos, como siempre digo, hay tanto para criticar con un mínimo sustento, y ustedes insisten en quedarse con lo primero que le dicen… Es difícil creer que hacen las cosas de buena fe.

Aclaración para juristas: La creación de la ONCCA podría ser interpretada, repito y subrayo, interpretada como producto de alguna delegación previa a 1994. Pero esto puede dar pie a largas discusiones, con argumentos a favor y en contra. Una noticia periodística es un medio inadecuado para reflejarlas, no así el estudio por parte del periodista de las mismas, aunque más no sea para verificar que la información es adecuada. O para reflejar, en el marco de su autoproclamada neutralidad, las distintas posturas sobre un tema. Nada de esto se hizo, y este es siempre el disparador de las entradas de este blog.

¿Un nuevo round de estudio?

En el sitio web de la Cámara de Diputados, en el vínculo correspondiente a la agenda de las comisiones parlamentarias, está anunciada la citación de la Comisión de Agricultura y Ganadería para el próximo martes 28 de julio, a las 17:00 horas. Como se supone que la Cámara retoma sus actividades normalmente el próximo lunes, no habría motivos para que su Presidente suspenda esa reunión.

La información está desde ayer, pero salvo en el sitio parlamentario.com no la vi en ningún lado, lo que resulta llamativo dada la repercusión (escasa, sí, pero repercusión al fin) que tuvo la convocatoria y posterior suspensión de hace unos días.

El informe recién nombrado adjudica a los diputados no oficialistas, junto con la Mesa de Enlace, el impulso de esa reunión. También indica como temario, pero con equívoca redacción, que "Sin dudas, el principal tema a definir fue el Código Aduanero que le otorga la potestad al Gobierno para fijar la alícuota de las retenciones. Además de este tema, los dirigentes agropecuarios aseguraron que la emergencia agropecuaria, la lechería y la ONCCA son los temas a resolver."

Lo curioso es que los proyectos a considerar, según lo publicado por la propia Comisión, son los siguientes:

Declarar zona de desastre y emergencia, las explotaciones agropecuarias ubicadas en diversos distritos de la provincia de Santa Fe; Declarar zona de desastre agropecuario y forestal por incendio, por el plazo de 180 días prorrogables, a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Declarar zonas de desastre y emergencia agropecuaria en diversos distritos de la Provincia de Buenos Aires por efecto de la sequía; Productores Agrícolas del Departamento de Rivadavia, Provincia de Mendoza. Declárase la emergencia agropecuaria por el plazo de 12 meses; Emergencia agropecuaria por 180 días. Se la declara a varios departamentos de la Provincia de Catamarca; Emergencia agropecuaria se la declara en varios departamentos de la Provincia de Salta por el término de un año; Mensaje Nº 1777 del 5 de noviembre de 2008 comunicando el Decreto 1776/08, por el cual se declara zona de desastre agropecuario según lo normado en la Ley 24959 del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008, a diversas localidades de la Provincia de Buenos Aires; Mensaje Nº:0741 del 17 de junio de 2009 comunicando el Decreto 740/09, por el cual se declara zona de desastre agropecuario a diversas localidades de la Provincia de Buenos Aires; Proyecto de ley en revisión, por el cual se declara zona de desastre por sequía durante el plazo de 1 año, prorrogable a 3 años, a la zona de secano integrada por diversos departamentos de la Provincia de Río Negro; Emergencia Agropecuaria. Régimen. Derogación de la Ley 22.913; Proyectos sobre Sistema Agroalimentario Lácteo; y Proyectos de Resolución y Declaración.

Nada de retenciones, nada de Código Aduanero, nada de ONCCA. ¿Qué estará pasando? ¿La publicación aparentemente más especializada del medio periodístico no chequeó la información? ¿Ya estarán escribiendo acerca de las maniobras del malévolo oficialismo que posterga el tratamiento de aquellos temas? ¿Estarán preparando los grabadores para recoger las declaraciones airadas de los diputados no oficialistas y de los lobbystas agropecuarios?

