Qué inútiles los escribanos

La Princesa Mirona me primerió, y se puso a comentar un par de artículos de La Nación de hoy que vuelven a repetir, ciegamente, aquello del Congreso como escribanía del Poder Ejecutivo. El Criador ya se ocupó de esta crítica hace rato. Pero además, bastaría con preguntarse, junto con la Princesa, sobre las modificaciones que se le pudieron haber introducido a los proyectos. De ser sustanciales, el argumento se cae como castillo de naipes. Cada quien tendrá su propio criterio para lo que es sustancial o no. En todo caso, habrá que conocer del fondo de cada proyecto para evaluarlo. Pero es una de las primeras verificaciones a realizar, sin duda.
La autora de la nota, publicada en la página 5 del diario (primera dedicada a la política nacional) con gran despliegue, es Laura Serra. Como suele visitar el Congreso se diría que en función periodística, es de suponer que algo se informó sobre asuntos y mecánicas parlamentarias. De haber adquirido algún conocimiento, no puede, no quiere o no la dejan reflejarlo. Es que después de varios años de repetir lo de siempre, no hace ningún esfuerzo por preguntarse lo mínimo (como lo de las modificaciones), o ver de analizar, por ejemplo, qué peso tienen en la estadística la aprobación de los acuerdos internacionales. Pero su artículo tiene tantas contradicciones y análisis insulsos que es mínimo lo que puede esperarse.
Hay algo que es cierto: la información surge de la propia página de la Cámara de Diputados. La periodista podrá decir que no hace más que exponerla (¿para qué la necesitamos a ella, entonces, ¿no?). El problema es que las estadísticas parlamentarias son realmente complicadas por la enorme cantidad de variables a considerar, desde el “peso relativo” de cada iniciativa hasta el “timing político” para su aprobación. En esto podrá ayudar el amigo Tow. La simple comparación de “cuántos de allá y cuántos de acá” dice muy poco. (Ya me veo venir el comentario de Tow: “Si los constitucionalistas lo repiten, ¿por qué no los periodistas?) Si los legisladores ocuparan todo su tiempo en estudiar exclusivamente proyectos del Poder Ejecutivo, negociando incorporaciones o supresiones, convirtiendo a cada uno en “Pactos de la Moncloa”, ¿qué dirían las Lauras Serras, los Morales Solá, los Lanatas? Mejor ni pensarlo…

Una causa para el Juez Gallardo

El Juez Gallardo es magistrado del fuero contencioso-administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo conocido por sus decisiones de puro activismo y por su animus figurandi. Lamentablemente para algunos de los diputados de la oposición, este juez no forma parte del fuero federal, ya que, a no dudarlo, les habría dado inmediata acogida a la aventura judicial que van a encarar, según anuncian. Notablemente, a este cuestionamiento se le da una gran cobertura mediática, poco acorde con las tres páginas de la versión taquigráfica, o los nueve minutos de discusión que ocupó en una sesión de más de catorce horas (aproximadamente, entre las 14:07 y las 14:16 de la reunión).
En este marco, comparto con los lectores una nueva misiva del colaborador espontáneo, quien, pese a su oscuro puesto (en todo sentido) de "Primer Asistente de Verdugo", revela tener cierto conocimiento jurídico. Que quede claro que aquí ni el autor del blog ni (me atrevería decir) el amigo Matildo estamos ni dejamos de estar con el blanqueo. Hay una discusión de procedimiento sobredimensionada y hasta disparatada, la que, convenientemente, es utilizada para desprestigiar a la institución parlamentaria.
Sin más prólogos aquí va la carta:

Estimado colega:

La calma paradisíaca de mi oficio se vio perturbada por las nuevas que el Congreso Federal habría incurrido en una grave irregularidad de labor legislativa.

Configura evidencia prima facie de la gravedad de este proceder que varios diputados le han opuesto ante la Justicia una acción expedita y rápida de amparo.

El escrito presentado sostiene que un fragmento de una ley puesto a consideración de la Cámara baja fue aprobado por mayoría de los presentes cuando la Constitución Nacional manda que dada la naturaleza del asunto, su voto favorable requería la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ese cuerpo deliberativo.

Imaginará Vuecencia la inefable inquietud que me causó que se recurra a un magistrado del Poder Judicial para dilucidar una cuestión atinente al funcionamiento interno del Poder Legislativo. He sabido de togados en su municipio que han querido imponer a los ediles la oportunidad de dictar ordenanzas, la manera de llevar adelante sus reuniones y la forma de designar funcionarios, pero sospecho que a nivel federal esta forma peculiar de activismo no abunda ni es bienvenida. Con todo, es de esperar que solamente la presencia de actos de manifiesta arbitrariedad podrían justificar que las cuestiones atinentes al procedimiento de sanción de las leyes constituyan materia de análisis judicial.

