Ultras, híper, megas: los superlativos ya no alcanzan

Todos los años las cámaras del Congreso eligen a su mesa directiva: Presidente y vices (Presidente Provisional, en el caso del Senado). Hablar de “mesa directiva” es un poco exagerado porque la única atribución de los vicepresidentes es reemplazar al Presidente en caso de ausencia. En la Cámara de Diputados, junto a los presidentes de los bloques y el Presidente del Cuerpo, integran también la Comisión de Labor Parlamentaria, que es la encargada de formular el temario de cada sesión.
En definitiva, los vicepresidentes de las cámaras tendrán las tareas que su propio peso político le permitan, porque formalmente son bastante pocas.
La edad de la inocencia terminó hace tiempo. La edad de creer en un sistema de separación de poderes absoluto, sin ningún tipo de influencia entre unos y otros tal vez ni siquiera haya empezado.
A nadie puede sorprender que los bloques oficialistas de las cámaras estén en consulta permanente con el Poder Ejecutivo. Del mismo modo que los bloques no oficialistas construyen sus decisiones junto con las autoridades de cada partido, en caso de pertenecer a uno más o menos estructurado. “Consulta” no es lo mismo que sumisión, obvio es decirlo. Y los señalados no son los únicos ámbitos a los que los legisladores recurren para adoptar sus posturas: gobernadores, grupos de interés, ONGs, sindicatos, cámaras empresarias, etc., etc., etc. Esto es justamente lo que hace un mecanismo de deliberaciones.
La Nación de hoy va un poco más allá. Directamente afirma que es el Poder Ejecutivo el que arma la mesa directiva del Senado (¿por qué no la de Diputados?). Si es verdad que los cargos de vicepresidente tienen una relevancia relativa, ¿ameritan una reunión del Presidente del bloque oficialista con la Presidenta de la Nación para definirlos? Es posible que tengan algunos temas algo más importantes para tratar…
El artículo arma una comedia de enredos: una senadora por Santa Cruz que iba a ocupar un cargo (¿por decisión de quién?), quien es aparentemente resistida por el bloque; un senador con un acto de rebeldía, pero maquiavélico al “permitir” a una colega de provincia y bancada votar en sentido contrario, lo que le permite acceder al “premio” de una vicepresidencia dejada vacante por un rebelde-rebelde. En fin, parecen datos aislados que se los junta y se los arma para cerrar en una historia propia de cortesanos, lo que, casualmente, es coincidente con la línea editorial del diario. Así estamos.

Receso, paredón, ¿y después?

Todo parece indicar que el Congreso va a tener que esperar al 1º de marzo para reanudar sus actividades.
Recordemos que el año parlamentario tiene un período de sesiones ordinarias que, desde 1994, arranca en esa fecha y se extiende hasta el 30 de noviembre. Para los otros tres meses el menú de opciones puede ser la prórroga de sesiones ordinarias por el lapso que se considere y/o la convocatoria a sesiones extraordinarias. La diferencia entre una y otra opción es la posibilidad que tendría el Poder Ejecutivo de controlar la agenda del Poder Legislativo exclusivamente en lo que se refiere a los proyectos de ley.
El período 2008/2009 parece ser, a primera vista, inusual: hubo prórroga en diciembre, y enero y febrero son oficialmente de receso parlamentario. De acuerdo a una investigación de Guillermo Molinelli publicada en 1986 en la Revista de Derecho Parlamentario, en el siglo XIX lo usual era justamente esto: se prorrogaban las sesiones por varios meses, y no había extraordinarias. Se debe hacer notar que antes de la reforma de 1994, el período ordinario corría entre el 1º de mayo y el 30 de septiembre, por lo que el Congreso podría tener siete meses completos de inactividad (Molinelli señala que esto se dio en ocho oportunidades). Durante el siglo XX, los presidentes parecieron “descubrir” esa posibilidad de manejar la agenda del Poder Legislativo, por lo que lo común era la convocatoria a extraordinarias sin prórroga de las ordinarias.
Estos veinticinco años de funcionamiento ininterrumpido del Poder Legislativo parecen haber formado la imagen de un Congreso que permanece "abierto", haya sesiones o no en forma efectiva. Aunque no sorprendió a muchos que en enero no haya habido actividad, que transcurra febrero de esta manera es signo del fin de los tiempos.
Es verdad que el período de receso tiene una tendencia marcada a su acortamiento. Hoy por hoy, la visión es exactamente la contraria a la que, por ejemplo, tenía Locke, uno de los padres de la idea de la división de poderes. Para este autor era hasta peligroso que los legisladores estuvieran reunidos en forma permanente. La aprobación de la ley llevaba relativamente poco tiempo, y era necesario observar cómo se desenvolvía en el tiempo. En nuestro caso, el receso parlamentario cada vez se parece más a la/s feria/s judicial/es. Aunque con creciente grado de dificultad, se acepta más que los jueces tomen sus vacaciones masivamente en enero y julio a que lo hagan los legisladores, siendo que unos y otros son igualmente empleados del Estado, en cierto modo. (Sí, sí, tienen funciones bien distintas…) Pero a los parlamentarios se les agrega una exigencia más: la necesidad de que ocupen en algo útil el lapso de inactividad. Ramón Columba, en El Congreso que yo he visto, recuerda con admiración el viaje que Alfredo Palacios realizó junto con otros senadores al Norte Argentino “en su afán de conocer la situación afligente de la población infantil” durante “las vacaciones parlamentarias de 1936” (pág. 150). En otras latitudes, sucede algo parecido. Fijarse en esto y en esto.
Podría ser interesante retomar la idea del “período de observación” de Locke. La exigencia de la actividad constante, del “hacer, hacer, hacer”, no deja lugar para la reflexión. Sí, ya sé, la imagen es justamente la contraria a “hacer, hacer, hacer”. Aunque a veces parece ajustada a la realidad, las más de las veces está maliciosamente exagerada. Y como a todo se lo considera urgente desde hace años, no hay forma de justificar la pausa.
Con un Congreso ausente de los medios, algunos recurren a generar hechos políticos para la tribuna (La Nación de hoy). Los otros difícilmente estén reflexionando. Mientras tanto, se estarán preparando terribles artículos para ser publicados en los diarios sobre este ¿inusual? mes de febrero. Vaya este pequeño aporte como referencia para la lectura de esas “noticias”

