Ni por correo electrónico, ni por diskette: por carreta

En Página/12 brilla por su ausencia. En El Cronista... también. ¿A ver en Críticadigital? Uhmmmm... no. ¿Y en La Nación? Tampoco. ¿Clarín? Menos. Ninguno de estos medios incluye en su página el proyecto de ley de medios audiovisuales, aunque sí frondosas diatribas, algunos de ellos, por lo menos. ¿Y la información plural? ¿Será que no les llegó?
El proyecto, que ingresó ayer a las 18:20 horas a la Cámara de Diputados, se puede consultar vía parlamentario.com o en ambitoweb.com.

La repregunta ausente

Soy lento, lo admito, porque recién ahora lo estoy entendiendo: los 166 votos de los que hablaba Gribaudo corresponden a 129 de la Cámara de Diputados más 37 del Senado.
La sospecha de esto la tuve con la nota de Página/12, cuando dice que le va solicitar a los miembros de la Comisión Bicameral Permanente que recomienden el rechazo al veto parcial de la ley 26.511. Admitamos que el aspecto comunicacional es pobre.
La base de ese rechazo me resulta dudosa.
La reforma constitucional de 1994 utiliza la misma técnica para los vetos parciales que para los decretos de necesidad y urgencia, y para la delegación legislativa: los prohíbe, pero inmediatamente indica la excepción a la regla: “Los proyectos desechados parcialmente [por el Poder Ejecutivo] no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.” (artículo 80, C.N.).
Es decir que el control que el Congreso debe realizar sobre los vetos parciales es algo acotado: verificar si la parte promulgada tiene autonomía normativa y que no se haya alterado el espíritu ni la unidad del proyecto. Para el análisis de los argumentos, los motivos, que el Poder Ejecutivo haya utilizado para el veto, el procedimiento es el tradicional, es decir la insistencia que haga cada una de las cámaras, con los dos tercios de los presentes.
Tal vez podría decirse que un camino es interpretar que el Congreso puede hacerlo vía el procedimiento de los DNU para fortalecerlo, que ya es bastante malo que el Poder Ejecutivo pueda dejar sin efecto una de las decisiones del Poder Legislativo con su sola firma. Pero, bueno, una cosa es tener una postura contraria a la existencia del veto en sí misma, y otra es utilizar interpretaciones que cambien bastante un sistema que hasta el momento no se modificó.
Volviendo al aspecto comunicacional de la cuestión, sería interesante saber cómo lo expresó Gribaudo en la conferencia de prensa porque evidentemente los periodistas entendieron cualquier cosa. Y no parece que haya habido repreguntas, o tan siquiera preguntas. Además, podría acotarse que él mismo se puso en el peor escenario (que sin dudas es mejor que el de los dos tercios) porque para que las cámaras rechacen un veto parcial, no hace falta la mayoría absoluta sobre el total de miembros, sino que alcanza sólo sobre los presentes (en el mejor de los casos, 65 en la Cámara de Diputados, y 19 en la de Senadores, es decir 84 votos totales). De nada.

Matemática parlamentaria

Como es bien sabido, el principio general para que las cámaras del Congreso adopten alguna decisión es que se cuente con el voto positivo de la mayoría absoluta de los presentes. Hay varias y variadas excepciones: desde proyectos de ley para los que la Constitución establece mayores exigencias numéricas hasta decisiones de procedimiento interno. A todas se las denomina “mayoría agravada” o, también, “mayoría especial”. Por ejemplo, un proyecto de ley sobre cuestiones electorales precisa la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara; la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución, los dos tercios de los miembros de cada Cámara; la remoción de un diputado o senador, los dos tercios de los presentes de la Cámara respectiva, etc.
Como para ir un poco al grano, la insistencia que las cámaras hagan respecto de un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Poder Ejecutivo requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. Es decir que para saber si una insistencia es votada positivamente el primer dato que se precisa es cuántos legisladores están sentados en sus bancas al momento de tal votación. Lo que significa que no es posible prever cuántos votos a favor son necesarios, sólo especular. Podría ser suficiente que sólo 86 diputados se pusieran de acuerdo si la Cámara estuviera en ese momento con quórum estricto (129 legisladores presentes), o ser necesarios 172, si todos los diputados participan de la votación.
¿En qué se basa el Diputado Gribaudo para asegurar que son necesarios 166 legisladores para que la Cámara se oponga al veto del artículo 4º de la ley 26.511, de emergencia agropecuaria para la provincia de Buenos Aires? Vaya uno a saber. Pero se ve que hizo el deleite de Infobae y La Nación, medios que en sendas notas casi idénticas se limitan a reproducir sus dichos sin el más mínimo atisbo de lectura crítica.

