Herrar es umano

Si algo le faltaba a la ley de medios es un descuido en las remisiones internas producto de las modificaciones que se le hicieron.
¿Qué es una “remisión interna”? Una remisión interna es, simplemente, una referencia realizada entre dos normas de una misma ley para mantenerlas enlazadas o ligadas. Por ejemplo, la Constitución enumera los requisitos para que una persona sea elegida Presidente de la Nación y agrega “las demás calidades exigidas para ser elegido senador”, es decir están enlazados los artículos 89 y 55. También podría hacerse una referencia directa, como por ejemplo cuando en una ley se dice que tal o cual situación se resolverá de acuerdo a lo dispuesto en tal o cual de sus artículos.
Esto es lo que se hace en los artículos 95 y 124 de la ley de medios, entre muchos otros. Pero el apuro, las modificaciones, la falta de atención, impidieron realizar las correcciones que correspondían. Las remisiones internas del texto que salió de la Cámara de Diputados en estos dos artículos resultaban incoherentes.
En el Congreso, como decía un antiguo jefe mío, todo se hace con “tracción a sangre”: los adelantos de la tecnología se van incorporando muy lentamente, los escritos todavía se deben imprimir en papel, ponerles un sello de goma a mano y firmarlas de puño y letra en cada hoja. Es decir que cada una de ellas deben ser transcriptas, y leídas y releídas para que haya coincidencia entre los documentos que se van encadenando (proyecto, dictamen y sanción). Las necesidades de la política a veces son mucho más urgentes que los mecanismos necesarios para producir cada instrumento. Por lo tanto, los errores y las consiguientes “fe de erratas” son más habituales que lo que la prudencia indicaría. Estas correcciones se materializan en comunicaciones que se envían los secretarios parlamentarios de cada Cámara. Es una práctica que, tal vez, se convirtió en demasiado frecuente. Pero es conocida y aceptada.
Algún purista podrá espantarse. Habrá que analizar caso por caso de estas erratas para determinar la real afectación a los derechos. No se las puede dar por sentadas para no convalidar modificaciones posteriores a una sanción. Pero si se trata de errores materiales fácilmente salvables… bueno, las vestiduras rasgadas son una respuesta algo exagerada.
Es verdad: en el tratamiento de este proyecto en particular debería haberse extremado todos y cada uno de los cuidados, los sustanciales y los formales. Pero todo se tensó tanto que todo se exagera: el apuro del oficialismo, y las lupas que se ponen desde el otro lado. Todo es slogan, y todo es una opereta.

La divina proporción

Hagamos una prueba: vamos a leer el artículo 81 de la Constitución Nacional de corrido, sin respirar. Es un poco largo, pero hagamos el intento…
Si uno no leyó nunca antes ese artículo, apuesto lo que quiera a que no se entiende. Es una verdadera ensalada, lleno de condicionales y situaciones diversas.
Este artículo es el que prevé qué pasa si hay desacuerdo entre las cámaras del Congreso Nacional respecto de un proyecto de ley, es decir si la cámara revisora modifica una iniciativa aprobada previamente por la cámara de origen. Una muy buena síntesis del procedimiento para la formación y sanción de las leyes se puede ver aquí.
Félix Loñ es un afamado constitucionalista de los que suelen ser consultados por los medios. Es evidente que tiene muy en claro no sólo el artículo 81, sino, seguramente, toda la Constitución. Fue reporteado por elparlamentario.com sobre las alternativas que podrían darse en caso de modificarse la famosa “ley de medios potasio” (Arballo dixit. Potasio, K, potasio, K. Me costó captarlo, pero cuando pude, me causó mucha gracia).
Lo que dice Loñ es inentendible, tan mezclado como la redacción del artículo 81. Empieza con una obviedad: “los dos tercios en Diputados es una utopía”. Es cierto, pero tan utopía como que el proyecto sea modificado en el Senado con los dos tercios de los votos, única opción para que ésa sea la mayoría necesaria para que la Cámara de Diputados insista con su redacción. Pero en la forma en que se presenta en la entrevista pareciera que si el Senado cambiara una coma sin importar con cuántos votos, los diputados sí o sí debieran juntar los dos tercios. Si volvemos a leer despacito el artículo 81, vemos que “La Cámara de origen [Diputados, en este caso] podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes.” Queda claro, entonces, que si el Senado modifica el proyecto por mayoría absoluta de los presentes, es esa la mayoría que se va a precisar en Diputados tanto para aceptar las modificaciones como para insistir en su redacción. Esto es independiente de los aspectos políticos del asunto, léase victoria o derrota del gobierno por no haber conseguido la sanción definitiva en el Senado (¿todo tiene que ser tan absoluto?).
A continuación, Loñ juega con los números de una manera más propia de un estudiante que recién empieza: habla de los 154 votos que obtuvo el proyecto en Diputados (en realidad, fueron 147 sobre 151 presentes), identificando tal cantidad con los dos tercios. Pero, salvo que la Constitución mande contar sobre la totalidad de miembros de las cámaras, toda mayoría va a ser relativa. Si, por ejemplo, Diputados sesiona con quórum estricto (129 legisladores en sus bancas), y la votación sale 129 a 0, vamos a tener unanimidad, pero presentarlo de esa manera es por lo menos aventurado. Si, en el caso que nos ocupa, los 104 diputados que se fueron denunciando terribles nulidades de procedimiento cambian de parecer y se quedan en el recinto, para el oficialismo sería imposible conseguir los dos tercios (de lo contrario, sólo sería un trámite), pero no tendrían mayor inconveniente en insistir en la redacción originaria con aquellos 147 votos o, incluso, con 129 (volviendo a dejar los aspectos políticos aparte).
En fin, lo de siempre: un periodista descuidado, un reporteado que se hace el distraído y un producto absolutamente tendencioso. Pero resulta que el entrevistador es un medio especializado en cuestiones parlamentarias y el entrevistado es también un estudioso de estos asuntos. ¿Cómo hay que interpretar semejante “negligencia”?