A trabajar en el receso

Desde que empezó el 2009, el Congreso estuvo casi ausente de los medios. Obvio: estamos en receso parlamentario, al que se sumó un receso administrativo que, en parte, se terminó el miércoles.
Sin embargo, el “ausentismo” del Congreso no fue total. Hace unas semanas, se publicó en Perfil una nota sobre lo vacío que está el Congreso en enero (¡gracias Javier!). Desde hace unos años en este mes se le hace tomar sus vacaciones a todo el personal de todas las áreas y sectores. Podría decirse que es una medida para ahorrar recursos (menos luz, menos teléfono, menos infusiones, etc.). Se le dio “marco institucional” a la marcada inactividad que solían exhibir tanto la Cámara de Diputados como el Senado durante el primer mes del año.
La nota en sí misma dice muy poco, pero como bien me señala Javier está acompañada por una buena cantidad de comentarios fascistas de los lectores. Pueden ser resumidos con el cierre del Congreso. Hasta pareciera que el artículo es casi una invitación para este tipo de expresiones. Pero, por otro lado, los parlamentarios hacen muy poco para evitarlos.
Tomemos como ejemplo el requerimiento de la oposición para que la Presidenta convoque a sesiones extraordinarias con el objeto de considerar asuntos relacionados con la crisis internacional y la sequía.
Desde siempre se discute en ámbitos académicos si el Congreso puede o no autoconvocarse. Como aquí no es el lugar para esta polémica, vamos a dar por sentado que las cosas se dan como son en la práctica, es decir que las cámaras deben esperar a la decisión del Poder Ejecutivo. Al día de hoy, no se sabe si la va a tomar, ni hay legisladores oficialistas que las requieran públicamente.
¿Lo único que queda por hacer son conferencias de prensa?
Como ya repetimos varias veces, lo usual es que diputados y senadores no oficialistas esperen y/o presionen mediáticamente para que se tome alguna determinación. Pero, como ya repetimos varias veces, estos no son tiempos usuales. Los reglamentos de ambas cámaras (art. 95 del Senado, y art. 106 de Diputados) autorizan a las comisiones a reunirse y discutir, sin dictaminar, durante el receso. Los cronistas parlamentarios deberían saberlo.
¿Cuándo van a preguntar sobre los medios alternativos que los reglamentos les brindan a los legisladores para ponerse a trabajar?

