¿Diálogo sin interlocutores?

Hoy se informa aquí sobre los ochenta y cinco vetos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, interpuso a leyes aprobadas por la Legislatura. Este asunto no tiene demasiada repercusión, aunque es verdad que no suele ser un tema de debate las observaciones que los gobernadores de Misiones o de Neuquén o de La Pampa puedan realizar a las leyes de sus respectivas legislaturas.

El punto a comentar aquí no son tanto los vetos en sí mismos, sino la falta de información y/o de opinión sobre una característica por lo menos curiosa: según la nota, de ochenta y cinco leyes aprobadas, setenta y nueve fueron también votadas por los legisladores del partido oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pero más curioso aún es un argumento que dio hace ya un tiempo el legislador Martín Ocampo, según el cual los vetos son indicativos del diálogo interno que existe en el PRO.

Veamos. Usted es un legislador no oficialista de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajosamente, o no tanto, consigue impulsar un proyecto. Dialogando, dialogando, dialogando (es decir, poniendo o sacando cosas de su proyecto, asumiendo compromisos de votar otros) va sumando voluntades de otros bloques. Dialogando, dialogando, dialogando (es decir, suprimiendo, tal vez, alguna norma un poco incómoda para la administración) hasta obtiene el aval del bloque oficialista de la Legislatura. Su proyecto va superando las distintas instancias reglamentarias y constitucionales y, finalmente, consigue que sea votada por el pleno. Imagine su satisfacción. A los pocos días, el titular del Poder Ejecutivo la veta y la devuelve a la Legislatura. Fin de la historia.

Usted tal vez se pregunte para qué se molestó en buscar el famoso consenso con los legisladores oficialistas. También se podría preguntar si el diálogo interno que, según Ocampo, existe en el PRO no podría haberse hecho antes de la sanción de la norma. Podría preguntarse de qué sirven los compromisos asumidos por y con los legisladores oficialistas. Podría interrogar a sus asesores sobre quién es, en definitiva, el interlocutor válido para conversar sobre los proyectos a considerar en la Legislatura. Peor aún: usted quedó curado de espanto, y en lo sucesivo cada conversación será apenas provisional, con lo cual el sistema pareciera no tener muy poca previsibilidad. O el elemento previsible sería que los legisladores oficialistas le podrán decir “a nosotros nos parece bien, pero…”.

Se critica mucho la disciplina partidaria. Expresiones como las del Presidente del bloque oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, en cuanto a que se va a seguir a rajatabla las políticas del Poder Ejecutivo suenan realmente exageradas. Pero algún término medio tiene que haber entre el desacople que parece haber entre los legisladores oficialistas y el Poder Ejecutivo en la Ciudad (¿por el diálogo interno de la fuerza o por falta de diálogo?) y la defensa incondicional. ¿O me equivoco?

¿El Congreso? ¿Qué Congreso?

Todos ya conocemos la madeja en la que Gobierno y oposición están enredados con el asunto del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), madeja que abrió una ¿buena? oportunidad de negocios para las consultoras en cuestiones económicas. (Sería interesante saber si, quién y cuánto les pagan por sus estimaciones.). También es conocido que la Secretaría de Comercio Interior les impuso sanciones por infracción a la ley de lealtad comercial, supuestamente porque no le informaron la metodología de cálculo. (Un buen análisis, acá.).
Como un coletazo más en esta novela, Infobae y El Cronista coinciden en titular de manera engañosa una posible acción política de diputados de la oposición: aparentemente, se harían cargo de difundir los datos de inflación (o el índice de precios al consumidor, vaya uno a saber) calculados por consultoras privadas de forma tal de que puedan eludir las multas (aunque no están muy seguros de esto).
Lo engañoso del asunto es que el título es "El Congreso publicará...", dando a entender que el Poder Legislativo se hará cargo, oficialmente, de la difusión de esos números.
Vamos a afirmarlo así, a lo bruto nomás: el Congreso no existe. Lo que hay es un órgano que ejerce la función legislativa compuesto por dos cámaras totalmente separadas, que actúan cada una por su lado y que se reúnen en el mismo recinto en contadísimas ocasiones, en general con fines protocolares. Muy excepcionalmente lo hacen con algún objeto decisorio.
La Constitución Nacional utiliza la palabra "Congreso" en sesenta y ocho oportunidades. En dos de ellas hace referencia a esta reunión de ambas cámaras en forma simultánea, a la que se denomina Asamblea Legislativa: para recibir el juramento del Presidente y del Vicepresidente electos, y para el informe sobre el estado de la Nación que da el primero con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias. La práctica agregó dos más: la consideración de la renuncia de quien esté ejerciendo Poder Ejecutivo y posterior designación del funcionario que lo reemplace en caso de acefalía doble permanente y la "recepción" a los jefes de estado extranjeros, quienes dan un discurso a la Asamblea. La enorme mayoría de las veces en que la Constitución utiliza la palabra "Congreso" es para referirse a leyes que el Poder Legislativo puede o debe aprobar y que deben seguir el trámite de sus artículos 77 a 84, es decir el paso sucesivo por las cámaras que lo componen.
En síntesis, el Congreso no va a hacer nada porque nada puede hacer en estas cuestiones. Tampoco las cámaras, por separado o sucesivamente, van a tomar ninguna decisión al respecto porque eso significaría considerar y aprobar un proyecto que las facultaría para tal cosa. ¿Tal vez alguna de las comisiones parlamentarias? No, tampoco, porque no se reunieron con ese objeto, por lo que no hubo discusión ni decisión sobre cierto curso de acción.
Como dije al principio, y queda claro de la lectura de las notas correspondientes, lo que hay es la búsqueda incesante del titular más incendiario. Nada más. Y con eso parecen tener bastante.

