Ayer hubo exposiciones durante todo el día en la audiencia pública convocada por las comisiones que tienen a su cargo el análisis del proyecto de ley regulatoria de los servicios de comunicación audiovisuales. ¿Qué se dijo? Para Clarín las nueve horas de disertaciones se resumen en una única frase dicha por el primer orador. Nada más. Su cronista se habrá tenido que ir, tal vez, a cubrir el robo o el choque nuestro de cada día…
En la portada del sitio web de TN ni siquiera hay una síntesis de lo ocurrido ayer. ¿Es que no se dijo nada interesante? ¿No hubo un solo argumento para discutir? ¿Una sola frase atrayente? ¡¿Nada?!
Claro, según el multimedios fue “casi un monólogo del oficialismo”. Con eso alcanzaría para desechar los discursos.
También pareciera que sólo les interesa lo que ocurre en el salón auditorio de la Cámara de Diputados a los legisladores oficialistas: en el texto de la nota se nombran a varios de ellos. Pero resulta que en la imagen que ilustra la nota aparece Pinedo casi en primer plano. La lectura que hace de esta aparente ausencia opositora es que así se le restaría legitimidad al debate. Sin comentarios.
Esto del apuro también les hace decir ridiculeces: si a la representante de ADEPA “le avisaron” el lunes de las audiencias públicas debería despedir a su secretaria/o, o cambiar de fuente de información.
Los canales de noticias, en general, le dedican muy poco espacio a las audiencias, por no decir ninguno. ¿Cómo podremos saber cuando se formule el dictamen de las comisiones si los diputados tuvieron o no en cuenta los argumentos que escucharon?
A ver si se enteran, señores: está ocurriendo algo muy importante en la Cámara de Diputados. No pueden hablar de mordaza si no se ocupan de reflejarlo mínimamente.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
lunes, 7 de septiembre de 2009
"Razonaré con él"
Ya está claro: el procedimiento utilizado para la consideración del proyecto de ley de contenidos audiovisuales es poco apropiado. Si hubo alguna vez en que el oficialismo debió reflexionar, ésta es la ocasión, pese a los enormes intereses en juego. La advertencia de Gargarella es más que elocuente.
Esto no significa que necesariamente el proyecto deba discutirse después del 10 de diciembre. Los exabruptos acerca de la legitimidad del Congreso actual podrían ser fácilmente superados con una discusión racional y abierta.
Es lamentable, sin embargo, que los argumentos utilizados para cuestionar el procedimiento tengan una notoria endeblez. Como viene ocurriendo desde hace un tiempo, se habla para la tribuna. Clarín recurre a “juristas” (así, en plural, pero sólo expone opiniones del constitucionalista Sabsay) y a entidades, quienes parecen desconocer que en el ámbito parlamentario rigen sus propias normas y costumbres. En particular, y para el caso de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, tenemos el artículo 114 bis de su Reglamento. Ahí se podrá encontrar respuesta a muchos de sus cuestionamientos, aunque no así al de la razonabilidad por falta de tiempo en la preparación de las exposiciones. Como siempre, quienes ponen los micrófonos no pierden el tiempo en revisar un poco el material disponible y repreguntar en consecuencia. Mientras les digan lo que quieren escuchar…
Por el lado de La Nación, se reseña la intención de su político estrella, el Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, de enviar el proyecto a cuanta comisión se le pueda ocurrir. Aunque revisable por la propia Cámara, el giro de los asuntos es una atribución que le es propia. Si bien el Reglamento del Senado (artículo 89) dispone que los proyectos deben ser enviados a una sola comisión, prevé la posibilidad de su ampliación de acuerdo a su naturaleza. Obviamente, estamos frente a uno de estos casos. Pero si se exige racionalidad y razonabilidad, sería apropiado ejercerlas.
P.D.: ¿Alguien me puede explicar por qué ni en la portada de Infobae.com ni en su sección “Argentina” no hay una sola mención a este proyecto ni a sus vicisitudes?
Esto no significa que necesariamente el proyecto deba discutirse después del 10 de diciembre. Los exabruptos acerca de la legitimidad del Congreso actual podrían ser fácilmente superados con una discusión racional y abierta.