La suar-sofo-tinellización de la crónica parlamentaria

Los grandes maestros de la telebasura suelen autojustificarse argumentando que lo que ellos hacen es lo que quiere la gente.
El titular del Gran Diario Argentino sobre lo votado ayer en la Cámara de Diputados ("El oficialismo logró aprobar anoche prorrogar las retenciones por un año") parece responder a esa lógica: la prórroga de las delegaciones legislativas preexistentes a 1994 tenían que ver sólo con el monotema de las retenciones, y la decisión se toma sólo para enojar y perjudicar al “campo”.
El juego lo había abierto Carlos Pagni en La Nación hace unos meses atrás ("Retenciones, en un vacío jurídico") cuando la matemática parlamentaria parecía sonreír al no oficialismo: si los votos no alcanzaban para aprobar un proyecto como el de ayer, el Poder Ejecutivo no podría seguir fijando los derechos de exportación, y lo tendría que hacer el Congreso, no sólo para la soja, el trigo y el maíz, vale aclarar, sino para todos los productos de todos los rubros que pasen por las fronteras, de salida o de entrada. En las leyes de aduana del siglo XIX esta tarea podía resumirse en un listado que bien podía caber en una hoja del tamaño del de la Tribuna de Doctrina. (Una reproducción facsimilar de una de estas enumeraciones se puede consultar en un libro que es una joyita: Estado e industria (1810-1862), de José María Mariluz Urquijo, Macchi, 1969). Hoy… las posiciones arancelarias se pueden contar por miles…
¿El Congreso no puede hacerlo? Tal vez sí, tal vez no. Ciertamente, no de un día para el otro.
Pero la discusión de ayer no se trataba sólo de las retenciones. En todo caso hablar sólo de eso es para la tribuna, como hicieron muchos diputados. Problema de ellos, y de quienes se regocijaron de escuchar lo que querían oír.
Aunque la afirmación de que las normas delegantes son 1901 carece de todo sustento, hay una buena cantidad, y de todo tipo, pelaje y color. Los más tremendistas llegan a señalar que de no prorrogarse (prórroga que debió hacerse cada vez por falta de estudio del tema por parte de los legisladores) se caerían hasta el Código Civil y el de Comercio, o, por lo menos, algunos de sus artículos. No me consta. Pero el asunto es complejo.
Por tal motivo es que el medio periodístico debería ir un poco más allá, se supone, y hasta, tal vez, cuestionar a quienes sólo dicen lo que otros quieren escuchar. La actitud de Clarín está en perfecta sintonía con el lenguaje tribunero, bien propio de este tiempo de ¿fútbol libre?

Táctica y estrategia

Argucia, ardid, sofisma, maña, componenda, socaliña, martingala, artería, celada, artificio, maquinación, estratagema, triquiñuela, picardía, retorcimiento. Aunque las cuestiones de imagen son más propias de la Princesa que mira, Clarín de hoy resulta una muestra interesante de los manejos, de los chanchullos, de los tejemanejes, de los trapicheos que se pueden hacer a través de la adjetivación.
La cuestión de la prórroga de las facultades delegadas, con su special feature sobre las retenciones, está dando pie a una buena cantidad de idas y venidas ante la casi certeza de que no se va a poder seguir el mismo camino que se tomó en los últimos años como para darles continuidad en bloque.
El título de la nota ya comienza hablando de una “jugada” la estrategia oficial de darle un tratamiento distinto a la facultad delegada de fijar los derechos de exportación. Está bien, la propuesta no habrá sido de lo más generosa, como suelen ser las primeras ofertas en cualquier negociación.
La primera frase califica el recurso como “pirueta”, una vuelta en el aire, una cabriola, una contorsión, un giro. Retorcimiento de la realidad.
La representación gráfica de Sábat refuerza el mensaje descalificador de la nota.
Vaya uno a saber. Tal vez el mensaje de las urnas haya sido “retenciones 0”. Pero, ¿es necesario una visión tan estrecha de una típica negociación política?