Por las dudas, les sugiero que le den una mirada a la última parte del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que dice:

A pedido de por lo menos tres diputados integrantes de una comisión, deberán incorporarse al temario a considerar por la misma los asuntos entrados que ellos indiquen.

Si sólo llegaran a considerarse los asuntos consignados en la convocatoria con exclusión de los que "la ciudadanía" "reclama", una buena pregunta para hacerles a los diputados no oficialistas es por qué no utilizaron un mecanismo ya previsto por el reglamento.

¿Se reunirá la Comisión el día y hora previstos? ¿Aprobará sólo los asuntos indicados? ¿Se hará la propuesta de incorporación de nuevos temas? ¿Se considerarán esos proyectos? ¿Se dictaminarán ese día, o la discusión se prolongará por varias reuniones? ¿Estarán los periodistas advertidos de estas circunstancias? ¿Harán las preguntas necesarias para que el público esté adecuadamente informado?

Salvo la última pregunta, que para mí tiene una respuesta clara, las demás se develarán... ¿se develarán?

El malévolo oficialismo... o "agarren los libros que no muerden"

Los medios suelen contar entre sus periodistas con especialistas, o especializados, en distintas ramas y/o actividades: está el de cuestiones internacionales, los de deportes, alguno que otro se dedica a temas relacionados con la ciencia, los de policiales, etc. En la radio, hay uno muy bueno que se ocupa de comentar asuntos relacionados con las causas judiciales, Néstor Espósito.

En cuanto a la política, puede haber periodistas que sigan las noticias que genere algún partido político en particular, o en tal o cual temática.

Es decir que el trabajo está bastante dividido con el objeto de, se supone, mejorar la transmisión de la noticia y el entendimiento del público.

En el ámbito parlamentario, la regla parece ser completamente la inversa. No hay especialistas. Si alguna vez el cronista parlamentario (y obsérvese que se lo llamaba “cronista”) pudo haber sido un personaje dentro de las redacciones, y algún memorioso recordará tal vez a Marcos Diskin, hoy es una tarea olvidada. Es posible que la responsabilidad la tenga el propio Congreso, ya que no es un gran generador de noticias. Los periodistas suelen ir en búsqueda de los escandaletes, y poco más.

Pero de vez en cuando algo pasa, o debería pasar, en las cámaras legislativas. Y hace falta alguien que entienda para preguntar y transmitir mejor.

El martes pasado estaba citada la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. Su temario era amplísimo: desde la emergencia agropecuaria hasta los derechos de exportación. Pero, gripe A mediante, la reunión se suspendió. El Presidente de la comisión, el Diputado Cantero Gutiérrez, dio algunas explicaciones que se pueden buscar en la página de TN, haciendo una búsqueda por su apellido.

Las informaciones que se generaron fueron bastante imprecisas. En un principio, en ese canal se decía que, pese a la suspensión, había habido veintidós diputados presentes de un total de treinta y cinco miembros, más que suficiente para debatir y tomar decisiones válidas. Luego quedó claro que lo que se había reunido era la Mesa de Consenso Agropecuario, conformada por los lobbystas rurales y representantes de varios bloques no oficialistas. Por ser como es un ámbito informal de “discusión” seguramente no contará con reglas precisas como quórum, mayorías, etc.

Pero volvamos a la convocatoria y posterior suspensión de la reunión de la Comisión. Aun dejando de lado la discusión acerca de la seriedad de los motivos de Cantero Gutiérrez, uno se puede preguntar si esa decisión cierra completamente la puerta al debate:

• · Respuesta Nº 1: de acuerdo a la práctica parlamentaria, sí. La citación de las comisiones y la eventual suspensión de la reunión es una atribución exclusiva de sus presidentes.
• · Respuesta Nº 2: de acuerdo a lo surge expresamente de los reglamentos, no.