Más es menos

Guardando la debida discreción, tuve la oportunidad de saber de algunos asesores de diputados de la oposición que trabajaron intensa y profundamente en el análisis del proyecto de ley de medios audiovisuales. A raíz de este estudio, estuvieron en condiciones de proponer a sus respectivos legisladores diversas modificaciones o de señalarles asuntos perfectibles y/o a discutir. Dada la mecánica de tratamiento del proyecto, quedaron con la sensación de que fue un esfuerzo desperdiciado. Es que ese tipo de trabajo fino no se puede aprovechar en un ámbito de discusión como se dio en el plenario de las tres comisiones de esta semana: más de cien diputados reunidos es contrario a cualquier intuición que se tenga de la labor en comisión de los cuerpos parlamentarios.
La disección del proyecto se dio en otro espacio, como no podía ser de otra manera casi podría decir. Prueba de ello, es el acuerdo que el oficialismo alcanzó con algunos de los bloques de la Cámara de Diputados, cuyo resultado fue la aprobación de la iniciativa con muchas modificaciones respecto del original. Hubo reuniones obviamente previas entre el oficialismo y algunos bloques (¿todos los que quisieron participar?) en las que negociaron y acordaron como se hace en cualquier cuerpo parlamentario. Y llegaron al plenario de las comisiones con un texto que llevó varias horas de lectura. Pero hubo bloques que quedaron al margen (¿o que se automarginaron?), con lo cual sus propuestas, de tenerlas, no pudieron incorporarse. Que es lo que sucedió con el trabajo de aquellos asesores a los que me refería al inicio. Me queda la duda, entonces, sobre qué sucedió en realidad. ¿Hubo acercamientos? ¿Se intentaron, por lo menos? ¿De qué lado vino el rechazo? En definitiva, la cocina parlamentaria, ¿dónde está?
Es posible, en teoría, suponer que las comisiones no hubieran sido un espacio de declamación de haberse trabajado en la forma habitual: reuniones de asesores de cada comisión por separado, “elevación” a los plenarios de cada una de ellas, análisis y eventualmente dictamen en el ámbito de competencia de cada una y despacho final. Esta mecánica, para el oficialismo, no era viable, presumiblemente para no darle oportunidad al lobby a actuar con toda su fuerza.
En este marco, es francamente politiquera la “discusión” acerca de cuántas comisiones deberían intervenir en el Senado: si se quiere, aunque más no sea, que estén dadas las condiciones para un intercambio adecuado, es claro que el mayor número es contrario a ello, así como las especulaciones sobre una hipotética dilación en el envío de la comunicación de la sanción de Diputados para que el Vicepresidente no pueda incidir. Tampoco es posible suponer que el envío a pocas comisiones es con el objeto de debatir ampliamente. Pero de este modo, el oficialismo tendría menos excusas para buscar exhaustivamente el consenso en un proyecto de la mayor importancia.
De nada.