Considerando estos elementos, me propuse evaluar la viabilidad del recurso interpuesto. Para que de buenas a primeras este ejercicio resultara más interesante, di por sentada la legitimación de los accionantes y la competencia del tribunal para pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

Llegado al meollo del asunto, mentiría si no admito que encontré por demás sutil el argumento de los legisladores respecto a la validez de la votación de marras. Siendo que el proyecto en consideración creaba un incentivo para que los sujetos declaren bienes ante el fisco, los peticionantes sostienen que la combinación de un impuesto especial y una generosa condonación involucrarían una asignación específica de recursos coparticipables por tiempo determinado. Razonan que en ausencia de tales disposiciones los deudores estarían obligados a oblar los impuestos ordinarios atrasados y lo que dejarían de pagar al acogerse a tal régimen reviste un fin determinado de estímulo a las actividades lucrativas.

En otros términos, como los impuestos adeudados, de pagarse, formarían parte de la masa coparticipable, las normas que por seis meses prorrogables los eximiría de persecución fiscal reemplazándolos por tributos menos onerosos les da de hecho una afectación específica por ese período determinado, y por lo tanto deberían haber obtenido el voto positivo de la mayoría absoluta de la totalidad de la legislatura, como manda el artículo 75 inciso 3 de la norma fundamental.

Confieso que el raciocinio empleado fue tan seductor que con presteza generó en mí el temor a un lapso favorecedor de la intervención jurisdiccional. Me pregunté entonces si acaso no podría aplicarse igual razonamiento a cualquier excepción a contribuciones directas, que según la Constitución Nacional también son por tiempo determinado.

Si abstenerse de exigir pagos al erario público implica afectar a un propósito -implícito o explícito- los recursos que de otra manera hubieran ingresado a sus arcas, entonces exceptuar algo del pago de un impuesto directo sería en efecto detraer recursos de la masa coparticipable y darles asignación específica, digamos, apoyar determinadas actividades consideradas particularmente provechosas para la comunidad. Es decir, contribuciones directas por tiempo determinado que por regla general deberían ingresar a la masa coparticipable son asignadas por la vía de la exceptuación al fomento de ciertas explotaciones definidas de manera precisa, que de este modo son beneficiadas en procura de algún interés superior.

En esta conexión, las exenciones al impuesto a las ganancias o al impuesto a los bienes personales -que son contribuciones directas por tiempo determinado- serían asignaciones específicas a favor de los sujetos beneficiados por dichas excepciones para estimular un cometido al que se juzga de interés general, de manera que establecer o modificar las mismas requeriría la misma mayoría agravada argüida por los firmantes del recurso.

(N de la R.: el argumento de las exenciones podría ser utilizado no sólo para los impuestos directos, sino también para los indirectos, los que, además, no tienen el carácter de "temporarios", con lo que la "resta" de recursos para la coparticipación federal sería permanente. De ser aceptable, ¿qué ocurriría si el Estado Nacional decidiera suprimir lisa y llanamente un impuesto?)

Sin embargo, no hay evidencia que semejante regla haya sido aplicada consistentemente por la Cámara baja. Por el contrario, numerosas modificaciones a esos impuestos han sido aprobadas por simple mayoría.

Cabe mencionar particularmente el tratamiento de un paquete de reformas tributarias allá por diciembre de 1999, en la que se produjo una discusión similar sobre las mayorías necesarias para crear un impuesto a la herencia. Resulta interesante constatar que en aquella oportunidad los justicialistas argumentaban que para aprobar el impuesto era necesaria la mayoría especial mientras los radicales insistían en que bastaba la mayoría simple. Esto tal vez explicaría que ningún representante de esta última bancada adhirió a la presentación judicial que motiva esta comunicación, aunque bien sabe Usía que hacer suposiciones sobre estos asuntos puede resultar con frecuencia temerario.

Respetuosamente suyo,

Matildo Arsenio Tereré
Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

Constituciones para los periodistas (¿no será mucho pedir?)