Para que los medios puedan transmitir adecuadamente esta diferencia, haría falta alguien que más o menos haya leído los reglamentos de ambas cámaras. (También los diputados deberían hacerlo, pero esto es otra cuestión.) Entonces, uno podría esperar que se les pregunte a los diputados no oficialistas ansiosos de reunirse y debatir qué les impide impulsar una reunión ya mismo. Si sólo es una cuestión de práctica y costumbre, como ya dije varias veces, la urgencia y necesidad de una decisión bien podría autorizar dejarlas de lado y aplicar la fría letra del reglamento. Pero sólo se ocupan de destacar que, otra vez, el malévolo oficialismo chicanea.

Hace un tiempo atrás, tuve oportunidad de escuchar a un funcionario de la Cámara de Diputados que es un verdadero estudioso y apasionado de las cuestiones parlamentarias. En tal oportunidad, contaba por qué en el Congreso de 1973-1976 se destacó la entonces muy joven y bella Diputada María Cristina Guzmán, del Movimiento Popular Jujeño. Como integrante de un bloque unipersonal, y mujer, parecía tener pocas posibilidades de conseguir algún espacio. Pero se ocupó de estudiar el reglamento, y de exigir su cumplimiento. De esta manera, la mayoría siempre debía, aunque sea, mirarla de reojo para ver si no iba a salir con alguna cuestión que pudiera trabar sus intenciones. Por supuesto que los reglamentos también prevén la posibilidad de que, dadas ciertas condiciones, puedan dejarse de lado, pero esto es otra historia.

Señores de los medios: hagan estudiar a sus periodistas. Salvo, claro está, que sus intenciones vayan más allá de la información…

Testimonio contra candidaturas

Si uno lee el Clarín de hoy, se va a encontrar con lo que tal vez juzgue como una buena noticia: en la página 4 (abajo a la derecha) se dice “Votan un proyecto para frenar a Patti”. En el cuerpo de la nota, sin mayores precisiones, se informa de una media sanción que prohíbe a funcionarios de las dictaduras a ocupar cargos públicos o candidatearse. No traten de buscarla en la versión on-line porque no la van a encontrar.

Como la interpretación del diario es que la finalidad del proyecto es Patti, las dos columnitas de la noticia están casi íntegramente dedicadas a especular sobre si le sería aplicable o no teniendo en cuenta que es candidato para las próximas elecciones del 28 de junio.

Había muchas cosas para escribir sobre este tema, porque desde que dejaron al ex subcomisario sin banca, en la Cámara de Diputados se discuten varios proyectos como para cerrarle la posibilidad de las candidaturas a los acusados por delitos de lesa humanidad y/o funcionarios del último gobierno militar sin que se vean afectadas las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional. Técnicamente, es bastante complicado.

Pero el diario no dice mucho. No se informa nada de fondo, ni se hace mención a cómo se le dio solución a esta difícil cuestión. La hora de cierre se les habrá venido encima, y el cronista se jugó a que al proyecto se le iba a dar media sanción.

Pero resulta que no, el proyecto no está aprobado. Hubo, sí, un dictamen “positivo” de la Cámara constituida en comisión, que unificaba a varios proyectos. La constitución de la Cámara en comisión es un mecanismo previsto por el reglamento que busca remediar la falta de consideración de un asunto por la comisión respectiva. Para recurrir a tal mecanismo, es necesario contar el voto de los dos tercios de los presentes, es decir un alto grado de consenso.

El tratamiento posterior del proyecto con la Cámara constituida en comisión mostró algunas fisuras en los acuerdos alcanzados, pero ninguna que impidiera el dictamen. Pero el problema vino algo más tarde. Una crónica de lo que pasó ayer puede verse aquí.

Resulta llamativo que los medios on-line sólo se ocupen del juramento de Rivas. Un hecho importante, y que llevará a reformular las clases de Derecho Constitucional cuando se analiza la incapacidad física sobreviniente como causal de remoción de un legislador. Pero tal despliegue parece inversamente proporcional a la cobertura de un hecho relevante como el reseñado, aun cuando el proyecto no haya sido aprobado.