Legisladores verdes no ambientalistas

En La Nación de hoy se publica una nota de Eduardo Duhalde en la que saluda alborozado la posibilidad de que la dirigencia rural participe en las próximas elecciones legislativas de todos los niveles (nacional, provincial y municipal). Me parece que se podría compartir su alegría. Y hasta se podría compartir sus razones, si se pudiera tomar como cierto que su fundamento es que “el campo necesita innovar en el terreno político. Se impone así superar la lucha efervescente de la primera etapa del conflicto por una nueva etapa de trabajo arduo y en paz, ya no a la vera de las rutas sino en las bancas del Congreso”. Pero tengo mis dudas de que el ex Presidente opine de esta manera sólo con ánimo de institucionalidad. No vayamos más allá en esto.
Duhalde habla de “un fuerte bloque legislativo, compuesto por decenas de integrantes” que se encargue de la defensa de un amplio abanico de asuntos (economías regionales, federalismo), a lo que se podría agregar, por supuesto, la formulación de políticas para el sector. Pero esta vez a la vista de todo el mundo, y no entre cuatro paredes como en las frustradas reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo. Aquí está la “pequeña diferencia” de participar o no en la lucha por las bancas. Los congresos son “casas de vidrio” en lo que todo está a la vista, o, por lo menos, es poco lo que se puede esconder. La formulación de políticas legislativas requiere de documentos escritos y públicos en los que van a quedar asentados para la posteridad los intereses involucrados, así como los que se resignen en pos de conseguir su aprobación. Y, obvio, esta formulación requiere de una posición activa en esto de generar planes para “el campo”, y no sólo de reclamar que el Gobierno se haga cargo de sus problemas.
Pero hay otra pequeña cuestión: los dirigentes rurales que resulten electos van a tener que participar y decidir en infinidad de asuntos, y no sólo de las cuestiones agropecuarias. Tienen que ir sabiendo que no todos van a poder integrar las comisiones de agricultura y ganadería de la Cámara de Diputados o del Senado. Y si de verdad van a ser “decenas de integrantes”, aunque diferenciados ideológicamente como también se sugiere en la nota, van a poder reclamar su lugar en todas y cada una de las comisiones (Asuntos Constitucionales, Turismo, Industria, Previsión y Seguridad Social, Juicio Político, por nombrar algunas). Como no toda decisión puede estar “teñida de verde”, ¿qué van a hacer? ¿Se van a abstener? Este es uno de los problemas de plantear representaciones sectoriales. No todo lo que se discute tiene que ver con la fracción de uno, pero el voto es necesario.
La vida del parlamentario está llena de frustraciones, más aún si se es opositor. Esto es otra cosa que tienen que ir sabiendo. Gran parte del tiempo van a pasar discutiendo de mil cosas con, tal vez, poco provecho, preguntándose cuándo se van a ocupar de lo que de verdad les interesa. Esperemos que aprendan a no entrar en la dinámica del no oficialismo actual…

El juego del desprestigio

La Nación de hoy levanta un artículo de Rosendo Fraga, publicado en el sitio de Nueva Mayoría. Luego de analizar cómo votaron los senadores en los proyectos de ley sobre el nuevo régimen previsional y el plan anticrisis termina diciendo: “La conclusión es clara: mientras el ciudadano sea indiferente a cómo votan sus legisladores, estos pueden llegar aun a votar contra el interés provincial porque no pagan costo político con ello. Sólo si el voto funciona como un lógico sistema de premios y castigos, de acuerdo a como han votado los legisladores en la visión de los votantes, el Congreso recuperará el rol y el prestigio que debe tener”.
La verdad que bien podría haberse ahorrado el estudio previo para llegar a una síntesis tan obvia. Más aun si se tiene en cuenta que las premisas que utiliza de tan equivocadas son hasta sospechosas.
La tesis principal es que los senadores representan a las provincias. RF no lo dice directamente, pero el articulista que levantó el estudio para el diario lo hace con toda claridad, contundencia e ignorancia. Como corresponde. Como siempre.
Es verdad que es un lugar común pensar a los diputados como representantes del pueblo, y a los senadores como los de las provincias. Pero se supone que RF y La Nación están para algo más y tienen más preparación que para seguir alimentando los lugares comunes.
Cuando uno estudia (apenas) un poco la cuestión de la representación de diputados y senadores surgen pocos elementos que sustenten esta visión más acorde con una confederación, los que estaban presentes aún antes de la reforma de 1994, y la elección directa de los miembros de la Cámara Alta. Por ejemplo, que no hay ninguna norma constitucional que imponga a los senadores de una misma provincia a votar como bloque en el mismo sentido. Los senadores no son sólo embajadores de las provincias. Son legisladores en un sistema bicameral, que tiene su origen en la búsqueda de diversos equilibrios entre distintas necesidades.
En el ajedrez de los intereses provinciales y los intereses federales, tanto a senadores como a diputados les toca mover las piezas. De otro modo, no se entendería (o, tal vez, se debería criticar) a los diputados que se basan en los intereses provinciales para tomar alguna decisión.
La conclusión es clara: para fomentar el desprestigio del Congreso se puede usar cualquier argumento, sin importar si es apropiado o no.

