¿Diálogo sin interlocutores?

Hoy se informa aquí sobre los ochenta y cinco vetos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, interpuso a leyes aprobadas por la Legislatura. Este asunto no tiene demasiada repercusión, aunque es verdad que no suele ser un tema de debate las observaciones que los gobernadores de Misiones o de Neuquén o de La Pampa puedan realizar a las leyes de sus respectivas legislaturas.

El punto a comentar aquí no son tanto los vetos en sí mismos, sino la falta de información y/o de opinión sobre una característica por lo menos curiosa: según la nota, de ochenta y cinco leyes aprobadas, setenta y nueve fueron también votadas por los legisladores del partido oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pero más curioso aún es un argumento que dio hace ya un tiempo el legislador Martín Ocampo, según el cual los vetos son indicativos del diálogo interno que existe en el PRO.

Veamos. Usted es un legislador no oficialista de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajosamente, o no tanto, consigue impulsar un proyecto. Dialogando, dialogando, dialogando (es decir, poniendo o sacando cosas de su proyecto, asumiendo compromisos de votar otros) va sumando voluntades de otros bloques. Dialogando, dialogando, dialogando (es decir, suprimiendo, tal vez, alguna norma un poco incómoda para la administración) hasta obtiene el aval del bloque oficialista de la Legislatura. Su proyecto va superando las distintas instancias reglamentarias y constitucionales y, finalmente, consigue que sea votada por el pleno. Imagine su satisfacción. A los pocos días, el titular del Poder Ejecutivo la veta y la devuelve a la Legislatura. Fin de la historia.

Usted tal vez se pregunte para qué se molestó en buscar el famoso consenso con los legisladores oficialistas. También se podría preguntar si el diálogo interno que, según Ocampo, existe en el PRO no podría haberse hecho antes de la sanción de la norma. Podría preguntarse de qué sirven los compromisos asumidos por y con los legisladores oficialistas. Podría interrogar a sus asesores sobre quién es, en definitiva, el interlocutor válido para conversar sobre los proyectos a considerar en la Legislatura. Peor aún: usted quedó curado de espanto, y en lo sucesivo cada conversación será apenas provisional, con lo cual el sistema pareciera no tener muy poca previsibilidad. O el elemento previsible sería que los legisladores oficialistas le podrán decir “a nosotros nos parece bien, pero…”.

Se critica mucho la disciplina partidaria. Expresiones como las del Presidente del bloque oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, en cuanto a que se va a seguir a rajatabla las políticas del Poder Ejecutivo suenan realmente exageradas. Pero algún término medio tiene que haber entre el desacople que parece haber entre los legisladores oficialistas y el Poder Ejecutivo en la Ciudad (¿por el diálogo interno de la fuerza o por falta de diálogo?) y la defensa incondicional. ¿O me equivoco?

¿El Congreso? ¿Qué Congreso?

Todos ya conocemos la madeja en la que Gobierno y oposición están enredados con el asunto del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), madeja que abrió una ¿buena? oportunidad de negocios para las consultoras en cuestiones económicas. (Sería interesante saber si, quién y cuánto les pagan por sus estimaciones.). También es conocido que la Secretaría de Comercio Interior les impuso sanciones por infracción a la ley de lealtad comercial, supuestamente porque no le informaron la metodología de cálculo. (Un buen análisis, acá.).
Como un coletazo más en esta novela, Infobae y El Cronista coinciden en titular de manera engañosa una posible acción política de diputados de la oposición: aparentemente, se harían cargo de difundir los datos de inflación (o el índice de precios al consumidor, vaya uno a saber) calculados por consultoras privadas de forma tal de que puedan eludir las multas (aunque no están muy seguros de esto).
Lo engañoso del asunto es que el título es "El Congreso publicará...", dando a entender que el Poder Legislativo se hará cargo, oficialmente, de la difusión de esos números.
Vamos a afirmarlo así, a lo bruto nomás: el Congreso no existe. Lo que hay es un órgano que ejerce la función legislativa compuesto por dos cámaras totalmente separadas, que actúan cada una por su lado y que se reúnen en el mismo recinto en contadísimas ocasiones, en general con fines protocolares. Muy excepcionalmente lo hacen con algún objeto decisorio.
La Constitución Nacional utiliza la palabra "Congreso" en sesenta y ocho oportunidades. En dos de ellas hace referencia a esta reunión de ambas cámaras en forma simultánea, a la que se denomina Asamblea Legislativa: para recibir el juramento del Presidente y del Vicepresidente electos, y para el informe sobre el estado de la Nación que da el primero con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias. La práctica agregó dos más: la consideración de la renuncia de quien esté ejerciendo Poder Ejecutivo y posterior designación del funcionario que lo reemplace en caso de acefalía doble permanente y la "recepción" a los jefes de estado extranjeros, quienes dan un discurso a la Asamblea. La enorme mayoría de las veces en que la Constitución utiliza la palabra "Congreso" es para referirse a leyes que el Poder Legislativo puede o debe aprobar y que deben seguir el trámite de sus artículos 77 a 84, es decir el paso sucesivo por las cámaras que lo componen.
En síntesis, el Congreso no va a hacer nada porque nada puede hacer en estas cuestiones. Tampoco las cámaras, por separado o sucesivamente, van a tomar ninguna decisión al respecto porque eso significaría considerar y aprobar un proyecto que las facultaría para tal cosa. ¿Tal vez alguna de las comisiones parlamentarias? No, tampoco, porque no se reunieron con ese objeto, por lo que no hubo discusión ni decisión sobre cierto curso de acción.
Como dije al principio, y queda claro de la lectura de las notas correspondientes, lo que hay es la búsqueda incesante del titular más incendiario. Nada más. Y con eso parecen tener bastante.

¿Nueva conformación en las comisiones del Senado?

En la última sesión ordinaria del presente período parlamentario (24/11/2010), el Senador Morales dijo lo siguiente:

La oposición sabe que no se van a aprobar las sanciones de la Cámara de Diputados respecto de los DNU y del Consejo de la Magistratura. Lo sabemos en este Senado. ¿Por qué? Porque ha cambiado la composición de este Senado: porque ahora, el Frente para la Victoria tiene mayoría; porque tienen el número; porque también tienen ahora la posibilidad de establecer algunos puntos de agenda, pero terminemos el debate de estos temas a suerte o verdad. ¡Que todos los que van y vienen se saquen la careta y que voten como tengan que votar!

Aunque pareciera que no salió en otros medios pese a la relevancia de la información, la publicación parlamentario.com afirma que el Senador Pichetto, tal vez a raíz de aquel reconocimiento, estaría gestionando cambios en la composición de tres comisiones importantes (¿por qué sólo en tres?): Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, en las cuales el oficialismo cuenta con seis de sus quince integrantes. De no arribar a un acuerdo previo, pediría que se vote en la primera sesión ordinaria del período que se inicia el próximo 1º de marzo.