¿Nueva conformación en las comisiones del Senado?

En la última sesión ordinaria del presente período parlamentario (24/11/2010), el Senador Morales dijo lo siguiente:

La oposición sabe que no se van a aprobar las sanciones de la Cámara de Diputados respecto de los DNU y del Consejo de la Magistratura. Lo sabemos en este Senado. ¿Por qué? Porque ha cambiado la composición de este Senado: porque ahora, el Frente para la Victoria tiene mayoría; porque tienen el número; porque también tienen ahora la posibilidad de establecer algunos puntos de agenda, pero terminemos el debate de estos temas a suerte o verdad. ¡Que todos los que van y vienen se saquen la careta y que voten como tengan que votar!

Aunque pareciera que no salió en otros medios pese a la relevancia de la información, la publicación parlamentario.com afirma que el Senador Pichetto, tal vez a raíz de aquel reconocimiento, estaría gestionando cambios en la composición de tres comisiones importantes (¿por qué sólo en tres?): Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, en las cuales el oficialismo cuenta con seis de sus quince integrantes. De no arribar a un acuerdo previo, pediría que se vote en la primera sesión ordinaria del período que se inicia el próximo 1º de marzo.

¿Es esto posible?

La publicación mencionada trae a colación artículos del Reglamento del Senado que de acuerdo al criterio del autor de la nota serían aplicables. Son más o menos obvios, pero compatibilizarlos así en abstracto es algo complicado porque es posible que hayan sido pensados para contextos más estables que el presente. Inestables o no, pareciera conveniente dificultar el toqueteo en la integración de las comisiones, y por tal motivo es necesaria la renuncia previa de alguno de sus miembros para proceder a su reemplazo. De no producirse un renunciamiento generalizado (en reconocimiento, tal vez, de lo cambiante de la situación), y siempre de acuerdo a los dichos atribuidos a Pichetto, se haría el planteo en el recinto para que sea la propia Cámara la que tome una decisión. Se podría pensar que habiéndose establecido por impulso del Grupo A las proporciones de cada comisión por resolución del Cuerpo, otra resolución modificaría la primera (ley posterior deroga ley anterior). Pero aceptar un procedimiento de este tipo significaría abrir la posibilidad de permanentes cambios en las comisiones ya que se haría prevalecer la voluntad colectiva de los legisladores por sobre la individual (de existir algún tipo de derecho individual de los parlamentarios).

La conformación del Grupo A fue un hallazgo, pero su característica principal fue su volatilidad: apenas pudo arañar un período de sesiones ordinarias. Sus decisiones y sus prácticas pretendieron tener cierto ánimo de permanencia, pero pareciera que traerán más problemas que soluciones.