Actualización: como buenos hermanitos, y jugando el mismo juego, Crítica reproduce el artículo, con un título más apropiado de Crónica: "La mayoría de los senadores boicoteó a sus provincias con la ley de AFJP". En fin...

Qué inútiles los escribanos

La Princesa Mirona me primerió, y se puso a comentar un par de artículos de La Nación de hoy que vuelven a repetir, ciegamente, aquello del Congreso como escribanía del Poder Ejecutivo. El Criador ya se ocupó de esta crítica hace rato. Pero además, bastaría con preguntarse, junto con la Princesa, sobre las modificaciones que se le pudieron haber introducido a los proyectos. De ser sustanciales, el argumento se cae como castillo de naipes. Cada quien tendrá su propio criterio para lo que es sustancial o no. En todo caso, habrá que conocer del fondo de cada proyecto para evaluarlo. Pero es una de las primeras verificaciones a realizar, sin duda.
La autora de la nota, publicada en la página 5 del diario (primera dedicada a la política nacional) con gran despliegue, es Laura Serra. Como suele visitar el Congreso se diría que en función periodística, es de suponer que algo se informó sobre asuntos y mecánicas parlamentarias. De haber adquirido algún conocimiento, no puede, no quiere o no la dejan reflejarlo. Es que después de varios años de repetir lo de siempre, no hace ningún esfuerzo por preguntarse lo mínimo (como lo de las modificaciones), o ver de analizar, por ejemplo, qué peso tienen en la estadística la aprobación de los acuerdos internacionales. Pero su artículo tiene tantas contradicciones y análisis insulsos que es mínimo lo que puede esperarse.
Hay algo que es cierto: la información surge de la propia página de la Cámara de Diputados. La periodista podrá decir que no hace más que exponerla (¿para qué la necesitamos a ella, entonces, ¿no?). El problema es que las estadísticas parlamentarias son realmente complicadas por la enorme cantidad de variables a considerar, desde el “peso relativo” de cada iniciativa hasta el “timing político” para su aprobación. En esto podrá ayudar el amigo Tow. La simple comparación de “cuántos de allá y cuántos de acá” dice muy poco. (Ya me veo venir el comentario de Tow: “Si los constitucionalistas lo repiten, ¿por qué no los periodistas?) Si los legisladores ocuparan todo su tiempo en estudiar exclusivamente proyectos del Poder Ejecutivo, negociando incorporaciones o supresiones, convirtiendo a cada uno en “Pactos de la Moncloa”, ¿qué dirían las Lauras Serras, los Morales Solá, los Lanatas? Mejor ni pensarlo…

Una causa para el Juez Gallardo

El Juez Gallardo es magistrado del fuero contencioso-administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo conocido por sus decisiones de puro activismo y por su animus figurandi. Lamentablemente para algunos de los diputados de la oposición, este juez no forma parte del fuero federal, ya que, a no dudarlo, les habría dado inmediata acogida a la aventura judicial que van a encarar, según anuncian. Notablemente, a este cuestionamiento se le da una gran cobertura mediática, poco acorde con las tres páginas de la versión taquigráfica, o los nueve minutos de discusión que ocupó en una sesión de más de catorce horas (aproximadamente, entre las 14:07 y las 14:16 de la reunión).
En este marco, comparto con los lectores una nueva misiva del colaborador espontáneo, quien, pese a su oscuro puesto (en todo sentido) de "Primer Asistente de Verdugo", revela tener cierto conocimiento jurídico. Que quede claro que aquí ni el autor del blog ni (me atrevería decir) el amigo Matildo estamos ni dejamos de estar con el blanqueo. Hay una discusión de procedimiento sobredimensionada y hasta disparatada, la que, convenientemente, es utilizada para desprestigiar a la institución parlamentaria.
Sin más prólogos aquí va la carta:

Estimado colega:

La calma paradisíaca de mi oficio se vio perturbada por las nuevas que el Congreso Federal habría incurrido en una grave irregularidad de labor legislativa.

Configura evidencia prima facie de la gravedad de este proceder que varios diputados le han opuesto ante la Justicia una acción expedita y rápida de amparo.

El escrito presentado sostiene que un fragmento de una ley puesto a consideración de la Cámara baja fue aprobado por mayoría de los presentes cuando la Constitución Nacional manda que dada la naturaleza del asunto, su voto favorable requería la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ese cuerpo deliberativo.