Es lamentable, sin embargo, que los argumentos utilizados para cuestionar el procedimiento tengan una notoria endeblez. Como viene ocurriendo desde hace un tiempo, se habla para la tribuna. Clarín recurre a “juristas” (así, en plural, pero sólo expone opiniones del constitucionalista Sabsay) y a entidades, quienes parecen desconocer que en el ámbito parlamentario rigen sus propias normas y costumbres. En particular, y para el caso de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, tenemos el artículo 114 bis de su Reglamento. Ahí se podrá encontrar respuesta a muchos de sus cuestionamientos, aunque no así al de la razonabilidad por falta de tiempo en la preparación de las exposiciones. Como siempre, quienes ponen los micrófonos no pierden el tiempo en revisar un poco el material disponible y repreguntar en consecuencia. Mientras les digan lo que quieren escuchar…
Por el lado de La Nación, se reseña la intención de su político estrella, el Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, de enviar el proyecto a cuanta comisión se le pueda ocurrir. Aunque revisable por la propia Cámara, el giro de los asuntos es una atribución que le es propia. Si bien el Reglamento del Senado (artículo 89) dispone que los proyectos deben ser enviados a una sola comisión, prevé la posibilidad de su ampliación de acuerdo a su naturaleza. Obviamente, estamos frente a uno de estos casos. Pero si se exige racionalidad y razonabilidad, sería apropiado ejercerlas.
P.D.: ¿Alguien me puede explicar por qué ni en la portada de Infobae.com ni en su sección “Argentina” no hay una sola mención a este proyecto ni a sus vicisitudes?
miércoles, 2 de septiembre de 2009
A cumplir el Reglamento al pie de la letra
Entre las chicanas que se vienen blandiendo con motivo del tratamiento del proyecto de ley de medios audiovisuales, me parece destacable la que se refiere a las comisiones que debieran intervenir en su análisis.
Según se informó en un primer momento, a las únicas que se les habría girado el proyecto eran la de Comunicaciones y la de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por diputados oficialistas. Luego el giro se amplió a la de Libertad de Expresión, presidida por una diputada de la UCR. De todos modos, y como no puede ser de otra manera dado que estos cuerpos deben reflejar la composición política de la Cámara, en las tres comisiones el oficialismo tiene mayoría.
Esta ampliación parece no resultar suficiente para el no oficialismo, ya que está reclamando la intervención de otras comisiones como la de Asuntos Constitucionales o Cultura, lo cual no es otra cosa que una chicana, al igual que la pretensión del oficialismo de realizar tres (¿y sólo tres?) maratónicas audiencias públicas de ocho horas cada una.
¿Por qué es una chicana? Si hacemos un repaso del Reglamento de la Cámara de Diputados, veríamos que la mayoría de sus comisiones tendría alguna competencia para considerar un proyecto tan amplio como este. ¿Se podría dejar de lado a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dado el obvio impacto que los medios tienen sobre los chicos? ¿Y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia no tendría nada para decir? El proyecto tiene un capítulo especial sobre los Pueblos Originarios, competencia específica de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Tenemos también a la Comisión de Derechos Humanos, la de Educación, la de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales. En fin, casi podría decirse que no se podría marginar a muy pocas de las comisiones de la Cámara.
Es que las competencias de las cuarenta y cinco comisiones están tan superpuestas que cuando un proyecto es de cierta amplitud sucede esto que venimos reseñando. Por este motivo, desde hace un tiempo la práctica es que haya un máximo de tres comisiones para el análisis de los proyectos, lo cual limita la posibilidad de empantanarlo. Además, se debe tener en cuenta que si se juntaran los miembros de las tres comisiones tendríamos alrededor de ochenta diputados, algo menos de la tercera parte de la Cámara, lo cual es contrario a la idea misma de la tarea en comisión, es decir un grupo más o menos reducido de legisladores con un conocimiento más o menos específico sobre los asuntos estudiando sus aspectos técnicos y a la búsqueda de los primeros consensos.