Un caramelo Media Hora, y me voy

Hace más de veinte años atrás —posiblemente en el ’84 o el ‘85—, el Presidente de la Cámara de Diputados de aquel entonces, Juan Carlos Pugliese, se enojó con los todos los diputados por los eternos retrasos en el inicio de las sesiones, y anunció que no habría fuerza humana capaz de impedir que no levante la sesión luego de pasada la media hora de tolerancia. Y así lo cumplió… dos o tres veces. Resultaba obvio para los protagonistas, incluso para él mismo, que tal decisión era insostenible en el tiempo, porque, entre otras cosas, se negocia hasta el último minuto posible.
Esas dos o tres veces habrán sido las únicas en que la sesión se levantó por falta de quórum a la media hora del horario previsto inicialmente, sin contar, claro, todas aquellas sesiones especiales requeridas por la oposición de todos los tiempos que, desde el inicio, era sabido que no conseguirían el número.
Que las sesiones no empiezan en el horario previsto es una práctica tan conocida que decir que la de hoy es nula o inconstitucional o ilegítima es triste (casi tanto como el tratamiento express al proyecto sobre los medios). Y todos los involucrados lo saben, incluso los cronistas parlamentarios. Pero, se sabe, últimamente repiten lo que a algunos dueños de empresas periodísticas les gusta escuchar, sin posibilidad, aparentemente, de analizarlo críticamente.

Quien pueda oír que oiga

Ayer hubo exposiciones durante todo el día en la audiencia pública convocada por las comisiones que tienen a su cargo el análisis del proyecto de ley regulatoria de los servicios de comunicación audiovisuales. ¿Qué se dijo? Para Clarín las nueve horas de disertaciones se resumen en una única frase dicha por el primer orador. Nada más. Su cronista se habrá tenido que ir, tal vez, a cubrir el robo o el choque nuestro de cada día…
En la portada del sitio web de TN ni siquiera hay una síntesis de lo ocurrido ayer. ¿Es que no se dijo nada interesante? ¿No hubo un solo argumento para discutir? ¿Una sola frase atrayente? ¡¿Nada?!
Claro, según el multimedios fue “casi un monólogo del oficialismo”. Con eso alcanzaría para desechar los discursos.
También pareciera que sólo les interesa lo que ocurre en el salón auditorio de la Cámara de Diputados a los legisladores oficialistas: en el texto de la nota se nombran a varios de ellos. Pero resulta que en la imagen que ilustra la nota aparece Pinedo casi en primer plano. La lectura que hace de esta aparente ausencia opositora es que así se le restaría legitimidad al debate. Sin comentarios.
Esto del apuro también les hace decir ridiculeces: si a la representante de ADEPA “le avisaron” el lunes de las audiencias públicas debería despedir a su secretaria/o, o cambiar de fuente de información.
Los canales de noticias, en general, le dedican muy poco espacio a las audiencias, por no decir ninguno. ¿Cómo podremos saber cuando se formule el dictamen de las comisiones si los diputados tuvieron o no en cuenta los argumentos que escucharon?
A ver si se enteran, señores: está ocurriendo algo muy importante en la Cámara de Diputados. No pueden hablar de mordaza si no se ocupan de reflejarlo mínimamente.

"Razonaré con él"