Imaginará Vuecencia la inefable inquietud que me causó que se recurra a un magistrado del Poder Judicial para dilucidar una cuestión atinente al funcionamiento interno del Poder Legislativo. He sabido de togados en su municipio que han querido imponer a los ediles la oportunidad de dictar ordenanzas, la manera de llevar adelante sus reuniones y la forma de designar funcionarios, pero sospecho que a nivel federal esta forma peculiar de activismo no abunda ni es bienvenida. Con todo, es de esperar que solamente la presencia de actos de manifiesta arbitrariedad podrían justificar que las cuestiones atinentes al procedimiento de sanción de las leyes constituyan materia de análisis judicial.

Considerando estos elementos, me propuse evaluar la viabilidad del recurso interpuesto. Para que de buenas a primeras este ejercicio resultara más interesante, di por sentada la legitimación de los accionantes y la competencia del tribunal para pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

Llegado al meollo del asunto, mentiría si no admito que encontré por demás sutil el argumento de los legisladores respecto a la validez de la votación de marras. Siendo que el proyecto en consideración creaba un incentivo para que los sujetos declaren bienes ante el fisco, los peticionantes sostienen que la combinación de un impuesto especial y una generosa condonación involucrarían una asignación específica de recursos coparticipables por tiempo determinado. Razonan que en ausencia de tales disposiciones los deudores estarían obligados a oblar los impuestos ordinarios atrasados y lo que dejarían de pagar al acogerse a tal régimen reviste un fin determinado de estímulo a las actividades lucrativas.

En otros términos, como los impuestos adeudados, de pagarse, formarían parte de la masa coparticipable, las normas que por seis meses prorrogables los eximiría de persecución fiscal reemplazándolos por tributos menos onerosos les da de hecho una afectación específica por ese período determinado, y por lo tanto deberían haber obtenido el voto positivo de la mayoría absoluta de la totalidad de la legislatura, como manda el artículo 75 inciso 3 de la norma fundamental.

Confieso que el raciocinio empleado fue tan seductor que con presteza generó en mí el temor a un lapso favorecedor de la intervención jurisdiccional. Me pregunté entonces si acaso no podría aplicarse igual razonamiento a cualquier excepción a contribuciones directas, que según la Constitución Nacional también son por tiempo determinado.

Si abstenerse de exigir pagos al erario público implica afectar a un propósito -implícito o explícito- los recursos que de otra manera hubieran ingresado a sus arcas, entonces exceptuar algo del pago de un impuesto directo sería en efecto detraer recursos de la masa coparticipable y darles asignación específica, digamos, apoyar determinadas actividades consideradas particularmente provechosas para la comunidad. Es decir, contribuciones directas por tiempo determinado que por regla general deberían ingresar a la masa coparticipable son asignadas por la vía de la exceptuación al fomento de ciertas explotaciones definidas de manera precisa, que de este modo son beneficiadas en procura de algún interés superior.

En esta conexión, las exenciones al impuesto a las ganancias o al impuesto a los bienes personales -que son contribuciones directas por tiempo determinado- serían asignaciones específicas a favor de los sujetos beneficiados por dichas excepciones para estimular un cometido al que se juzga de interés general, de manera que establecer o modificar las mismas requeriría la misma mayoría agravada argüida por los firmantes del recurso.

(N de la R.: el argumento de las exenciones podría ser utilizado no sólo para los impuestos directos, sino también para los indirectos, los que, además, no tienen el carácter de "temporarios", con lo que la "resta" de recursos para la coparticipación federal sería permanente. De ser aceptable, ¿qué ocurriría si el Estado Nacional decidiera suprimir lisa y llanamente un impuesto?)

Sin embargo, no hay evidencia que semejante regla haya sido aplicada consistentemente por la Cámara baja. Por el contrario, numerosas modificaciones a esos impuestos han sido aprobadas por simple mayoría.

Cabe mencionar particularmente el tratamiento de un paquete de reformas tributarias allá por diciembre de 1999, en la que se produjo una discusión similar sobre las mayorías necesarias para crear un impuesto a la herencia. Resulta interesante constatar que en aquella oportunidad los justicialistas argumentaban que para aprobar el impuesto era necesaria la mayoría especial mientras los radicales insistían en que bastaba la mayoría simple. Esto tal vez explicaría que ningún representante de esta última bancada adhirió a la presentación judicial que motiva esta comunicación, aunque bien sabe Usía que hacer suposiciones sobre estos asuntos puede resultar con frecuencia temerario.

Respetuosamente suyo,

Matildo Arsenio Tereré
Primer Asistente de Verdugo
Cárcel del Pueblo, Principado de Transvalaquia