Así como nadie habla del proyecto en sí mismo (¡es muy difícil de leer!), nadie va analizar estas pequeñas zancadillas parlamentarias. Y nadie va a decir que el apuro no es sólo porque a partir de diciembre va a cambiar la relación de fuerzas en el Congreso (¿cambiará tanto?): con cada renovación de las cámaras, se baraja y se da de nuevo, sin importar si la mayoría sigue siendo mayoría o no. Por supuesto, se debe volver a designar a los integrantes de las comisiones, con lo que todos los dictámenes que se hubieran producido y no hayan sido aprobados por la Cámara, se caen. Tal vez forzar la máquina sea una respuesta poco adecuada a esta situación, tanto como tildar de trucho al Congreso, o, más académicamente, de ilegítimo...
Según se informó en un primer momento, a las únicas que se les habría girado el proyecto eran la de Comunicaciones y la de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por diputados oficialistas. Luego el giro se amplió a la de Libertad de Expresión, presidida por una diputada de la UCR. De todos modos, y como no puede ser de otra manera dado que estos cuerpos deben reflejar la composición política de la Cámara, en las tres comisiones el oficialismo tiene mayoría.
Esta ampliación parece no resultar suficiente para el no oficialismo, ya que está reclamando la intervención de otras comisiones como la de Asuntos Constitucionales o Cultura, lo cual no es otra cosa que una chicana, al igual que la pretensión del oficialismo de realizar tres (¿y sólo tres?) maratónicas audiencias públicas de ocho horas cada una.
¿Por qué es una chicana? Si hacemos un repaso del Reglamento de la Cámara de Diputados, veríamos que la mayoría de sus comisiones tendría alguna competencia para considerar un proyecto tan amplio como este. ¿Se podría dejar de lado a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dado el obvio impacto que los medios tienen sobre los chicos? ¿Y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia no tendría nada para decir? El proyecto tiene un capítulo especial sobre los Pueblos Originarios, competencia específica de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Tenemos también a la Comisión de Derechos Humanos, la de Educación, la de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales. En fin, casi podría decirse que no se podría marginar a muy pocas de las comisiones de la Cámara.
Es que las competencias de las cuarenta y cinco comisiones están tan superpuestas que cuando un proyecto es de cierta amplitud sucede esto que venimos reseñando. Por este motivo, desde hace un tiempo la práctica es que haya un máximo de tres comisiones para el análisis de los proyectos, lo cual limita la posibilidad de empantanarlo. Además, se debe tener en cuenta que si se juntaran los miembros de las tres comisiones tendríamos alrededor de ochenta diputados, algo menos de la tercera parte de la Cámara, lo cual es contrario a la idea misma de la tarea en comisión, es decir un grupo más o menos reducido de legisladores con un conocimiento más o menos específico sobre los asuntos estudiando sus aspectos técnicos y a la búsqueda de los primeros consensos.
Así como nadie habla del proyecto en sí mismo (¡es muy difícil de leer!), nadie va analizar estas pequeñas zancadillas parlamentarias. Y nadie va a decir que el apuro no es sólo porque a partir de diciembre va a cambiar la relación de fuerzas en el Congreso (¿cambiará tanto?): con cada renovación de las cámaras, se baraja y se da de nuevo, sin importar si la mayoría sigue siendo mayoría o no. Por supuesto, se debe volver a designar a los integrantes de las comisiones, con lo que todos los dictámenes que se hubieran producido y no hayan sido aprobados por la Cámara, se caen. Tal vez forzar la máquina sea una respuesta poco adecuada a esta situación, tanto como tildar de trucho al Congreso, o, más académicamente, de ilegítimo...
viernes, 28 de agosto de 2009
Ni por correo electrónico, ni por diskette: por carreta
En Página/12 brilla por su ausencia. En El Cronista... también. ¿A ver en Críticadigital? Uhmmmm... no. ¿Y en La Nación? Tampoco. ¿Clarín? Menos. Ninguno de estos medios incluye en su página el proyecto de ley de medios audiovisuales, aunque sí frondosas diatribas, algunos de ellos, por lo menos. ¿Y la información plural? ¿Será que no les llegó?
El proyecto, que ingresó ayer a las 18:20 horas a la Cámara de Diputados, se puede consultar vía parlamentario.com o en ambitoweb.com.