¿Es esto posible?

La publicación mencionada trae a colación artículos del Reglamento del Senado que de acuerdo al criterio del autor de la nota serían aplicables. Son más o menos obvios, pero compatibilizarlos así en abstracto es algo complicado porque es posible que hayan sido pensados para contextos más estables que el presente. Inestables o no, pareciera conveniente dificultar el toqueteo en la integración de las comisiones, y por tal motivo es necesaria la renuncia previa de alguno de sus miembros para proceder a su reemplazo. De no producirse un renunciamiento generalizado (en reconocimiento, tal vez, de lo cambiante de la situación), y siempre de acuerdo a los dichos atribuidos a Pichetto, se haría el planteo en el recinto para que sea la propia Cámara la que tome una decisión. Se podría pensar que habiéndose establecido por impulso del Grupo A las proporciones de cada comisión por resolución del Cuerpo, otra resolución modificaría la primera (ley posterior deroga ley anterior). Pero aceptar un procedimiento de este tipo significaría abrir la posibilidad de permanentes cambios en las comisiones ya que se haría prevalecer la voluntad colectiva de los legisladores por sobre la individual (de existir algún tipo de derecho individual de los parlamentarios).

La conformación del Grupo A fue un hallazgo, pero su característica principal fue su volatilidad: apenas pudo arañar un período de sesiones ordinarias. Sus decisiones y sus prácticas pretendieron tener cierto ánimo de permanencia, pero pareciera que traerán más problemas que soluciones.

La estupidez extraordinaria

Desde hace varios días que se viene repitiendo que el Senado sería convocado a sesiones extraordinarias. Lo notable es que se lo dice como si sólo la Cámara Alta pudiera serlo, con exclusión de la Cámara de Diputados.
La convocatoria a sesiones extraordinarias es para el Congreso, no para una cámara u otra. La única diferencia entre estas sesiones y las ordinarias es que quien fija el temario de los proyectos de ley (y sólo de los proyectos de ley) a considerar es el Poder Ejecutivo. Pero la actividad del Poder Legislativo no se reduce sólo a este tipo de proyectos, mal que les pese a quienes están haciendo la cuenta de cuántas leyes se sancionaron en 2010. Es decir que, por ejemplo, la Cámara de Diputados podría sesionar válidamente para considerar un proyecto de resolución por el cual se le pida informes al Poder Ejecutivo sobre los hechos de Formosa o sobre el informe que las universidades entregaron acerca del INDEC o un proyecto de declaración para repudiar al Departamento de Estado de EE.UU. que se interesó sobre la salud mental de la Presidenta.
Es obvio que si el eventual temario de proyectos de ley establecido por el Poder Ejecutivo sólo incluyera el del impuesto a los cigarrillos y acuerdos, el ojo público, en principio, se enfocaría en el Senado, hasta que los periodistas "descubrieran" que la Cámara de Diputados también tendría actividad.

Atroces e inocentes

La secuencia sería más o menos así: diputados oficialistas mantienen conversaciones con los de la oposición, ejerciendo el tan ansiado y democrático diálogo, y como producto de ese intercambio llegan a acuerdos, los que, como tales, debieron dejar satisfechos a ambas partes. La Presidenta, ajena hasta el momento, es informada de estas circunstancias. Fiel a su estilo patoteril, pone el grito en el cielo y cual coronel de caballería ordena que las cosas no se van a hacer de ese modo, sino como ella diga. Los diputados oficialistas no pueden sino aceptarlo, lo ponen (¿humillados?) en conocimiento de los de la oposición y estos últimos salen a denunciarlo ante la opinión pública. Aunque suene increíble, esta situación se repetiría una y otra y otra vez, siendo su ejemplo más reciente el tratamiento del presupuesto.


“Rompen los acuerdos”, repiten algunos cual mantra sin dar mayores precisiones. “Así no se puede negociar”, continúan. Pregunto: si es real que los diputados oficialistas son tan poco confiables y genuflexos, ¿por qué insisten en dialogar con ellos? ¿Para qué perder el tiempo? Los diputados opositores, ¿serán tan inocentes? ¿O es que esperan que los oficialistas, finalmente, vean la luz y actúen como verdaderos parlamentarios?

Ni hace falta aclarar que no tengo la menor idea de cómo se sucedieron las conversaciones, ni las del presupuesto ni ninguna otra. Tal vez haya habido ruptura de acuerdos, no digo que no. Pero como la información viene de los órganos de prensa de la oposición (Clarín, La Nación, Parlamentario, obvio) mis dudas son, por decir lo menos, enooooormes. Porque si la secuencia es como dije al principio, ¿no es ridículo que los pobres diputados opositores se sigan dejando engañar por los atroces diputados oficialistas?

El mito de las comisiones

Aunque es posible que no le guste, y que hasta se enoje (pero no me importa), se puede afirmar tranquilamente que Fermín Ubertone es uno de los pocos profesores de Derecho Constitucional que no sólo sabe de Derecho Parlamentario, sino que también conoce muy bien la mecánica interna y el modo de funcionamiento del Congreso. Por otra parte, Héctor Pérez Bourbon, más conocido como Torchi y a quien se lo puede identificar en medio de una multitud porque va por la vida usando siempre –pero siempre– un poncho rojo, acumula décadas de trabajo y compromiso con instituciones legislativas de todo tipo y color.

Hace unos pocos años atrás, Ubertone publicó en la revista El Derecho (22/08/2006) un artículo a la memoria de Guillermo Molinelli titulado Los cuerpos parlamentarios y el mito del recinto. Es, o debiera ser, conocido que en la sesiones de los cuerpos legislativos “nadie convence a nadie”, no es esa la finalidad de estas reuniones, sino la de dar la puntada final al difícil tejido de los acuerdos necesarios para que un órgano tan complejo como un Congreso pueda tomar una decisión.

Pérez Bourbon retoma este asunto para desarrollar su punto de vista acerca del trabajo en las comisiones parlamentarias. En su último libro (Para entender al Congreso, Editorial  Dunken, 2009) dice:

“[E]l Reglamento [de las cámaras] prevé, por ejemplo, que en determinadas circunstancias la comisión que tiene a su estudio [un] tema puede, con un número muy reducido de miembros, sacar dictamen favorable a un proyecto. Ud., legislador novato, lo ha logrado y se siente orgulloso y vencedor”. Luego da cuenta de los múltiples pasos necesarios para que esa iniciativa se convierta en ley, y termina “¿Se da cuenta? Si esto finalmente sale es porque hubo acuerdo para que saliera; no porque Ud., astutamente, haya encontrado que el Reglamento permite el dictamen de comisión en minoría. (…) Por supuesto, no todos los diputados actúan así. Hay muchos que tienen una clara conciencia de la necesidad de acuerdos previos para que la ley salga. No sólo eso: acuerdos fuertes para que, además, no sea derogada en la primera de cambio” (p. 79/80).