Un fantasma recorre las redacciones de varios medios periodísticos.”Ignorancia” se llama. Aunque también puede ser conocido como “Desidia”. (En voz baja, algunos se atreven a llamarlo “Mala intención”.)
Es que ayer se votó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “anticrisis”. Su Capítulo III incluye el famoso blanqueo de capitales. Con distintos porcentajes de acuerdo a qué se haga con esos fondos, esta “manifestación de bienes” debe pagar un impuesto. El escándalo mediático y mediatizado viene por este lado.
Una obvia atribución del Congreso es establecer impuestos. Desde la reforma de 1994, todos ellos “son coparticipables” (artículo 75, inciso 2º, CN), es decir deben ser repartidos entre la Nación y las provincias de acuerdo al sistema establecido por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Excepcionalmente, se admite que el Poder Legislativo les dé una asignación específica (como por ejemplo el impuesto a los automóviles de hace unos años destinado a mejorar el sueldo de los docentes), para lo cual la Constitución exige que la ley se vote con la mayoría absoluta del total de miembros de cada cámara –129 votos en Diputados y 37 en Senado– (artículo 75, inciso 3º, CN, que dice: “Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”).
En grandes titulares las versiones electrónicas de varios medios se hacen eco de una discusión que se generó en la votación de hoy a la madrugada de ese Capítulo. La oposición insistía que era necesaria la mayoría especial, mientras que para el oficialismo no.
Los argumentos son patéticos. O, mejor, se debería decir “el argumento”, ya que fue uno, y sólo uno, el que se esgrimió para sostener tal criterio. Según consta en la versión taquigráfica, el diputado Adrián Pérez dice: “En cuanto a la segunda cuestión, el artículo 27 es muy claro. Hoy el señor diputado Rossi hizo referencia a que no se trataba de un impuesto sino de una tasa. Voy a leer lo que dice el artículo 27: ‘El importe expresado en pesos de la moneda extranjera, divisas y demás bienes que se exterioricen estará sujeto al impuesto especial que resulte de la aplicación de las siguientes alícuotas.’ En consecuencia es un impuesto especial y requiere la mayoría calificada”.
Es posible que como el impuesto es “especial” para el diputado ingrese a la misma categoría de “ley especial”. Vaya uno a saber. Pero asignación específica no se ve ninguna. Por lo tanto, no parece que el proyecto pueda ingresar en la categoría de normas que deban ser aprobadas por mayorías especiales.
Hasta aquí, sólo estaríamos en la crónica de una pequeña escaramuza que ocupa tres carillas de las 224 que tiene la versión taquigráfica.
Pero el megáfono mediático se centró en esta cuestión. Y a la falta de argumentos de los diputados sumó su propia ignorancia, desidia o mala intención.
Veamos.
Para La Nación, con la firma de Lucrecia Bullrich, se dice: “Según el acta de votación nominal de ese punto, el más controvertido de todo el proyecto, el blanqueo logró 128 votos a favor y fue rechazado por 100 diputados. Mientras que para el oficialismo esa cantidad de adhesiones es suficiente, para la oposición haría falta un voto más. Plantean que, por tratarse de un tema impositivo, debió haberse sancionado con mayoría especial, es decir, con al menos 129 votos” (bastardillas propias). Basta una mínima lectura de la Constitución para enterarse que por aquí el proyecto no es atacable. Y hubiera sido interesante que en la nota se expusiera una mínima duda sobre el argumento.
Más adelante, sí, se exponen las opiniones de varios diputados, según las cuales el proyecto establece asignaciones específicas. ¿Cuáles serían? Nadie las dice. Y, evidentemente, nadie preguntó. ¡Una Constitución para Lucrecia Bullrich!
Clarín repite aún más pobremente, si cabe, esta discusión: “ ‘Cuando pasamos a la votación en particular, se sabía que necesitaban 129 votos (para aprobar cada uno de los títulos que integraban el proyecto) porque se estaba votando un impuesto. Sacaron 127, una diputada aclaró que había votado afirmativamente y llegaron a 128. Así que les dijimos que perdieron. Entonces (el jefe de la bancada K, Agustín) Rossi pidió que votara el presidente de la Cámara (Eduardo Fellner) y dijeron que así llegaron a 129, pero Fellner no podía votar porque el reglamento dice que tiene que anunciarlo antes de la votación. Por eso, el título tres no está aprobado’, sostuvo la diputada Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, en diálogo con Clarín.com. (Bastardillas propias).”
¿Alguien le hizo ver a Patricia Bullrich que no es ése el criterio para determinar si hace falta o no la mayoría especial? Clarín seguro que no.
A las 13:11, el medio agrega una nota titulada “Los constitucionalistas debaten si es válido o no el planteo opositor”. Si alguien me puede indicar en qué parte del texto está el debate se lo voy a agradecer.
En fin, ¡otra Constitución para Clarín!
Para no hacer esto muy largo, termino acá. Es obvio que no discuto sobre el tema del blanqueo en sí mismo, ni mucho menos sobre todo el plan. ¿Habrá asignaciones específicas en el proyecto? No lo sé. Tal vez las haya. Pero no surgen de la versión taquigráfica, ni mucho menos del relato de los medios. Estoy marcando lo de siempre. Los medios utilizan cualquier excusa por infundada que sea para echar sombras sobre la actuación del Congreso.
Muchachas y muchachos periodistas: tienen infinidad de aristas criticables en el accionar de nuestros cuerpos parlamentarios. Basta con buscar un poquito, informarse, estudiar, y van a tener material para llenar tres diarios. Les va a faltar el circo, claro. Van a tener que criticar a todos los actores, por supuesto. Pero, bueno, debe ser mucho pedir…