El proyecto, que ingresó ayer a las 18:20 horas a la Cámara de Diputados, se puede consultar vía parlamentario.com o en ambitoweb.com.
jueves, 27 de agosto de 2009
La repregunta ausente
Soy lento, lo admito, porque recién ahora lo estoy entendiendo: los 166 votos de los que hablaba Gribaudo corresponden a 129 de la Cámara de Diputados más 37 del Senado.
La sospecha de esto la tuve con la nota de Página/12, cuando dice que le va solicitar a los miembros de la Comisión Bicameral Permanente que recomienden el rechazo al veto parcial de la ley 26.511. Admitamos que el aspecto comunicacional es pobre.
La base de ese rechazo me resulta dudosa.
La reforma constitucional de 1994 utiliza la misma técnica para los vetos parciales que para los decretos de necesidad y urgencia, y para la delegación legislativa: los prohíbe, pero inmediatamente indica la excepción a la regla: “Los proyectos desechados parcialmente [por el Poder Ejecutivo] no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.” (artículo 80, C.N.).
Es decir que el control que el Congreso debe realizar sobre los vetos parciales es algo acotado: verificar si la parte promulgada tiene autonomía normativa y que no se haya alterado el espíritu ni la unidad del proyecto. Para el análisis de los argumentos, los motivos, que el Poder Ejecutivo haya utilizado para el veto, el procedimiento es el tradicional, es decir la insistencia que haga cada una de las cámaras, con los dos tercios de los presentes.
Tal vez podría decirse que un camino es interpretar que el Congreso puede hacerlo vía el procedimiento de los DNU para fortalecerlo, que ya es bastante malo que el Poder Ejecutivo pueda dejar sin efecto una de las decisiones del Poder Legislativo con su sola firma. Pero, bueno, una cosa es tener una postura contraria a la existencia del veto en sí misma, y otra es utilizar interpretaciones que cambien bastante un sistema que hasta el momento no se modificó.
Volviendo al aspecto comunicacional de la cuestión, sería interesante saber cómo lo expresó Gribaudo en la conferencia de prensa porque evidentemente los periodistas entendieron cualquier cosa. Y no parece que haya habido repreguntas, o tan siquiera preguntas. Además, podría acotarse que él mismo se puso en el peor escenario (que sin dudas es mejor que el de los dos tercios) porque para que las cámaras rechacen un veto parcial, no hace falta la mayoría absoluta sobre el total de miembros, sino que alcanza sólo sobre los presentes (en el mejor de los casos, 65 en la Cámara de Diputados, y 19 en la de Senadores, es decir 84 votos totales). De nada.
La sospecha de esto la tuve con la nota de Página/12, cuando dice que le va solicitar a los miembros de la Comisión Bicameral Permanente que recomienden el rechazo al veto parcial de la ley 26.511. Admitamos que el aspecto comunicacional es pobre.
La base de ese rechazo me resulta dudosa.
La reforma constitucional de 1994 utiliza la misma técnica para los vetos parciales que para los decretos de necesidad y urgencia, y para la delegación legislativa: los prohíbe, pero inmediatamente indica la excepción a la regla: “Los proyectos desechados parcialmente [por el Poder Ejecutivo] no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.” (artículo 80, C.N.).
Es decir que el control que el Congreso debe realizar sobre los vetos parciales es algo acotado: verificar si la parte promulgada tiene autonomía normativa y que no se haya alterado el espíritu ni la unidad del proyecto. Para el análisis de los argumentos, los motivos, que el Poder Ejecutivo haya utilizado para el veto, el procedimiento es el tradicional, es decir la insistencia que haga cada una de las cámaras, con los dos tercios de los presentes.
Tal vez podría decirse que un camino es interpretar que el Congreso puede hacerlo vía el procedimiento de los DNU para fortalecerlo, que ya es bastante malo que el Poder Ejecutivo pueda dejar sin efecto una de las decisiones del Poder Legislativo con su sola firma. Pero, bueno, una cosa es tener una postura contraria a la existencia del veto en sí misma, y otra es utilizar interpretaciones que cambien bastante un sistema que hasta el momento no se modificó.