¿A qué viene esta sobada del lomo de los amigos Fermín y Torchi? A que hasta hace un tiempito yo compartía plenamente esa visión de las comisiones como cocinas de los acuerdos (tal vez Ubertone no lo veía tan así), pero en las circunstancias actuales es muy difícil palparlo. Espero que sea sólo coyuntural, pero la famosa agenda parlamentaria del grupo A va saliendo de las comisiones a como dé lugar, aun cuando a su interior queden cabos sueltos. Lo triste es que ni Torchi ni Fermín descubrieron la pólvora; quién más, quién menos, todos lo tienen bien en claro. Pero aún así, actúan (todos) como si no hubiera un mañana. Es, por lo tanto, muy poco sorprendente que pasen cosas como las de este mediodía, que la sesión no pudo iniciarse por falta de número: al recinto llegaron proyectos sin acuerdo, el oficialismo no se presentó y (presumo) tampoco había entendimiento para adentro de la oposición.

Es cierto que el Presidente de la Cámara levantó la sesión a los cuarenta minutos de pasada la hora para la que fue convocada, pese a que se decía que había diputados aún en aeroparque o con problemas en sus vuelos por el clima. No lo sé, tal vez. Pero quienes ayer reclamaban que se cumpla estrictamente el Reglamento a este respecto, hoy no pueden quejarse.

El grupo A reunió en varias votaciones previas alrededor de 140 diputados. Para poder continuar con su estrategia de “darle dolores de cabeza al gobierno”, los tiene que poner sí o sí en el recinto en todas las oportunidades. Si quieren imponer la consideración de proyectos sin acuerdo, no pueden esperar que el oficialismo los acompañe. Por suerte para ellos, cuentan con la complicidad de quienes dicen trabajar de periodistas: Clarín titula “Inseguridad: el kirchnerismo evitó que Diputados discuta un proyecto sobre salideras bancarias”. Sin palabras…

Calladitos, calladitos

El grupo A en la Cámara de Diputados lleva a las comisiones los dictámenes ya elaborados, y los firma casi sin discutirlos con “el resto”. Leuco, Elisaschev, Nelson Castro, Morales Solá, ¿no tienen nada que decir sobre esto? Aunque es un clásico que la mayoría se olvide de las críticas que realizaba cuando no lo era, muchos de los integrantes de la oposición fueron convertidos en adalides de la democracia por todos aquellos que están utilizando a los medios de comunicación como punta de lanza contra un proyecto político (y, lo que es peor, se dejan usar alegremente por las corporaciones mediático-empresarias). Pero lo cierto es que ya no se habla de “tropa” para referirse a un grupo de legisladores que actúa monolíticamente, ya no se habla de “imposición” para referirse a decisiones adoptadas por una mayoría, ya no se habla de “órdenes” para referirse a votaciones realizadas por legisladores en sintonía con los deseos de los dirigentes de esos diputados o senadores. Los ofendidos de ayer, son quienes callan cómplices hoy.


El martes pasado, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados emitió un dictamen sobre uno de los temas sensibles de los últimos años como es el de la normalización del INDEC. Es posible que su importancia sea tanta como la que tuvo en su oportunidad la regulación de los medios audiovisuales. Sin embargo, las conductas y posicionamientos son diametralmente opuestos: si antes se exigió histérica (¿e histriónicamente?) un debate amplio, hoy el silencio ante su falta es abrumador; si antes se exigió la participación de todos los involucrados, hoy no asustan los gallos y medianoches. A cinco días del suceso, poco y nada se dice de la forma en que el grupo A pretende normalizar a un organismo importante del Estado.

Tropiezo con una frase que, aunque obvia, no deja de llamar mi atención, más que nada por su antigüedad: “la opinión de los gobernados es la base real de todo gobierno” (Albert Dicey, Lectures on the Relation between Law an Public Opinion in England during the Nineteenth Century, Londres, 1905, citado por G. Sartori, Teoría de la Democracia. El debate contemporáneo, Madrid, 2000, p. 117). Si la opinión está deformada, si los datos son parciales, si no se pone a su disposición todos los hechos, mala base puede ser.

Un recuerdo para Gloria

Hoy es de esos días de los que no se entiende nada. Se llega al trabajo de uno, se abre el correo y lo primero que se lee es acerca de una persona que se conoce, pero no tanto como se quisiera; que se aprecia, pero no cuanto ella mereciera; que era reconocida, pero ni de cerca en la medida en que ella se lo ganara. Se abre el correo y nos desayunamos con una de esas noticias que jamás se quisiera escuchar: murió Gloria. Su nombre no es conocido, no aparece en los medios, pero su aporte al buen funcionamiento de la Cámara de Diputados fue (es) inmenso allí sentada frente a la computadora. Su generosidad y afabilidad hacía fácil hacerle cualquier consulta en la seguridad de que alguna respuesta se iba a tener.
La Cámara de Diputados es, como toda organización grande, un micromundo en el que conviven todo tipo de personas, se tejen todo tipo de historias, se exponen todo tipo de miserias y es posible (a veces) ser testigo de las grandezas. Gloria era del grupo de funcionarios desconocidos para el gran público. Todos los días aportaba su enorme granito de arena para hacerle la vida más fácil a todos. Tal vez por eso su aspecto era siempre de cansancio. Seguramente ahora podrá descansar en paz.
Gloria Tavelli murió hoy a la madrugada de un infarto cardíaco siendo muy joven para eso. Hasta siempre.