A esta altura del año, los medios suelen tildar de "maratónicas" a toda sesión en la que se aprueben una buena cantidad de asuntos, como es de tradición al final del período ordinario de sesiones. (Vale aclarar que el Poder Ejecutivo las prorrogó hasta el 31 de diciembre.)
Sin ahondar en motivos de tal comportamiento, bien podría repetirse una situación como la descripta por el colaborador espontáneo que envió la nota que se transcribe más abajo con cualquier otro tema. Dada su enseñanza, pareciera que habría que desconfiar de cualquier información que se dé sobre las mismas, ya que, como en este caso, hubo un verdadero bombardeo mediático sobre la aprobación por unanimidad de la ley sobre los glaciares y del veto que le propinó el Poder Ejecutivo.
Agradeciendo desde ya la molestia que se tomó mi nóvel colaborador espontáneo, los dejo con la nota anunciada.
Obviamente, quedan todos invitados a enviar sus reflexiones.

P.D.: El amigo requirió mantener el anonimato por motivos que, según mi parecer, son perfectamente entendibles.
Ahora, el seudónimo que eligió, la verdad... en fin...

Estimado colega:

Notable indignación de ciudadano generó en mí el enterarme que el Poder Ejecutivo nacional impidió la puesta en vigencia de una ley que prohibía destruir los glaciares de la República.

Esta indignación se convirtió en irritación y hasta podría afirmar, en agravio moral, en cuanto supe que dicha norma había sido aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados y casi mediando el mismo apoyo en el Senado.

Visto semejante sostén parlamentario, pensé, responder con un veto total equivale a un brutal cachetazo a nosotros, los por ellos representados.

Inmediatamente corrí a hacerme del -ya en mi mente oprobioso- decreto de veda y me puse a leer sus considerandos con fruición, anticipando la facilidad con que los refutarían los sesudos argumentos que nuestros legisladores habrían hecho constar en el debate parlamentario.

En consecuencia, inicié la búsqueda de la versión taquigráfica de la sesión en la que Diputados por unanimidad aprobó la protección de los glaciares. Busqué la palabra "glaciares" en la base de sesiones de la Cámara pero según el sistema ese término no aparece en ningún debate entre marzo de 2001 y febrero de 2008. ¿Era acaso posible que el recinto haya aprobado la ley sin una sola mención a su objeto? Esto me resultaba a primera vista inconcebible.

Luego de varios giros inesperados e inesperables, finalmente dí con la sesión correspondiente, de noviembre y no de octubre de 2007 como señala erradamente la tribuna de doctrina.

Primero que nada, noté que en esa oportunidad fue aprobada un sustancial cúmulo de legislación: impuestos al valor agregado, a los cheques, a los cigarrillos, el presupuesto nacional, cuentas de inversión, importación de neumáticos usados, fondo de recompensas, creación de una universidad, transferencia de inmuebles, venta de pegamentoa menores, forestación de rutas, creación de tribunales, registro de maquinarias agrícolas, declaraciones de validez de decretos de necesidad y urgencia. En fin, aparentemente los diputados tuvieron una agenda de trabajo bastante cargada.

Con paciencia y método llegué finalmente al momento de consideración de la ley que la Presidente se negó a promulgar. Pero para mi profunda decepción ningún diputado hizo mención alguna del tema, que fue votado junto a una decena de "expedientes" y "órdenes del día", a libro cerrado, de una sola vez y en cuestión de instantes. Contrariamente a mi expectativa de beneficiar mi acervo cívico con brillantes intervenciones y lúcidos intercambios sobre la política legislativa para los glaciares, encontré que el registro taquigráfico en la Cámara baja se reduce a solo un voto indiscriminado sin debate alguno sobre las ventajas y desventajas de lo que se estaba tratando.