Volviendo al aspecto comunicacional de la cuestión, sería interesante saber cómo lo expresó Gribaudo en la conferencia de prensa porque evidentemente los periodistas entendieron cualquier cosa. Y no parece que haya habido repreguntas, o tan siquiera preguntas. Además, podría acotarse que él mismo se puso en el peor escenario (que sin dudas es mejor que el de los dos tercios) porque para que las cámaras rechacen un veto parcial, no hace falta la mayoría absoluta sobre el total de miembros, sino que alcanza sólo sobre los presentes (en el mejor de los casos, 65 en la Cámara de Diputados, y 19 en la de Senadores, es decir 84 votos totales). De nada.
miércoles, 26 de agosto de 2009
Matemática parlamentaria
Como es bien sabido, el principio general para que las cámaras del Congreso adopten alguna decisión es que se cuente con el voto positivo de la mayoría absoluta de los presentes. Hay varias y variadas excepciones: desde proyectos de ley para los que la Constitución establece mayores exigencias numéricas hasta decisiones de procedimiento interno. A todas se las denomina “mayoría agravada” o, también, “mayoría especial”. Por ejemplo, un proyecto de ley sobre cuestiones electorales precisa la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara; la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución, los dos tercios de los miembros de cada Cámara; la remoción de un diputado o senador, los dos tercios de los presentes de la Cámara respectiva, etc.
Como para ir un poco al grano, la insistencia que las cámaras hagan respecto de un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Poder Ejecutivo requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. Es decir que para saber si una insistencia es votada positivamente el primer dato que se precisa es cuántos legisladores están sentados en sus bancas al momento de tal votación. Lo que significa que no es posible prever cuántos votos a favor son necesarios, sólo especular. Podría ser suficiente que sólo 86 diputados se pusieran de acuerdo si la Cámara estuviera en ese momento con quórum estricto (129 legisladores presentes), o ser necesarios 172, si todos los diputados participan de la votación.
¿En qué se basa el Diputado Gribaudo para asegurar que son necesarios 166 legisladores para que la Cámara se oponga al veto del artículo 4º de la ley 26.511, de emergencia agropecuaria para la provincia de Buenos Aires? Vaya uno a saber. Pero se ve que hizo el deleite de Infobae y La Nación, medios que en sendas notas casi idénticas se limitan a reproducir sus dichos sin el más mínimo atisbo de lectura crítica.
Como para ir un poco al grano, la insistencia que las cámaras hagan respecto de un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Poder Ejecutivo requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. Es decir que para saber si una insistencia es votada positivamente el primer dato que se precisa es cuántos legisladores están sentados en sus bancas al momento de tal votación. Lo que significa que no es posible prever cuántos votos a favor son necesarios, sólo especular. Podría ser suficiente que sólo 86 diputados se pusieran de acuerdo si la Cámara estuviera en ese momento con quórum estricto (129 legisladores presentes), o ser necesarios 172, si todos los diputados participan de la votación.
¿En qué se basa el Diputado Gribaudo para asegurar que son necesarios 166 legisladores para que la Cámara se oponga al veto del artículo 4º de la ley 26.511, de emergencia agropecuaria para la provincia de Buenos Aires? Vaya uno a saber. Pero se ve que hizo el deleite de Infobae y La Nación, medios que en sendas notas casi idénticas se limitan a reproducir sus dichos sin el más mínimo atisbo de lectura crítica.
jueves, 13 de agosto de 2009
La suar-sofo-tinellización de la crónica parlamentaria
Los grandes maestros de la telebasura suelen autojustificarse argumentando que lo que ellos hacen es lo que quiere la gente.
El titular del Gran Diario Argentino sobre lo votado ayer en la Cámara de Diputados ("El oficialismo logró aprobar anoche prorrogar las retenciones por un año") parece responder a esa lógica: la prórroga de las delegaciones legislativas preexistentes a 1994 tenían que ver sólo con el monotema de las retenciones, y la decisión se toma sólo para enojar y perjudicar al “campo”.