La repregunta está de feriado

La información sobre proyectos y sanciones existentes en las cámaras del Congreso es a veces un poco difícil de encontrar. En la época previa a Internet y a las computadoras, había pocas opciones, pero ambas cámaras publicaban diariamente la transcripción completa de todos los proyectos que ingresaban. Podía tener uno o dos días de atraso, pero el acceso al texto estaba garantizado por ese medio o, también, por vía de fotocopia, salvando la falta de papel crónica o las fotocopiadoras rotas.
Hoy se puede acceder a los textos completos de los proyectos desde cualquier parte del mundo, tal vez no inmediatamente pero sí con bastante rapidez. Por tal motivo, la información que hoy aparece en Infobae, La Nación y en parlamentario.com no tiene desperdicio: los diputados Aguad y Gil Lozano dicen que no conocen el proyecto por el que se haría feriado el 24 de mayo para facilitar la concurrencia a los actos por el Bicentenario. No sólo eso, la diputada GL acusa al gobierno de hacer las cosas entre gallos y medianoches. El Blog de los Parlamentos quiere colaborar con la actividad parlamentaria de ambos diputados y de sus bloques, y les facilita el vínculo para que puedan leer la iniciativa del Poder Ejecutivo. Llevó aproximadamente cuarenta y cinco segundos de búsqueda en el sitio web de… la Cámara de Diputados. No en un archivo oculto, no entre los papeles de algún espía que circule por los pasillos de la Casa Rosada, no gracias a un amigo con acceso privilegiado al escritorio de la Presidenta.
Pero el problema no es de los diputados, no del todo, por lo menos. Si los periodistas no repreguntan, si no saben o no les interesa que la información sea pública y tan sencilla de ubicar, no podemos pretender que indaguen un poco en la real motivación para oponerse al nuevo feriado. El parlamentario.com dice claramente que la cuestión es hacer difícil hasta lo sencillo, pero no les preguntó cuál podría ser el motivo para ello, y además la publicación “especializada” directamente afirma que el proyecto no llegó al Congreso.
El feriado podrá ser conveniente o inconveniente, pero con este nivel de debate y de periodismo jamás lo sabremos.

El verdugo ilustrado

Nueva colaboración de Matildo:

Estimado colega:
Indisimulable beneplácito imprimió en mi ánimo la noticia de que la Presidencia de la Cámara de Diputados estudiaba el antecedente que le referí en mi anterior misiva, que vuecencia compartiera con la ciudadanía responsable tan amable como de ordinario.
Tampoco escapó a mi atención la celeridad con que respondió el vicejefe de Estado, haciendo expresa mención de esa devolución sin consideración del cuerpo que resolviera más de una década atrás quien entonces se hallaba tercero en esa línea de supremas subrogancias.
No obstante, debo confesar que inertes resultaron mis esfuerzos en aplacar la extrañeza que me produjo el argumento con el que el custodio de la legalidad de los actos senatoriales pretende ahora desestimar la remisión que nos ocupa.
Sostiene su comunicación que "en los antecedentes referidos la duda sobres (sic) las mayorías surgieron después de las sanciones. En este caso, a diferencia de los antecedentes citados, la discusión sobre el encuadramiento constitucional se dio en el pleno de la Cámara, previo a la votación del proyecto y resuelto por los señores y señoras Senadores."
Rotundo fue mi fracaso, caro profesor, al tratar de compadecer estos juicios con la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 23 de setiembre de 1998, que contiene la sanción implicada. Por cuanto el encuadramiento constitucional del proyecto sí fue objeto de discusión previa a la votación y también fue resuelto, a contrario de lo expresado por el señor vicepresidente de la República.
En efecto, es fácil confirmar que el entonces jefe de la bancada de sus correligionarios afirmó que:

El inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara para modificar asignaciones de recursos coparticipables. En consecuencia, si el bloque oficialista insiste en sus modificaciones y la bancada radical mantiene su posición de que se sancione el proyecto tal cual fue remitido por la Cámara de Diputados, no se obtendrá la mayoría necesaria para la sanción.

También, que su par justicialista respondió que la interpretación del bloque mayoritario era que el requerimiento de la mayoría agravada ya había sido cumplimentado en la votación en general, entonces carecía de importancia que no se alcanzara ese número en el tratamiento en particular. Que el presidente de la comisión de asuntos constitucionales secundó esta interpretación, si bien para despejar dudas sugirió que el artículo que asignaba los recursos coparticipables a los salarios docentes fuera apoyado por unanimidad. Y que en la votación que siguió, el bloque minoritario del radicalismo hizo saber a la presidencia que rechazó todas las modificaciones al proyecto venido de la Cámara baja, dejando así constancia que no se alcanzaron los votos que, según su interpretación, eran requeridos.
Hipotetizo que el muy comprensible deseo de mostrase ejecutivo que denota el señor Presidente del Senado conspiró contra una mayor clarificación de los hechos que fundamentan la grave decisión de devolverle una sanción sin considerarla. Hago sinceros votos para que semejante nivel de chapucería no devenga norma si acaso la voluntad sagrada del pueblo decide ungirlo a la primera magistratura.
Infinitamente suyo, lo saludo.
Matildo Arsenio Tereré

Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

En Infobae y Parlamentario se hace una fría crónica de una decisión de impensadas consecuencias que se adoptó hoy temprano en la Cámara de Diputados. Es raro que, acostumbrados a editorializar, los medios guarden un prudente silencio a este respecto.
¿Qué fue lo que se votó? En rigor se trató de una interpretación al artículo 108 del Reglamento de la Cámara, tal y como habilita su artículo 228. Para mayor claridad (?), transcribo ambos:

Artículo 108.- Las comisiones necesitarán para funcionar de la presencia de la mayoría de sus miembros; pero luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria, podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente. La Comisión de Presupuesto y Hacienda podrá hacerlo, en este último caso, con la asistencia de por lo menos la cuarta parte de sus miembros.
Sin embargo, luego de fracasada por falta de número una reunión citada para tratar determinado asunto, el mismo podrá ser considerado y despachado por los miembros que concurran a las reuniones siguientes convocadas con el mismo objeto. En este último caso la impresión se hará con el rótulo «dictamen de comisión en minoría», dejándose constancia de las citaciones realizadas para considerar el asunto y de la asistencia de los miembros a cada una de las reuniones convocadas. Para todos los efectos reglamentarios, estos dictámenes en minoría serán considerados "dictamen de comisión".
Si la mayoría de una comisión estuviere impedida o rehusare concurrir, la minoría deberá ponerlo en conocimiento de la Cámara, la cual, sin perjuicio de acordar lo que estime oportuno respecto de los asistentes, procederá a integrarla con otros miembros, en forma transitoria o definitiva según el caso.
Artículo 228.- Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este Reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente.

¿Cuál fue la duda interpretativa? Como dice la crónica, la Comisión de Asuntos Constitucionales realizó una reunión con 38 de sus 49 miembros presentes, y emitió un dictamen con 22 firmas. Como la práctica es (o era) acreditar la presencia y el voto positivo al dictamen con la firma autógrafa del Diputado, para que se lo pueda considerar como de mayoría hubieran sido necesarias 25 (mayoría absoluta sobre el total de miembros). La interpretación que primó durante la sesión fue que, a partir de ahora, se puede contar con la mayoría absoluta sobre los presentes. Lo cual en sí mismo no es grave ni problemático (de hecho, así se hace en el pleno de la Cámara), pero lo que va a ocurrir es que las comisiones podrán emitir dictámenes casi con una ínfima cantidad de firmas. Casi todas ellas tienen 31 integrantes: funcionando con quórum estricto (16 presentes), se podría despachar un asunto con 9 firmas. Y yendo más allá, de acuerdo a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 108, si pueden llegar a funcionar con 11 de sus miembros (un tercio de los 31), y si pueden dictaminar con la mayoría de los presentes, bastará con que 6 diputados firmen para que el asunto sea despachado. ¿Y el diálogo? ¿Y el consenso? Bien, gracias.