¿Nos juntamos un día de estos?

Hace un tiempo atrás, un conocido me decía “hay veces que por más que uno lo intente, el Congreso es indefendible”. Él se refería, justamente, a estos períodos de inactividad que se dan casi por cualquier motivo. Si no recuerdo mal, aquella ocasión era en los días post “voto-no-positivo” y su tendal de heridos. Hoy estamos ante un panorama similar, pero con un pronóstico algo más reservado.

Las dos cámaras del Congreso presentan un paisaje solitario. Obvio es decirlo, la campaña electoral, aún no formalmente abierta, es la “culpable” de la situación. En el sitio parlamentario.com se da cuenta de esta circunstancia, ya que contabiliza la cantidad de sesiones que se celebraron en lo que va del período ordinario 2009, es decir desde el 1º de marzo.

Lástima que el autor de la nota no haya tomado en cuenta una regla tan vieja como simple, como la que dice “no se deben comparar peras con manzanas”. Es que la base que toma son los dos primeros meses del período ordinario de 2008, año no electoral, momento pre “voto-no-positivo”. Desde todo punto de vista, no son comparables estos dos lapsos.

Para que tenga cierta utilidad, habría que tomar un año electoral en el que sólo hubiera elecciones legislativas. Por este motivo, el 2007 no serviría porque hubo elección presidencial.

Propongo, entonces, que se compare este año 2009 con su “similar” 2005. Y lo pongo entre comillas porque, aunque no fue el caso, puede haber alguna dispersión en cuanto a las elecciones para cargos provinciales. Además, claro, de todas las otras cuestiones de actualidad que se quieran agregar.

En 2005, las elecciones nacionales se celebraron el 23 de octubre. Como es de presumir, antes de esa fecha, la actividad fue limitada. De hecho, la última sesión “en serio” de la Cámara de Diputados se realizó el 7 de septiembre. Con posterioridad, hubo algunos intentos frustrados, pero se debe señalar que el 28 de septiembre la cámara se reunió para aprobar sin discusión un proyecto que había estado muy conversado. Después de las elecciones, no hubo sesión hasta el 28 de noviembre…

En el Senado las cosas fueron algo distintas. Es evidente que es más sencillo juntar 37 personas que 129 (el quórum de cada cámara): hubo sesión el 7, el 21 y  el 28 de septiembre. Además, estaban en el medio del juicio político al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano. En octubre no sesionaron, y retomaron su actividad el 2 de noviembre.

Aunque no demuestre nada en cuanto a la calidad legislativa, este pequeño ejercicio sirve para ver que siempre es lo mismo. Tal vez no sea justificable, pero se debe tener en cuenta que los parlamentarios son políticos, y parte de su trabajo es ganar elecciones, y colaborar con su partido para que las ganen. ¿Son incompatibles las tareas en las cámaras con las campañas? Los hechos parecieran demostrar que sí.

Por otra parte, y dependiendo de la conveniencia de cada uno, se señala lo inoportuno de introducir temas en la agenda parlamentaria en el medio de una campaña… Palos porque bogas, y palos porque no bogas…

La cantidad de sesiones es un parámetro poco valioso si se lo toma aisladamente. Hay que hacer un combo mucho más amplio para medir lo que hace el Congreso, o lo que deja de hacer. Hay muchísimas variables. Tantas, que los amigos estadísticos deben tener dificultades para acordar cuáles serían y qué valor tienen, como para encarar un análisis global de la cuestión. El blog de Ernesto Calvo podría ser consultado con provecho, me imagino, como para empezar. Aunque no por nuestros periodistas de cabotaje.

Es difícil defender al Congreso. Es mucho más fácil criticarlo porque presenta miles de flancos para ello. Por lamentable que parezca, hay que plantear el tema en términos de ataque-defensa. Es que todos los actores, aun aquellos que pretenden presentarse como asépticos analistas, están en el juego de la, ahora de moda, política agonal… En fin…

Palabras, palabras, palabras

El "esfuerzo legislativo" es tan difícil de medir, que sacan de la galera estadísticas de todo tipo, una más inútil que la otra.