¡Y no digan que no les avisé!

Hasta donde pude ver, sólo tres medios se ocupan de la reunión que la Comisión de Agricultura y Ganadería celebró ayer: La Nación (tiene un título con "punch", pero su volanta es hermosa), el parlamentario.com e Infobae.

El de La Nación, como no podía ser de otra manera, es el que más refleja la indignación de los productores autoconvocados engañados en su buena fe (debe ser que no leen este blog) al “descubrir” que el tema de las retenciones no estaba en la agenda. No voy a insistir en llamarlos “lobbystas” porque si algo debe caracterizar a esta actividad es el conocimiento de las normas, técnicas y costumbres parlamentarias. Evidentemente, a ninguno se le ocurrió aunque más no sea darle a leer a un amigo abogado el Reglamento de la Cámara. Como ya dije, hubieran sorprendido al artículo 109 escondido entre todos los demás, y la posibilidad de que tres (sí, sólo tres) diputados requieran la incorporación de un asunto en el temario de la Comisión.

Ni falta hace decir que el cronista no preguntó sobre los motivos que pudieron haber tenido los diputados para no recurrir a este mecanismo. Sólo se limitó a “reflejar” algunos de los enojos de ayer, tal como quedó advertido en esta entrada anterior.

La nota es algo contradictoria: un párrafo afirma que el temario fue acordado por “por los presidentes de los principales bloques legislativos”, sin decir cuáles, con lo que se podría deducir que renunciaron a considerar todo otro asunto, pero en el inmediato anterior se afirma que “los legisladores de la oposición intentaron sin éxito debatir la baja de las retenciones a los granos, el manejo de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y otros temas reclamados por los productores”. Tal vez se podría pensar que los intentos fueron antes de la convocatoria, pero entonces habría que aceptar que hubo un acuerdo de dejar esos temas al margen. Y si fueron los “principales bloques legislativos” se debe suponer que lo hicieron aun aquellos que coquetean con la Mesa de Enlace. Pero, bueno, son demasiadas elucubraciones sobre una nota que no se dedicó a profundizar demasiado.

Más adelante, se hace mención a los dichos del Vicepresidente de la Comisión sobre la falta de acuedo, con lo que todo se desdibuja todavía más. Mis comentaristas siempre me dicen que no les pida a los periodistas que lean, pero solicitar un poco de coherencia interna al cronista, ¿también es mucho?

Resulta extraña la insistencia sobre la cuestión de la prórroga de las delegaciones legislativas en este artículo, y la relación que se hace con su no inclusión en el temario. También las gestiones que el autor le adjudica al ahora constitucionalista De Angelis, y su pedido de que “no voten contra el pueblo”. Evidentemente, no tuvo oportunidad de pedirle precisiones…

Actualización: si en TN se hace una búsqueda por "agricultura", aparece la crónica de ayer y al propio De Angelis reconociendo que el tema de las retenciones es "para otro momento".

Dos periodistas, los mismos ¿errores?

Si un periodista puede dar informaciones erróneas, hacer deducciones equivocadas y transmitir imágenes distorsionadas, vamos a suponer que de buena fe, dos de ellos parecen potenciarse terriblemente.

Es el caso de los “especialistas” en temas parlamentarios de La Nación Laura Serra y Gustavo Ybarra, quienes firman en dulce montón una nota sobre la reanudación de la actividad en el Congreso de la Nación. Como no podía ser de otra manera, se hace mención al vencimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo realizada antes de 1994. Repito y subrayo: antes de 1994.