Pronto caí en cuenta que se trataba de una de esas sesiones "maratónicas" de fin de año donde se despachan miríadas de proyectos sin ninguna discusión, que los periodistas suelen blandir como inequívoca prueba de que los legisladores con frecuencia no tienen idea de qué están votando.

Confieso que ante este desalentador cuadro de situación, no quise ahondar en los pormenores del trámite de la ley en el Senado. Según me comentó un amigo, algo más se dijo al respecto en esa Cámara alta, aunque no mucho. Preferí guardar la enseñanza de no dejarme llevar por estas unanimidades sin discusión que, como el silencio, muchas veces ocultan notables ignorancias. Y también pude rescatar una reflexión acerca de la facultad de veto, y lo útil que resulta para prevenir que decisiones adoptadas detrás de un velo de ignorancia adquieran fuerza de ley.

Respetuosamente suyo,

Matildo Arsenio Tereré
Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

Si sos de la oposición, oponéte o un premio para Patricia Walsh

Provocación para politólogos: parece que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se produjo una serie de acuerdos; parece que los legisladores trabajaron de parlamentarios, limaron diferencias y el oficialismo logró que bloques de la oposición voten algunos de sus proyectos.
Pero, bueno, la noticia es siempre, siempre, que una persona mordió a un perro, por lo tanto es publicable que la oposición vote ¿ladinamente? junto con el oficialismo.
En su edición del 30 de noviembre del diario “Crítica de la Argentina”, página 16, se da cuenta de una situación que, es cierto, puede parecer curiosa dados los modos en se desarrolla la práctica política a nivel nacional. En el Congreso de la Nación, la oposición se opone. Y punto. No hay medias tintas, no hay términos medios. Es todo clarito. Como sugiere el título de la nota, son enemigos. Y si no, seguro que hay algo turbio.
Es la sugerencia de lo que ocurre en la Legislatura. Sobre “29 casos que más debate generaron” (demos por válido el “criterio”), la oposición acompañó con su voto en muchas oportunidades, destacándose el Frente para la Victoria. ¿Qué pasa? Su trabajo es oponerse. Como Patricia Walsh. Ella sí que sabe lo que hace y para qué la votaron. Y si de turbiedad se trata, se desliza por ahí que en uno de los proyectos la “licitación levantó sospechas”. Lo de la separación de poderes, la división entre función legislativa y función administrativa, son conceptos difíciles para A.Z., parece.
Por otra parte, es obvio que si el oficialismo no tiene la mayoría, debe debatir y acordar. Si la oposición hubiera trabajado de oposición al estilo que A.Z. supone o pretende tal vez no se hubiera aprobado ningún proyecto, con el obvio perjuicio al interés general.
La prensa escrita trabaja con tiempos muy acotados. Por este motivo, aun para notas de “análisis”, es imposible estudiar con algo de profundidad los hechos.
Si A.Z. quisiera reforzar su argumento o, tal vez, descubrir matices en sus dichos, le sugiero examinar las siguientes variables:
· El texto original de los 29 proyectos en cuestión, y el texto final aprobado.
· Qué otros proyectos se aprobaron con motivo de haber acordado estos 29.
· Cuántas expresiones de la oposición juntas acompañaron cada uno.
· Cuántos proyectos de ley se presentaron, y cuántos se aprobaron.
· El origen partidario de cada uno.
· De nuevo, qué modificaciones tuvieron.
Estos puntitos son sólo para empezar. Pero no tengo muchas esperanzas. Por eso lo de la provocación para politólogos…

Actualización

El Gobierno Nacional juega con Macri el mismo que la oposición juega con él, llamado "cuanto peor mejor", o, también, "hay que desgastar", según lo bautizara el oráculo de la Federación Agraria. Si se constrastan aisladamente este dato con el de la nota, hay una obvia contradicción. El cuadro hay que completarlo con más elementos. ¿Qué obtuvo el FPV de la Legislatura con sus votos? ¿Qué posibilidad real de obstruir los proyectos tiene o tenía? ¿Hay otros bloques dispuestos a negociar? ¿Qué obtienen estos bloques?

¿Hay especulación política? Seguramente. ¿Hay interés en los vecinos? Posiblemente.

Pero me metí en terreno que no conozco. ¡Ayuda politólogos!