Ya está claro: el procedimiento utilizado para la consideración del proyecto de ley de contenidos audiovisuales es poco apropiado. Si hubo alguna vez en que el oficialismo debió reflexionar, ésta es la ocasión, pese a los enormes intereses en juego. La advertencia de Gargarella es más que elocuente.
Esto no significa que necesariamente el proyecto deba discutirse después del 10 de diciembre. Los exabruptos acerca de la legitimidad del Congreso actual podrían ser fácilmente superados con una discusión racional y abierta.
Es lamentable, sin embargo, que los argumentos utilizados para cuestionar el procedimiento tengan una notoria endeblez. Como viene ocurriendo desde hace un tiempo, se habla para la tribuna. Clarín recurre a “juristas” (así, en plural, pero sólo expone opiniones del constitucionalista Sabsay) y a entidades, quienes parecen desconocer que en el ámbito parlamentario rigen sus propias normas y costumbres. En particular, y para el caso de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, tenemos el artículo 114 bis de su Reglamento. Ahí se podrá encontrar respuesta a muchos de sus cuestionamientos, aunque no así al de la razonabilidad por falta de tiempo en la preparación de las exposiciones. Como siempre, quienes ponen los micrófonos no pierden el tiempo en revisar un poco el material disponible y repreguntar en consecuencia. Mientras les digan lo que quieren escuchar…
Por el lado de La Nación, se reseña la intención de su político estrella, el Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, de enviar el proyecto a cuanta comisión se le pueda ocurrir. Aunque revisable por la propia Cámara, el giro de los asuntos es una atribución que le es propia. Si bien el Reglamento del Senado (artículo 89) dispone que los proyectos deben ser enviados a una sola comisión, prevé la posibilidad de su ampliación de acuerdo a su naturaleza. Obviamente, estamos frente a uno de estos casos. Pero si se exige racionalidad y razonabilidad, sería apropiado ejercerlas.

P.D.: ¿Alguien me puede explicar por qué ni en la portada de Infobae.com ni en su sección “Argentina” no hay una sola mención a este proyecto ni a sus vicisitudes?

A cumplir el Reglamento al pie de la letra

Entre las chicanas que se vienen blandiendo con motivo del tratamiento del proyecto de ley de medios audiovisuales, me parece destacable la que se refiere a las comisiones que debieran intervenir en su análisis.
Según se informó en un primer momento, a las únicas que se les habría girado el proyecto eran la de Comunicaciones y la de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por diputados oficialistas. Luego el giro se amplió a la de Libertad de Expresión, presidida por una diputada de la UCR. De todos modos, y como no puede ser de otra manera dado que estos cuerpos deben reflejar la composición política de la Cámara, en las tres comisiones el oficialismo tiene mayoría.
Esta ampliación parece no resultar suficiente para el no oficialismo, ya que está reclamando la intervención de otras comisiones como la de Asuntos Constitucionales o Cultura, lo cual no es otra cosa que una chicana, al igual que la pretensión del oficialismo de realizar tres (¿y sólo tres?) maratónicas audiencias públicas de ocho horas cada una.
¿Por qué es una chicana? Si hacemos un repaso del Reglamento de la Cámara de Diputados, veríamos que la mayoría de sus comisiones tendría alguna competencia para considerar un proyecto tan amplio como este. ¿Se podría dejar de lado a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dado el obvio impacto que los medios tienen sobre los chicos? ¿Y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia no tendría nada para decir? El proyecto tiene un capítulo especial sobre los Pueblos Originarios, competencia específica de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Tenemos también a la Comisión de Derechos Humanos, la de Educación, la de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales. En fin, casi podría decirse que no se podría marginar a muy pocas de las comisiones de la Cámara.
Es que las competencias de las cuarenta y cinco comisiones están tan superpuestas que cuando un proyecto es de cierta amplitud sucede esto que venimos reseñando. Por este motivo, desde hace un tiempo la práctica es que haya un máximo de tres comisiones para el análisis de los proyectos, lo cual limita la posibilidad de empantanarlo. Además, se debe tener en cuenta que si se juntaran los miembros de las tres comisiones tendríamos alrededor de ochenta diputados, algo menos de la tercera parte de la Cámara, lo cual es contrario a la idea misma de la tarea en comisión, es decir un grupo más o menos reducido de legisladores con un conocimiento más o menos específico sobre los asuntos estudiando sus aspectos técnicos y a la búsqueda de los primeros consensos.
Así como nadie habla del proyecto en sí mismo (¡es muy difícil de leer!), nadie va analizar estas pequeñas zancadillas parlamentarias. Y nadie va a decir que el apuro no es sólo porque a partir de diciembre va a cambiar la relación de fuerzas en el Congreso (¿cambiará tanto?): con cada renovación de las cámaras, se baraja y se da de nuevo, sin importar si la mayoría sigue siendo mayoría o no. Por supuesto, se debe volver a designar a los integrantes de las comisiones, con lo que todos los dictámenes que se hubieran producido y no hayan sido aprobados por la Cámara, se caen. Tal vez forzar la máquina sea una respuesta poco adecuada a esta situación, tanto como tildar de trucho al Congreso, o, más académicamente, de ilegítimo...