Tratando de evitar el veto... ¿inútilmente?

El barullo que se armó sobre la modificación a la ley que establece el impuesto a los débitos y créditos bancarios es otro capítulo más del interminable conflicto que se está dando en el Congreso. Es posible que esté equivocado, pero me parece que debe ser la primera vez que a un impuesto se le elimina el tener asignación específica y pasa a ser coparticipable, por lo cual no habría antecedentes directamente aplicables. Ante el hecho consumado de una interpretación contraria a sus intereses, el oficialismo reaccionó mediáticamente, tal y como lo hace el no oficialismo. Pero batallar en pos de evitar que la Presidenta interponga el veto lo veo como una causa perdida si es que en Diputados van a tener más o menos los mismos 140 votos que tuvieron para rechazar el DNU de las reservas. Ya veremos... nada hay seguro en este Nuevo Congreso Despertado.

De todos modos, comparto con los lectores una nueva misiva de mi colaborador espontáneo con seudónimo estrafalario, quien recuerda algún conflictillo entre las dos cámaras del Congreso. Con ustedes, Matildo:

Súbita conmoción causó en el solaz del ejercicio de mi oficio las inquietantes versiones acerca de una obscena violación a la sección orgánica de Constitución de la República, consumada a altas horas de la madrugada en el Senado de la Nación.

En efecto, diversos medios informan que la jefa suprema de la Nación acusó a su suplente y custodio de los sufragios en la Cámara alta de haber permitido que una modificación a la distribución de una contribución coparticipable fuera despachada por el cuerpo sin la mayoría agravada de la totalidad de sus miembros que exige la norma fundamental.

Lejano a mi interés es abonar su aburrimiento con una discusión doctrinaria acerca de si la exigencia de ese número de voluntades legisferantes aplica o no al caso. Ya prestigiosos constitucionalistas y dirigentes se han despachado abundantemente al respecto y me temo que sería poco lo que este servidor podría agregar a ese arduo debate. Mas antes que el contencioso llegue a la funesta instancia de algún togado, quisiera recordar el sinuoso trámite congresional que tuviera a fines de 1998 la ley del incentivo para los docentes, cuando una sanción del proyecto del Poder Ejecutivo por Diputados fue modificada por el Senado sin mediar la mayoría especial que nos ocupa. Consigna el diario de entradas que en esa oportunidad la presidencia de la Cámara baja remitió en devolución el proyecto a su par en la Cámara alta, expresando que el mismo no estaba en condiciones de ser considerado por el honorable cuerpo en virtud de la omisión de esa rigurosa formalidad constitucional.

Por cierto, aquella vez los bloques políticos apoyaron la resolución de la Presidencia, como así también cabe mencionar que finalmente el pleno de la Cámara rechazó con dos tercios de los votos las enmiendas. Con todo, no menos cierto es que esa medida excepcional de devolver el proyecto sin ser considerado allanó el camino a una negociación que involucró a buena parte del arco parlamentario y el gabinete nacional. En mi labor como auxiliar del pilar de nuestro orden social, he adquirido cierta afición a los pormenores de las apelaciones con que los reos enlentecen su marcha hacia el cadalso, con la nada vana esperanza de una conmutación o anulación de pena. En esa conexión, estimo que el antecedente puede ser de utilidad a quienes interesa el destino del presente embrollo legislativo.

Respetuosamente suyo,

Matildo Arsenio Tereré

Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia

Una verdadera simpleza

Que se le dé importancia en Infobae, no debería sorprender. Que se le dé importancia en La Nación, ya es un poco más criticable, pero a esta altura de su conflicto con el gobierno, su filtro tiene una tolerancia grandísima. Pero que le dé importancia en Parlamentario.com es ya imposible de creer. El Congreso, ¿es una escuela, un hospital o una casa de comidas rápidas? Los diputados y senadores, ¿son empleados en relación de dependencia de sus respectivas cámaras? El Presidente del Senado, ¿es el gerente general de una fábrica? ¿Tiene a su cargo el control del ausentismo? ¿Lo va a hacer siempre y en todos los casos?
Ya es grave que un político utilice argumentos de semejante simpleza, pero que un medio hipotéticamente especializado las reproduzca sin un mínimo comentario o matiz parecer ser indicativo de la baja calidad de sus informaciones y análisis.
Después de más de veinticinco años de funcionamiento ininterrumpido del Congreso, este tipo de argumentaciones deberían ser ampliamente descalificadas e inmediatamente desestimadas en la búsqueda de un estudio serio de la institución parlamentaria y de la dinámica política que la sustenta.
El dar o no dar quórum es un mecanismo más (pero de vida relativamente corta) para poder forzar a un diálogo, a un consenso esquivo. Quien recurra a la fuerza para conseguirlo no hace más que demostrar que le interesa bien poco las opiniones de los forzados, sólo quiere decidir. Y también podría ser lo contrario, si es que a quienes pretenden sesionar no se les atiende el teléfono, por decirlo de algún modo.
Hace tiempo que está claro que en el recinto de un órgano parlamentario no se discute, no se debate, no se negocia: se declama. La discusión, el debate, la negociación se producen en otros ámbitos, lejos de las cámaras y de los micrófonos, no porque sean secretas, sino porque hay etapas de esos intercambios en las que es necesario despojarse de actitudes mediáticas en las que todo parece ser “cuestión de principios” para poder explorar las zonas de interés común.

“Ellos creyeron que sólo iban a tener que ser oposición”

Hace un rato, en un pasillo de la Cámara de Diputados, escuché al pasar una frase que me parece una síntesis apropiada de este Nuevo Congreso Paralizado. Con inconfundible acento norteño, se dijo: “Ellos creyeron que sólo iban a tener que ser oposición”.
Es de imaginar que con “ellos” se refería al no oficialismo, supuestamente mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero que todavía no está asumiendo tal responsabilidad. Por el momento, sus acciones están más referidas a tratar de hacer caer decisiones del gobierno que a impulsar propuestas. Si la decisión es decir que “no”, ¿hay diálogo posible? ¿Con quién se dialoga? ¿En dónde queda el discurso del consenso?
Hoy no pudo sesionar ni el Senado ni la Cámara de Diputados, en ambos casos porque el oficialismo no se presentó, pero también porque la supuesta mayoría no asume ese rol y no puede hacer que todos sus “integrantes” se hagan presentes para sostener una decisión que no fue “consensuada” con la primera minoría.
En este sentido es que parece adecuada la frase: si lo que se impulsa son mayoritariamente decisiones negativas, sin matices, sin opciones, sin salidas alternativas, no se puede esperar que el oficialismo vaya a “votar con el culo”, como decía (y debía hacer) Jaroslavksy hace muchos años durante el segundo semestre del fatídico 1989. Si se piensa sólo como oposición, y se actúa sólo como oposición, se debe tener el número suficiente al inicio de las sesiones y al momento de la votación.