La estupidez extraordinaria

Desde hace varios días que se viene repitiendo que el Senado sería convocado a sesiones extraordinarias. Lo notable es que se lo dice como si sólo la Cámara Alta pudiera serlo, con exclusión de la Cámara de Diputados.
La convocatoria a sesiones extraordinarias es para el Congreso, no para una cámara u otra. La única diferencia entre estas sesiones y las ordinarias es que quien fija el temario de los proyectos de ley (y sólo de los proyectos de ley) a considerar es el Poder Ejecutivo. Pero la actividad del Poder Legislativo no se reduce sólo a este tipo de proyectos, mal que les pese a quienes están haciendo la cuenta de cuántas leyes se sancionaron en 2010. Es decir que, por ejemplo, la Cámara de Diputados podría sesionar válidamente para considerar un proyecto de resolución por el cual se le pida informes al Poder Ejecutivo sobre los hechos de Formosa o sobre el informe que las universidades entregaron acerca del INDEC o un proyecto de declaración para repudiar al Departamento de Estado de EE.UU. que se interesó sobre la salud mental de la Presidenta.
Es obvio que si el eventual temario de proyectos de ley establecido por el Poder Ejecutivo sólo incluyera el del impuesto a los cigarrillos y acuerdos, el ojo público, en principio, se enfocaría en el Senado, hasta que los periodistas "descubrieran" que la Cámara de Diputados también tendría actividad.

Atroces e inocentes

La secuencia sería más o menos así: diputados oficialistas mantienen conversaciones con los de la oposición, ejerciendo el tan ansiado y democrático diálogo, y como producto de ese intercambio llegan a acuerdos, los que, como tales, debieron dejar satisfechos a ambas partes. La Presidenta, ajena hasta el momento, es informada de estas circunstancias. Fiel a su estilo patoteril, pone el grito en el cielo y cual coronel de caballería ordena que las cosas no se van a hacer de ese modo, sino como ella diga. Los diputados oficialistas no pueden sino aceptarlo, lo ponen (¿humillados?) en conocimiento de los de la oposición y estos últimos salen a denunciarlo ante la opinión pública. Aunque suene increíble, esta situación se repetiría una y otra y otra vez, siendo su ejemplo más reciente el tratamiento del presupuesto.


“Rompen los acuerdos”, repiten algunos cual mantra sin dar mayores precisiones. “Así no se puede negociar”, continúan. Pregunto: si es real que los diputados oficialistas son tan poco confiables y genuflexos, ¿por qué insisten en dialogar con ellos? ¿Para qué perder el tiempo? Los diputados opositores, ¿serán tan inocentes? ¿O es que esperan que los oficialistas, finalmente, vean la luz y actúen como verdaderos parlamentarios?

Ni hace falta aclarar que no tengo la menor idea de cómo se sucedieron las conversaciones, ni las del presupuesto ni ninguna otra. Tal vez haya habido ruptura de acuerdos, no digo que no. Pero como la información viene de los órganos de prensa de la oposición (Clarín, La Nación, Parlamentario, obvio) mis dudas son, por decir lo menos, enooooormes. Porque si la secuencia es como dije al principio, ¿no es ridículo que los pobres diputados opositores se sigan dejando engañar por los atroces diputados oficialistas?

El mito de las comisiones

Aunque es posible que no le guste, y que hasta se enoje (pero no me importa), se puede afirmar tranquilamente que Fermín Ubertone es uno de los pocos profesores de Derecho Constitucional que no sólo sabe de Derecho Parlamentario, sino que también conoce muy bien la mecánica interna y el modo de funcionamiento del Congreso. Por otra parte, Héctor Pérez Bourbon, más conocido como Torchi y a quien se lo puede identificar en medio de una multitud porque va por la vida usando siempre –pero siempre– un poncho rojo, acumula décadas de trabajo y compromiso con instituciones legislativas de todo tipo y color.

Hace unos pocos años atrás, Ubertone publicó en la revista El Derecho (22/08/2006) un artículo a la memoria de Guillermo Molinelli titulado Los cuerpos parlamentarios y el mito del recinto. Es, o debiera ser, conocido que en la sesiones de los cuerpos legislativos “nadie convence a nadie”, no es esa la finalidad de estas reuniones, sino la de dar la puntada final al difícil tejido de los acuerdos necesarios para que un órgano tan complejo como un Congreso pueda tomar una decisión.

Pérez Bourbon retoma este asunto para desarrollar su punto de vista acerca del trabajo en las comisiones parlamentarias. En su último libro (Para entender al Congreso, Editorial  Dunken, 2009) dice:

“[E]l Reglamento [de las cámaras] prevé, por ejemplo, que en determinadas circunstancias la comisión que tiene a su estudio [un] tema puede, con un número muy reducido de miembros, sacar dictamen favorable a un proyecto. Ud., legislador novato, lo ha logrado y se siente orgulloso y vencedor”. Luego da cuenta de los múltiples pasos necesarios para que esa iniciativa se convierta en ley, y termina “¿Se da cuenta? Si esto finalmente sale es porque hubo acuerdo para que saliera; no porque Ud., astutamente, haya encontrado que el Reglamento permite el dictamen de comisión en minoría. (…) Por supuesto, no todos los diputados actúan así. Hay muchos que tienen una clara conciencia de la necesidad de acuerdos previos para que la ley salga. No sólo eso: acuerdos fuertes para que, además, no sea derogada en la primera de cambio” (p. 79/80).