El juego lo había abierto Carlos Pagni en La Nación hace unos meses atrás ("Retenciones, en un vacío jurídico") cuando la matemática parlamentaria parecía sonreír al no oficialismo: si los votos no alcanzaban para aprobar un proyecto como el de ayer, el Poder Ejecutivo no podría seguir fijando los derechos de exportación, y lo tendría que hacer el Congreso, no sólo para la soja, el trigo y el maíz, vale aclarar, sino para todos los productos de todos los rubros que pasen por las fronteras, de salida o de entrada. En las leyes de aduana del siglo XIX esta tarea podía resumirse en un listado que bien podía caber en una hoja del tamaño del de la Tribuna de Doctrina. (Una reproducción facsimilar de una de estas enumeraciones se puede consultar en un libro que es una joyita: Estado e industria (1810-1862), de José María Mariluz Urquijo, Macchi, 1969). Hoy… las posiciones arancelarias se pueden contar por miles…
¿El Congreso no puede hacerlo? Tal vez sí, tal vez no. Ciertamente, no de un día para el otro.
Pero la discusión de ayer no se trataba sólo de las retenciones. En todo caso hablar sólo de eso es para la tribuna, como hicieron muchos diputados. Problema de ellos, y de quienes se regocijaron de escuchar lo que querían oír.
Aunque la afirmación de que las normas delegantes son 1901 carece de todo sustento, hay una buena cantidad, y de todo tipo, pelaje y color. Los más tremendistas llegan a señalar que de no prorrogarse (prórroga que debió hacerse cada vez por falta de estudio del tema por parte de los legisladores) se caerían hasta el Código Civil y el de Comercio, o, por lo menos, algunos de sus artículos. No me consta. Pero el asunto es complejo.
Por tal motivo es que el medio periodístico debería ir un poco más allá, se supone, y hasta, tal vez, cuestionar a quienes sólo dicen lo que otros quieren escuchar. La actitud de Clarín está en perfecta sintonía con el lenguaje tribunero, bien propio de este tiempo de ¿fútbol libre?
El titular del Gran Diario Argentino sobre lo votado ayer en la Cámara de Diputados ("El oficialismo logró aprobar anoche prorrogar las retenciones por un año") parece responder a esa lógica: la prórroga de las delegaciones legislativas preexistentes a 1994 tenían que ver sólo con el monotema de las retenciones, y la decisión se toma sólo para enojar y perjudicar al “campo”.
El juego lo había abierto Carlos Pagni en La Nación hace unos meses atrás ("Retenciones, en un vacío jurídico") cuando la matemática parlamentaria parecía sonreír al no oficialismo: si los votos no alcanzaban para aprobar un proyecto como el de ayer, el Poder Ejecutivo no podría seguir fijando los derechos de exportación, y lo tendría que hacer el Congreso, no sólo para la soja, el trigo y el maíz, vale aclarar, sino para todos los productos de todos los rubros que pasen por las fronteras, de salida o de entrada. En las leyes de aduana del siglo XIX esta tarea podía resumirse en un listado que bien podía caber en una hoja del tamaño del de la Tribuna de Doctrina. (Una reproducción facsimilar de una de estas enumeraciones se puede consultar en un libro que es una joyita: Estado e industria (1810-1862), de José María Mariluz Urquijo, Macchi, 1969). Hoy… las posiciones arancelarias se pueden contar por miles…
¿El Congreso no puede hacerlo? Tal vez sí, tal vez no. Ciertamente, no de un día para el otro.
Pero la discusión de ayer no se trataba sólo de las retenciones. En todo caso hablar sólo de eso es para la tribuna, como hicieron muchos diputados. Problema de ellos, y de quienes se regocijaron de escuchar lo que querían oír.
Aunque la afirmación de que las normas delegantes son 1901 carece de todo sustento, hay una buena cantidad, y de todo tipo, pelaje y color. Los más tremendistas llegan a señalar que de no prorrogarse (prórroga que debió hacerse cada vez por falta de estudio del tema por parte de los legisladores) se caerían hasta el Código Civil y el de Comercio, o, por lo menos, algunos de sus artículos. No me consta. Pero el asunto es complejo.
Por tal motivo es que el medio periodístico debería ir un poco más allá, se supone, y hasta, tal vez, cuestionar a quienes sólo dicen lo que otros quieren escuchar. La actitud de Clarín está en perfecta sintonía con el lenguaje tribunero, bien propio de este tiempo de ¿fútbol libre?
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