El Nuevo Congreso Paralizado vs. el Viejo Congreso Arrodillado

Volvemos al ruedo de la blogosfera luego de una ausencia de varios meses producto de la simple pereza, para qué vamos a andar mintiendo.
Como para desperezarse, justamente, se puede empezar por un pequeño comentario general sobre este Nuevo Congreso Paralizado del que se está hablando.
Desde las elecciones de junio del año pasado, se prometía un Poder Legislativo renovado, pujante, (¿más?) progresista, republicano y todos los etcéteras que se quieran agregar, el que iba a contrastar con el Viejo Congreso Arrodillado.
Todo está por verse. Hasta el momento, sólo se cambió una mayoría más o menos consolidada, pero que se iba disgregando de a poco, por otra desmigajada, la que lo único que consiguió por ahora es el reparto de los espacios de poder internos en cada Cámara. Que no es poco, pero se supone que ese reparto se hizo para algo, no sólo para llenar los casilleros.
El balance de 2010 ya lo están cerrando los mismos que hicieron arrancar una bola de nieve muy difícil de parar apenas terminadas las elecciones. Como ocurre habitualmente, la desilusión es directamente proporcional a las expectativas. Tal vez los vaticinadores esperaban que todas las acciones fueran tan rutilantes como lo fue el manotazo a las comisiones. (Uso “manotazo” en el mismo sentido en que lo suelen usar los medios “independientes” ante cualquier decisión del oficialismo. Cuando la decisión exitosa es del no oficialismo, los calificativos son bien distintos…). Pero la lógica de este manotazo es bien contraria a la cháchara del consenso y del diálogo. Tan contraria es que hasta hay dos senadores fueguinos que acudieron a la justicia porque no les dieron ningún lugar en las comisiones.
Pareciera que lo primero que habría que preguntar es quiénes deberían ser los participantes de ese eventual diálogo superador de toda diferencia, aunque su falta es evidente. En el caso del Senado es claro que debe incluir a la primera minoría, porque el Grupo A(úlico) no consigue ni puede estabilizarse. Se precisan unos a otros. En Diputados, parecen estar algo más cohesionados, pero su pujanza no les resulta todo lo tangible que los corifeos de la derrota del gobierno necesitan.

Estrategias y decretazos

La cuestión de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) es un problema que sigue sin resolverse. Eran una complicación antes de la asunción de Menem, pero que se presentaba cada tanto. Durante la presidencia de este último se convirtieron en avalancha a tal punto que fueron incluidos entre los asuntos a considerar por la Convención Constituyente de 1994. La “solución” que se encontró fue simplemente patear la pelota para adelante: el Congreso los analizaría con el auxilio de una Comisión Bicameral Permanente (nótese la utilización de las mayúsculas por parte de la misma Constitución). De qué manera, con qué alcance, nadie lo sabía. En la propia convención se habló de la falta de acuerdo entre los bloques para avanzar un poco más de lo que se hizo con el texto del artículo 99, inciso 3. Pese a las ideas alborozadas de algunos convencionales, en especial las del ex Presidente Raúl Alfonsín, la interpretación dominante es que el DNU tendrá vigencia y debe ser aplicado siempre y cuando el Congreso no lo descalifique expresamente.
La creación del Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central de la República Argentina para asegurar los pagos de la deuda en 2010 mediante un DNU promete reflotar todas estas discusiones, aunque por ahora estamos en el round de estudio.
Por otro lado, el cocktail se completa con las controversias derivadas de la conformación de la comisión bicameral, reedición de las de la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados y preliminar de la de la Cámara de Senadores. De acuerdo a lo que dispone la ley 26.122 (la que, finalmente, la creó), la comisión está compuesta por ocho senadores y ocho diputados. Como en toda comisión, se debe reflejar la composición política de las cámaras. La semana pasada, los presidentes de ambas designaron a los integrantes: 50% para el oficialismo, 50% para la oposición. Si bien en el Senado pareciera haber este equilibrio, en Diputados es dudoso, aunque los estrictos porcentajes manejados en la sesión preparatoria del 3 de diciembre tampoco sostienen la proporción 5-3 que pretende el no oficialismo.
Esta pequeña introducción pretende ser el marco para analizar la noticia sobre las estrategias de la oposición en contra del DNU creador del fondo.
La estrategia judicial del PRO no es de nuestra competencia. Para evaluarla, se puede leer con provecho este post de Arballo, cambiando “ley de medios” por “DNU del fondo”. Sólo podría agregarse que el eventual juez amigo que encuentren tendría que tener en cuenta que hay un procedimiento específico dentro del propio Congreso aún pendiente.
Es obvio que es el Congreso quien debe darle un primer análisis al DNU, con comisión o sin ella. La información tiene muchos supuestos y medias palabras, fiel al estilo de “decime lo que yo quiero escuchar” utilizada por Clarín en el último tiempo, como por ejemplo lo de Alfonso Prat-Gay, quien califica de inconstitucional al DNU porque se apropia de facultades del Congreso. Este es el problema de los DNU justamente, no sólo de éste. Lamentablemente, el sistema los adoptó, los incluyó, los reguló y les dio una respuesta. Parcial, pero respuesta.
Con respecto a la consideración que hagan las cámaras del Congreso, aquella no debe ser, necesariamente, “luego de expedirse la Comisión” —lo cual está en línea con lo dicho bien al comienzo de la nota (“la UCR, el peronismo disidente y la Coalición Cívica se disponen a bloquear la iniciativa en la comisión bicameral de control de los DNU”). Evidentemente, el autor de la nota no leyó la ley 26.122, ya que la misma establece que las cámaras se abocarán al “expreso e inmediato tratamiento” del DNU una vez vencido el plazo. Como pequeña aclaración, se puede decir que hasta tanto las cámaras no se aboquen al tratamiento del DNU, la comisión podría emitir dictamen. Nada se lo impide. Pero el Congreso está en receso, y la Constitución no prevé la convocatoria a sesiones extraordinarias por el solo dictado de un DNU. Hubiera sido de esperar que la Presidenta lo hiciera, pero la situación en el Poder Legislativo no es de las más amigables, pese a todos los llamados al consenso que se declaman.
Ahora bien, ¿cuál es el alcance que tiene el análisis del Congreso? Obviamente, esta no es una cuestión a la que Clarín le dispense ni siquiera un tratamiento tangencial. El dictamen de la comisión bicameral, de producirse, se debe expedir acerca de “la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”. Es decir que, por un lado, se debe verificar que la materia no sea de las prohibidas por la Constitución (tributaria, penal, electoral o de partidos políticos) y que tenga la firma de todos los ministros, del Jefe de Gabinete y del Presidente, claro, lo que serían los requisitos formales, pero, por el otro, tendríamos a “lo sustancial”, que, tal vez, podría ser identificado con la existencia real de una situación de necesidad y urgencia, más allá de la decisión en sí misma. Esta parece ser la línea de los dictámenes producidos por la comisión bicameral hasta el momento, tanto para la mayoría como para (algunas de las expresiones de) la minoría y el camino elegido por Gil Lavedra.
Salvo que la Presidenta convoque a sesiones extraordinarias, esta discusión se producirá en marzo, con un pequeño adelanto en el seno de la comisión bicameral, si es que se superan las controversias sobre su integración y, posteriormente, la elección de su Presidente. Será interesante ver cómo va a titular Clarín cuando se compruebe que la oposición no va a poder bloquear el asunto en la comisión…