¿A qué viene esta sobada del lomo de los amigos Fermín y Torchi? A que hasta hace un tiempito yo compartía plenamente esa visión de las comisiones como cocinas de los acuerdos (tal vez Ubertone no lo veía tan así), pero en las circunstancias actuales es muy difícil palparlo. Espero que sea sólo coyuntural, pero la famosa agenda parlamentaria del grupo A va saliendo de las comisiones a como dé lugar, aun cuando a su interior queden cabos sueltos. Lo triste es que ni Torchi ni Fermín descubrieron la pólvora; quién más, quién menos, todos lo tienen bien en claro. Pero aún así, actúan (todos) como si no hubiera un mañana. Es, por lo tanto, muy poco sorprendente que pasen cosas como las de este mediodía, que la sesión no pudo iniciarse por falta de número: al recinto llegaron proyectos sin acuerdo, el oficialismo no se presentó y (presumo) tampoco había entendimiento para adentro de la oposición.

Es cierto que el Presidente de la Cámara levantó la sesión a los cuarenta minutos de pasada la hora para la que fue convocada, pese a que se decía que había diputados aún en aeroparque o con problemas en sus vuelos por el clima. No lo sé, tal vez. Pero quienes ayer reclamaban que se cumpla estrictamente el Reglamento a este respecto, hoy no pueden quejarse.

El grupo A reunió en varias votaciones previas alrededor de 140 diputados. Para poder continuar con su estrategia de “darle dolores de cabeza al gobierno”, los tiene que poner sí o sí en el recinto en todas las oportunidades. Si quieren imponer la consideración de proyectos sin acuerdo, no pueden esperar que el oficialismo los acompañe. Por suerte para ellos, cuentan con la complicidad de quienes dicen trabajar de periodistas: Clarín titula “Inseguridad: el kirchnerismo evitó que Diputados discuta un proyecto sobre salideras bancarias”. Sin palabras…

Calladitos, calladitos

El grupo A en la Cámara de Diputados lleva a las comisiones los dictámenes ya elaborados, y los firma casi sin discutirlos con “el resto”. Leuco, Elisaschev, Nelson Castro, Morales Solá, ¿no tienen nada que decir sobre esto? Aunque es un clásico que la mayoría se olvide de las críticas que realizaba cuando no lo era, muchos de los integrantes de la oposición fueron convertidos en adalides de la democracia por todos aquellos que están utilizando a los medios de comunicación como punta de lanza contra un proyecto político (y, lo que es peor, se dejan usar alegremente por las corporaciones mediático-empresarias). Pero lo cierto es que ya no se habla de “tropa” para referirse a un grupo de legisladores que actúa monolíticamente, ya no se habla de “imposición” para referirse a decisiones adoptadas por una mayoría, ya no se habla de “órdenes” para referirse a votaciones realizadas por legisladores en sintonía con los deseos de los dirigentes de esos diputados o senadores. Los ofendidos de ayer, son quienes callan cómplices hoy.


El martes pasado, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados emitió un dictamen sobre uno de los temas sensibles de los últimos años como es el de la normalización del INDEC. Es posible que su importancia sea tanta como la que tuvo en su oportunidad la regulación de los medios audiovisuales. Sin embargo, las conductas y posicionamientos son diametralmente opuestos: si antes se exigió histérica (¿e histriónicamente?) un debate amplio, hoy el silencio ante su falta es abrumador; si antes se exigió la participación de todos los involucrados, hoy no asustan los gallos y medianoches. A cinco días del suceso, poco y nada se dice de la forma en que el grupo A pretende normalizar a un organismo importante del Estado.

Tropiezo con una frase que, aunque obvia, no deja de llamar mi atención, más que nada por su antigüedad: “la opinión de los gobernados es la base real de todo gobierno” (Albert Dicey, Lectures on the Relation between Law an Public Opinion in England during the Nineteenth Century, Londres, 1905, citado por G. Sartori, Teoría de la Democracia. El debate contemporáneo, Madrid, 2000, p. 117). Si la opinión está deformada, si los datos son parciales, si no se pone a su disposición todos los hechos, mala base puede ser.