Algún día, tal vez, con suerte, quién te dice, se informará con seriedad... (sí Tow, ya sé, no les interesa).

Una pequeña aclaración: el artículo original salió en parlamentario.com el 10 de abril, y no traía ninguna referencia a Nueva Mayoría, sino que era de "elaboración propia". Muchachos, sin van a robarse las "ideas", que por lo menos valga la pena...

¿Y ahora qué bicho les picó?

El tránsito circuló con total normalidad sobre la Avenida Rivadavia durante toda la mañana. No hubo manifestantes, ni móviles de los canales de televisión o de las radios. No hubo aglomeración de periodistas en las puertas de la Cámara de Diputados esperando para entrevistar a legisladores o personas interesadas en la sesión especial convocada para las diez de la mañana.
¿Qué sesión especial? La de las retenciones. ¿Cómo? ¿No se enteraron? No, no puede ser, si es casi como un punto de quiebre para el bloque oficialista. Los diputados de la oposición iban a trabajar fuertemente para conseguir que los veintiún diputados faltantes el 18 de marzo pasado se sienten en el recinto para discutir el asunto "de cara a la sociedad".
El 18 de marzo hubo 108 diputados presentes, dieron discursos muy duros, y prometieron volver. Hoy hubo sólo 23. Posiblemente, ni siquiera haya habido "manifestaciones en minoría".
Lo llamativo es el contraste entre el despliegue de aquel día, y la ausencia de noticias de hoy, a tal punto que sólo quedó reflejado en un medio "especializado" como es parlamentario.com, y hasta podría decir que fue más que nada por el contenido adicional de la convocatoria, ya que también se intentaba considerar una declaración de emergencia sanitaria por el famoso mosquito. El título de la noticia lo dice todo: "Sólo 23 diputados se preocuparon por el dengue".
¿Cuál era el criterio en la cobertura periodística antes, y cuál es ahora? Sería interesante saberlo. También sería interesante que los periodistas pregunten a los 85 diputados que faltaron a la cita de hoy (108 - 23) cuáles fueron y cuáles son sus motivos, y lo informen. Las circunstancias son exactamente las mismas antes que ahora. Las respuestas de diputados y periodistas muy distintas.