Veto parcial para periodistas

El diputado Rossi cometió el sincericidio de afirmar que la Presidenta vetará las leyes aprobadas por el “Nuevo Congreso” que sean contrarias a las ideas del gobierno. Nos guste o no, el veto forma parte de los mecanismos de “pesos y contrapesos” entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo previstos por la Constitución. Se nos dirá que la conformación de las cámaras surgida de la última elección debería indicar un cambio de rumbo y que aunque esté previsto, sería políticamente incorrecto descartar decisiones de un Congreso surgido de “otra” voluntad popular. Como es habitual, la realidad política confronta con la formalidad constitucional.
Esta pequeña introducción puede venir a cuento por la cobertura (aquí y aquí, por ejemplo) que se dispensa a la futura conformación de la Comisión Bicameral Permanente de la ley 26.122, encargada de analizar los decretos de necesidad urgencia (DNU), el ejercicio de las facultades delegadas y los vetos parciales. Y esta última función podría adquirir más relevancia en, por lo menos, los próximos dos años si la Presidenta mantiene su conducta de pocos DNU. Pero, ¡ojo!, esta comisión analizará los vetos si y sólo si estos sean parciales, y sólo para determinar si, como exige la Constitución, la parte promulgada tiene “autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso” (artículo 80, C.N.). Este asunto ya lo traté hace un tiempo, pero tal vez sea necesario volver a alertar sobre el desconocimiento del periodismo al meter todo en la misma bolsa.
Señores periodistas: un veto total no va ni puede ser considerado por esta comisión, sino que transitará por el mismo camino que lo viene haciendo desde 1853, es decir quedará a consideración primero de la cámara iniciadora del proyecto; si ésta aprueba la insistencia con dos tercios de los presentes se remitirá a la revisora para que analice si también ella va a insistir con los dos tercios.
Es más, señores periodistas, no todo veto parcial va a ser considerado por la comisión bicameral, sino aquellos en los que simultáneamente haya una promulgación parcial. El Poder Ejecutivo podría estar en desacuerdo con uno o varios artículos de una norma, expresarlo de esa manera (es decir que podría acordar con el resto del proyecto), decidir el veto parcial y devolver todo el proyecto al Congreso, tal vez porque el resto del articulado no tenga aquella autonomía normativa exigida por la Constitución. En este caso, el asunto no va a ser enviado a la comisión bicameral permanente, y nadie podría quejarse de ello. ¿Habrá un escándalo mediático cuando esto ocurra? A no dudarlo…

El balance de 2010

La pobreza intelectual de esta nota merecería un comentario. Pero no quisiera repetirme a mí mismo. Por eso no voy a decir nada de los balances que empiezan ya a pulular en los medios (aquí y aquí, por ejemplo) sobre la tarea del Congreso.
Prefiero tratar de especular un poco sobre cómo serán estos balances a fin de 2010 cuando haya algunos pocos elementos para juzgar a este Nuevo Congreso del que tanto se habla.
Algo que me llama poderosamente la atención es la expectativa que se le está generando, y no puedo menos que preguntar por qué se le pone la vara a tal altura que hasta podría ser imposible de saltar. Es verdad que el no oficialismo hace tiempo dio a conocer una agenda algo difícil de cumplir, pero, bueno, en público siempre se grita más fuerte. El problema es la inevitable decepción que viene después. Lo raro, si así puede llamarse, es que sean los mismos medios cuyo fin es terminar con la era K los que no puedan ver que así también perjudican a los competidores. O tal vez sí lo vean…
Mucho se habla del diálogo. En esto parece haber miradas contradictorias (las de Aguad y Alfonsín, por ejemplo). Más allá del deseo y los discursos, van a ser imprescindibles para que las decisiones del Congreso tengan algún ánimo de permanencia. Pero si unos son los malos malísimos y otros son los buenos buenísimos de la historia poco queda por hacer.
Hace algo más de treinta años se propuso adoptar el concepto de “viscosidad” para el análisis de la actividad parlamentaria. Dicho concepto pretendía dar cuenta de aquellos órganos legislativos que no tenían el poder suficiente ni para establecer por sí mismos las políticas públicas ni para decir que no al Poder Ejecutivo. Lo que sí podían hacer era hacer más difícil el tránsito de sus iniciativas. Hasta donde pude ver el concepto tuvo vida corta, pero bien podría ser útil para imaginarse el cuadro del año que viene.
Una función muy poco tenida en cuenta por el “gran público” es el control que ejerce o debería ejercer el Congreso. Es de suponer que aquí habrá una actividad intensa el próximo año. Pero los medios suelen olvidarse de ella, salvo que se haga a través de una comisión investigadora. Pero en este caso no pasan de ser pura espuma, los titulares de un par de semanas, y poco más. El Congreso tiene muchas comisiones de control, pero su actividad pasa desapercibida, un poco porque, por varios motivos, a ellas también se les aplica el criterio de reflejar la composición política del cuerpo o cuerpos parlamentarios. La mayoría oficialista tiene pocos incentivos para controlar al gobierno del que forman parte. Pero la/s minoría/s le ponen muy poca garra…
Los balances de 2010 pueden llegar a tener un componente adicional a los que se vienen repitiendo y repitiendo desde 1983: la decepción de que el Nuevo Congreso no haya sido ni tan “nuevo” ni tan “congreso”. Hoy la Princesa resalta la necesidad de diferenciarse de los integrantes de la “mayoría circunstancial”. No le van a poder echar la culpa a los malos malísimos. ¿Quién va a pagar el pato?