Como para darle una rápida explicación al tema, el próximo 24 de agosto vence la última de las prórrogas de las delegaciones. Antes de la reforma constitucional de 1994, se había establecido la práctica, desarrollada a lo largo de varias décadas, de que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo algunas (o muchas) de sus facultades. Guste o no esta costumbre, está muy lejos de ser un fenómeno argentino exclusivamente. A varias de estas delegaciones, por ejemplo, se las sustenta en el hecho de que los técnicos del Poder Ejecutivo tienen, o pueden tener, un conocimiento más específico y mejor acceso a la información para la toma de decisiones que los legisladores.

Es obvio que las autorizaciones del Congreso argentino van más allá (o mucho más allá) de este supuesto inocente, por llamarlo de alguna manera. Es una imagen habitual “la maraña” para describir el cúmulo de delegaciones de facultades en el Poder Ejecutivo, como se hace en la nota reseñada.

En 1994, la Convención Constituyente, con el alegado propósito de terminar con tal práctica, incorporó a la Constitución Nacional el artículo 76, el que comienza diciendo “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,…”. Si bien parece una barrera muy clara, a continuación prevé dos casos en que se la autoriza. Es decir, está prohibida, pero autorizada. Pero estas delegaciones no entran en la puja que se estaría por abrir próximamente en el Congreso, sino las que se hicieron en forma previa a 1994. Repito y subrayo: en forma previa a 1994. Estas decisiones iban a caducar a los cinco años de aprobada la reforma, salvo las que el Congreso prorrogara. En 1999, aduciendo la imposibilidad de un análisis exhaustivo, se prorrogaron todas las delegaciones, repitiéndose tal proceder en 2002, 2004 y 2006. De esta situación proviene esta aparente espada de Damocles que se cierne sobre las retenciones, así como en una enormidad de temas más.

Pero la información errónea, la deducción equivocada y la imagen distorsionada es la “perlita” que los periodistas afirman que la oposición encontró presumiblemente entre la “maraña” de delegaciones sujeta a decisión el próximo 24 de agosto. Para decirlo en sus palabras: “No sólo eso: en la maraña de legislaciones delegadas algunos diputados opositores descubrieron una perlita: el decreto 1067/2005, por la cual el Gobierno creó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) otorgándole amplias competencias, funciones y potestades punitivas”.

En la maraña de elucubraciones del artículo, este parrafito podría pasar desapercibido, pero mis lectores ya deben estar advertidos de que las notas sobre el Congreso deben leerse con cierto cuidado.

¿Cómo podría incluirse la ratificación de una delegación de 2005, si de lo que estamos hablando es de la legislación delegada previa a 1994?

Además, se habla de “descubrimiento” muy a la ligera. Los periodistas seguramente omitieron hacer una mínima verificación en la propia base de datos de la Cámara de Diputados: el dictado decreto 1067/2005 fue comunicado a la Cámara de Diputados el 1º de septiembre de 2005.

Es verdad, suena lindo y tiene impacto que no sólo las retenciones puedan quedar bajo la lupa por un medio distinto a su tratamiento específico. Suena más lindo y tiene más impacto que un instrumento demonizado en el conflicto interminable con el lobbysmo agropecuario como es el de ONCCA pueda entrar también en este paquete.

Pero, muchachos, como siempre digo, hay tanto para criticar con un mínimo sustento, y ustedes insisten en quedarse con lo primero que le dicen… Es difícil creer que hacen las cosas de buena fe.

Aclaración para juristas: La creación de la ONCCA podría ser interpretada, repito y subrayo, interpretada como producto de alguna delegación previa a 1994. Pero esto puede dar pie a largas discusiones, con argumentos a favor y en contra. Una noticia periodística es un medio inadecuado para reflejarlas, no así el estudio por parte del periodista de las mismas, aunque más no sea para verificar que la información es adecuada. O para reflejar, en el marco de su autoproclamada neutralidad, las distintas posturas sobre un tema. Nada de esto se hizo, y este es siempre el disparador de las entradas de este blog.