Retenciones: una pirueta contra la información

El cronista clarineano Matías Longoni realiza hoy una de esas extrañas parábolas a las que nos tiene acostumbrados el periodismo. Luego de meses o años de esquivar una información completa sobre el Congreso, escribe que ahora "El diputado kirchnerista Alberto Cantero realizó ayer una de esas extrañas parábolas a las que nos tiene acostumbrados la política. Luego de seis meses de esquivar una convocatoria a reunión de la Comisión de Agricultura, que él preside, declaró que ahora ‘el oficialismo está dispuesto a discutir el tema de retenciones’. Así, en una primera impresión, quedaría allanado el camino para que el más ríspido de los debates entre el campo y el Gobierno sea resuelto en el Congreso. La oposición ya juntó 108 voluntades dispuestas y le restan pocas bancas para llegar al quórum. Si se suma el bloque mayoritario, ya no será necesario que sude la gota gorda.”
¿Te parece, Mati, si contamos seis meses para atrás? Estamos a principios de octubre. ¿Existía el proyecto sobre retenciones que “ahora” quieren discutir? No. ¿Y si contamos sólo tres meses, Mati? Principios de enero. Tampoco. ¿Un mes? Marzo. Debería estar. Sí, pero recién el 17, hace hoy veinticuatro días. Por otro lado, no sólo Cantero Gutiérrez “esquivó” citar a la comisión que preside. Lamentablemente, casi ninguna tuvo actividad.
Luego de varios días de silencio de radio sobre el Congreso, “ahora” parece haber una información de cierto interés.
Falsa impresión. Clarín ahora decide informar sobre los trámites de los que habíamos hablado sobre los varios proyectos en danza relativos a cuestiones agropecuarias, pero eso no significa que lo haga con alguna precisión. Veamos: “Falsa impresión. El FpV ahora está ‘dispuesto a discutir’, como dijo Cantero, pero eso no significa que no imponga las condiciones para ese debate. Lo adelantó el analista de temas agroparlamentarios [sic ??????????] Diego Ramírez: el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, decidió unificar los 35 proyectos sobre retenciones que se han presentado hasta aquí y pretende [¿quién?] que se discutan en una reunión conjunta de tres comisiones. A la de Agricultura, donde el kirchnerismo perdió la mayoría, sumará las de Presupuesto y Hacienda y la de Comercio, que todavía domina con holgura. Recién con un dictámen [sic] favorable de esos tres cuerpos, el bloque K bajaría al recinto.
Ya analizamos aquí este tema de la unificación de giros. Pero veamos alguna alternativa (espero que el analista de temas agroparlamentarios –Ay, Patria mía– acuerde con mi forma de ver las cosas):
Un posible camino sería no haber hecho nada respecto de esa unificación, y tratar los proyectos como vienen. A lo sumo considerar en forma global los que tienen igual giro. Además, que cada comisión los discuta por separado, como es de práctica. Dados los últimos realineamientos, “el campo” tiene la mayoría de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. Uno podría suponer que está en condiciones de dictaminar favorablemente el proyecto de las retenciones. ¿Se abriría a la discusión, escucharía sugerencias, aceptaría modificaciones? ¿O impondría su número? (Quisiera ver los titulares en tal caso, cómo lo dirían.)
¿Termina aquí la historia? No, porque falta el estudio de las otras comisiones. Lo habitual es que lo hagan en forma separada y sucesiva. Si la primera comisión del giro (llamada cabecera y, supuestamente, la que tiene una competencia “central” en el asunto) lo despachó, hay fuertes indicios de que hay un cierto acuerdo y posiblemente estén las cuestiones técnicas y políticas resueltas. Así van añadiendo su visto bueno las demás comisiones. No siempre es de esta manera. A veces surgen objeciones y el dictamen se va reelaborando. En otras, el rol de las comisiones “no cabecera” es igual de importante que el de la primera. Pero sí o sí es preciso que se vayan sumando las mayorías de las otras comisiones. Es decir que no es suficiente que la Comisión de Agricultura y Ganadería dictamine favorablemente el proyecto.
Y, además, está el cuco. La Comisión de Presupuesto y Hacienda es el paredón en el que chocan las mejores intenciones (ver esto). La tarea de esta comisión es decidir si se abre o no la billetera (o la caja), si se resigna o no los recursos provenientes de tal o cual impuesto. Si se renuncia o no, en definitiva, al dinero de las retenciones. Aunque no todos los proyectos de aquel paquete de treinta y cinco tenían giro a esta comisión, tal vez se la podría haber evitado. Pero ahora sí lo tienen.
A pesar del tono apocalíptico de Mati, a pesar de sus sugerencias conspiratorias (“ ‘La mayoría de los diputados de la Comisión de Agricultura ya tenemos un acuerdo. Para frenar esto, ahora hacen lo otro’, evaluaba el vicepresidente de ese cuerpo y diputado del PRO, Cristian Gribaudo, advertido de la maniobra”, bastardilla propia), incluso a pesar de las imaginadas opiniones de Diego Ramírez (¿probaron de googlearlo?), mi impresión es que el oficialismo aprovecha la falta de estrategias parlamentarias del “Bloque Agropecuario”. El camino de la sesión especial parece estar desactivado, pero no por lo que sugiere el cronista, sino, tal vez, porque ya se vio que es el más corto para no solucionar el asunto.
Las comisiones se van a reunir, Mati. Te sugiero que vayas escribiendo la crónica. Para no cansarte, empezá a tipear varias veces la frase “diálogo de sordos”. Es la que vas a usar un montón de veces.