Preparando la sesión preparatoria

Si hasta hace algún tiempito se creía que la sesión preparatoria en la que pretendía incorporarse Patti como diputado electo había sido de las más movidas y destacadas de los últimos años, la de hoy promete mucho, muchísimo, más circo que aquella. En realidad no hay que remontarse muchas décadas para encontrar sesiones preparatorias al tono de la de Patti. Durante la Presidencia de Frondizi, se producían conflictos porque el sistema electoral habilitaba la llamada “borratina” (las listas no eran bloqueadas, y el elector podía alterar el orden en que figuraban los candidatos, borrando a alguno de ellos). Solía ocurrir que las líneas internas de los partidos recurrían a la “borratina organizada”: una buena cantidad de votantes borraba al mismo candidato por indicación de algún otro. (Quienes proponen abrir y desbloquear las listas de candidatos harían bien en leer los diarios de sesiones de esa época.)
La sesión de hoy tiene el condimento de que nadie está seguro de cuántos votos va a tener. Si bien la oposición se adjudica la mayoría, está todo por verse. Hay una buena cantidad de diputados que están de lo más contentos con el rol de árbitros que hoy van a estrenar.
Clarín hace un despliegue interesante. En un reportaje a Aguad le hacen decir en el titular correspondiente algo que está a contramano de su discurso habitual acerca del diálogo, el consenso y la sarasa: “El que tiene la mayoría impone las reglas”. En el cuerpo de la nota, el entrevistado se queja de que los K así lo hicieron todos estos años, y ahora no quieren dejarlos a ellos. Insisto en que si de verdad tuvieran el número, hace rato se hubiera terminado la novela de la preparatoria.
En otra de sus notas, vuelven con lo de Pinky. Desde ayer que especulan en que ella podría presidir la Cámara hasta marzo. A ver señores si ponemos las cosas en su lugar. La Presidencia de Pinky podría durar lo que un suspiro. Es tradicional en nuestros cuerpos parlamentarios me atrevería decir desde la Asamblea del año XIII, que en el primer instante sus miembros aún no formalmente incorporados propongan que la presida el de mayor edad. Inmediatamente, se elige a un Presidente provisional para la toma de juramento. Por una cuestión de practicidad se nomina al mismo. A continuación, juran los que deben incorporarse, y luego se eligen las autoridades definitivas. Es decir que ante este panorama de conflicto perfectamente podría darse el caso de que desde el primer momento se proponga otro Presidente provisional, tal vez alguien con más experiencia para manejar una sesión difícil. De hecho, así se hizo en la preparatoria del 6/12/2005, cuando se veía venir lo de Patti.
El tema de los porcentajes y las votaciones conjuntas. Sin que los bloques tengan sus números claros, no hay porcentajes posibles. Pero tampoco los puede haber si la Cámara va a estar fragmentada. Repito: los k químicamente puros podrán tener la primera minoría, pero nada se sabe de muchos de los otros bloques, y menos aún en situaciones cambiantes. El peronismo disidente ya se dividió, por ejemplo, en el tema de las comisiones. ¿Cómo se puede votar algo que no se tiene claro?
En 1984 se estrenó la película Las bicicletas son para el verano, basada en una obra de Fernando Fernán Gómez. Era la época de El crimen de Cuenca, Solos en la madrugada, Los santos inocentes. Contaba la historia de una familia madrileña durante los años de la guerra civil, y las privaciones que pasaban. Casi al final de la película, con el conflicto terminado, hay una escenita que me quedó grabada: los protagonistas (padre e hijo) ven a unos guardias civiles (o soldados franquistas, no me acuerdo), maltratando a alguien por la calle con total impunidad (diríamos en estos días). El padre le dice al hijo: “No ha llegado la Paz, ha llegado la Victoria”. Ojalá todos los protagonistas de hoy, en especial quienes obtengan el mayor número de votos, recuerden más la frase “Ni vencedores ni vencidos” que la de la película. La Victoria de hoy, le sonría a quien le sonría, va a ser efímera. Todas las decisiones deberán ser trabajosamente construidas. Espero que lo entiendan, incluso, y en especial, aquellos que ocuparán las barras del recinto de la Cámara de Diputados.

"Vamos por todo", "¿Podemos?"

Dos versiones recorren los medios: los más exaltados afirman que el no oficialismo intentará forzar (como suelen decir) una votación conjunta de las autoridades de la Cámara de Diputados y de la integración de las comisiones (algo así como el Núcleo de Coincidencias Básicas de la reforma de 1994, pero sin las coincidencias). Los más circunspectos (Crítica, Parlamentario y Página/12) sólo dicen que se reclamará la proporcionalidad en la integración de las comisiones, en parte por falta de un acuerdo integral entre el no oficialismo.
¿Cuáles son los exaltados? A ver, a ver… y sí, claro. La Nación y Clarín, obvio. Este último, como es más farandulero, desde ayer que destaca que Pinky va a ocupar la Presidencia provisional de la Cámara por ser la de mayor edad de quienes van a estar presentes el 3 de diciembre, el día de la jura de los diputados electos. La única función del Presidente de mayor edad suele ser tomar este juramento, justamente. A continuación, se eligen las autoridades definitivas. El reglamento no prevé una votación conjunta; tampoco la prohíbe. Pero parecen ser de naturaleza distinta, ya que una (la de las autoridades de la cámara) es “a [¿simple?] pluralidad de sufragios”.
Como la Cámara en estos últimos veintiséis años no se abocó a la decisión sobre las comisiones en la sesión preparatoria, sino que la delegó en su Presidente, la mecánica para hacerlo está por verse (vale aclarar que tampoco lo hizo en el período 1973-1976, y me atrevería a decir que antes tampoco). Los actores del jueves, es de esperar, tendrán alguna idea concreta al respecto.
Dados los diferentes “ángulos” de la información manejados por los medios, se podría especular que el oficialismo, en público, va a seguir peleando por la mayoría de las comisiones consideradas “estratégicas” (Presupuesto y Hacienda, por ejemplo, la de los impuestos y el presupuesto, precisamente), lo que es claro que no le corresponde, como ya dije. Estarán, todos, contando los porotos. Si de verdad el no oficialismo tuviera los 133, 135 o 138 que los medios dicen, no habría tantas reuniones ni especulaciones. Como ellos mismos suelen decir, “irían por todo”.